Chile: La estatua de la discordia

viernes, 16 de mayo de 2014
VALPARAÍSO (apro).- El 11 de septiembre de 2013, cuando se cumplían 40 años del golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende, un puñado de expresos políticos de la Armada concurrió a las afueras del Museo Marítimo Nacional, de Valparaíso, para protestar contra la presencia en ese lugar de una estatua del almirante José Toribio Merino (1915-1996). En un semestre, las protestas por la presencia de la citada estatua --que se han repetido el once de cada mes--, se han convertido en un importante movimiento que ha concitado el respaldo de agrupaciones de derechos humanos, culturales, estudiantiles y políticas de todo el país. En entrevista con Apro, el cineasta porteño (de Valparaíso) y primer impulsor de esta iniciativa, Nelson Cabrera, revela que la idea de acabar con la estatua de Merino surgió a raíz de una iniciativa de tintes similares realizada en la santiaguina comuna de Providencia por la alcaldesa independiente Josefa Errázuriz. Ella, con el respaldo del Concejo Municipal de Providencia y presionada por la novísima agrupación Ciudadanos por la Memoria, cambió –en julio pasado-- el nombre de la avenida Once de Septiembre, la que fue rebautizada como Nueva Providencia. Esta acción --que provocó gran revuelo-- fue un primer gran anticipo de lo que sería el 40 aniversario del golpe militar. Esta conmemoración, a diferencia de todas las anteriores, estuvo marcada por la condena generalizada que realizó la sociedad chilena y sus medios de prensa especialmente la televisión, respecto de los crímenes cometidos en dictadura. Cabrera --que dirigió el film El circo mágico de Valparaíso (2002)-- rechaza que la Armada homenajeé a Merino “como si fueran amos y señores para decidir a quién distinguir no importando el daño que sus condecorados hayan provocado”. Este cineasta –que preside la agrupación Cine Fórum-- señala que el objetivo de sus acciones “es que la sociedad porteña y chilena  comprendan que la estatua de Merino simboliza dolor, asesinatos, delitos de lesa humanidad, genocidio”. A Cabrera le preocupa el equívoco al que puede llevar el hecho que la figura de Merino sea vista por los visitantes del Museo Marítimo, entre los que se cuentan miles de niños al año, “como la de un héroe de la nación”, expresando que la existencia de una estatua de Merino constituye “una afrenta a la humanidad en su conjunto”. Democratización de las fuerzas armadas El 11 de abril se registró la más masiva de las protestas de esta iniciativa desmonumentadora. Llegaron al Paseo 21 de Mayo (donde se ubica el Museo Marítimo) cerca de dos centenares de manifestantes. Allí destacó la presencia de los prestigiados historiadores de izquierda Sergio Grez y Jorge Magasich; del abogado constitucionalista Luis Mariano Rendon, y de un numeroso grupo de marinos constitucionalistas (que se opusieron al golpe militar de 1973). Todos ellos enviaron el 12 de marzo una carta a la presidenta Michelle Bachelet en la que solicitaron que se retire la citada estatua y que instruya la remoción del nombre de Merino de un buque de guerra de la Armada, de una sala del Museo Marítimo Nacional y de un auditorio ubicado en la Academia de Guerra Naval. En la misiva se afirma que exaltar la figura de Merino constituye “una opción política que reivindica la dictadura”. En entrevista con Apro, el presidente de la Agrupación de Marinos Constitucionalistas, Víctor López, sostiene que la tarea desmonumentadora “busca contribuir a que Chile se limpie de todos los vestigios simbólicos que dejó la dictadura militar de Augusto Pinochet”. Agrega López: “nos parece una atrocidad que un hombre que usurpó la comandancia en jefe de la Armada (Merino), que se negó a cumplir las instrucciones del generalísimo de las fuerzas que era el presidente de la República Salvador Allende; que se alió con una potencia extranjera como es Estados Unidos, para derrocar un Gobierno legalmente constituido, sea tratado como un héroe nacional”. En relación con lo anterior, cabe tener presente que el 11 de septiembre de 1973 no sólo fue depuesto el presidente Allende. Ese día Merino ordenó el arresto del su superior jerárquico el almirante Raúl Montero al que suplantó para ponerse al mando de la Armada fuera de toda legalidad. Víctor López informa que el objetivo estratégico que su agrupación persigue al adherir al citado esfuerzo desmonumentador, es conseguir la democratización de las fuerzas armadas chilenas. Dice López que estas son actualmente “clasistas y racistas”. Ejemplifica: “aunque en Chile un importante porcentaje de la población proviene de pueblos originarios, en los altos mandos de las Fuerzas Armadas no hay ninguna representación de estos pueblos, como tampoco la hay de los sectores más desposeídos de la sociedad”. El abogado constitucionalista Rendón aportó –en contacto electrónico con este corresponsal-- otras razones que justificarían el rechazo a la figura de Merino y la necesidad de continuar con la tarea desmonumentadora: “Nos motiva la indignación ante el hecho que las FFAA sigan identificándose con los jefes del genocidio que se desató el 11 de septiembre de 1973. Ello constituye una mofa ante la memoria de todas las víctimas”. Este jurista expresa que “tanto o más indignante que esa actitud de las Fuerzas Armadas, es el que los gobiernos civiles (postdictatoriales) hayan permitido que se levanten estos símbolos de división y odiosidad”. Se refiere al hecho que el barco de guerra “Merino” fue bautizado así en 1997, bajo el gobierno de Eduardo Frei; y la mencionada estatua fue erigida en 2002, siendo ministra de defensa Michelle Bachelet y presidente Ricardo Lagos. A propósito de esto, Rendón se pregunta “¿Qué justifica que a 25 años de que concluyese la dictadura aún sus símbolos emponzoñen espacios públicos o instituciones de todos los chilenos y chilenas?”. Y añade: “Desgraciadamente, en Chile parece haber una cierta pérdida de la capacidad de asombro ante cosas tan graves como esta, pero que equivalen a que en las fuerzas armadas alemanas se rindiese homenaje a los líderes nazis”. Rendón asegura que “este tipo de símbolos contribuyen a alejar profundamente a las instituciones armadas de una parte mayoritaria del país, “la que justificadamente puede seguir considerándolas como gendarmes autónomos ligados a los poderes de la riqueza, más que como fuerzas de defensa nacional, esencialmente obedientes y no deliberantes, como reza incluso la Constitución actual, impuesta por Pinochet”. Al analizar específicamente la figura de Merino, el también militante de Ciudadanos por la Memoria señala que “(Él) es símbolo de todos los crímenes contra los derechos humanos cometidos por la Armada bajo su mando”. Incluye entre estos las torturas perpetradas a más de un centenar de marinos antigolpistas que trataron de advertir al Gobierno de Allende --en agosto de 1973-- acerca de los planes sediciosos de la alta oficialidad de la Marina. En aquel entonces Merino era Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, que tiene sede en Valparaíso. El almirante Merino, junto con el director y dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards (86), son considerados por la historiografía chilena como dos de los mayores artífices de la confabulación que acabó con el gobierno y con la vida del presidente Salvador Allende, el once de septiembre de 1973. Merino y Edwards, junto con un reducido grupo de altos oficiales de la Armada y ricos empresarios, dieron forma --en agosto de 1968-- a la Cofradía Náutica del Pacífico Austral. Este ente, que aparentemente se dedicaba a materias de navegación, fue el reducto original donde se tejió la conspiración que acabó con la democracia y consiguió instalar un sistema ultracapitalista o neoliberal en Chile. Por tanto no es casualidad que la estatua que le honra haya sido financiada por algunos de los empresarios más ricos e influyentes de Chile como Eliodoro Matte, Ricardo Claro y Álvaro Saieh, además de los exministros de Pinochet, Carlos Cáceres y Sergio de Castro. Los nombres de todos ellos aparecen inscritos en una placa que acompaña el monumento.

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