Tortura, práctica global: Amnistía Internacional

viernes, 16 de mayo de 2014
LONDRES (apro).- Miriam López Vargas, de 31 años y madre de cuatro hijos, fue secuestrada de su ciudad natal de Ensenada en 2012 por  soldados vestidos de civil que la llevaron a un cuartel militar. Estuvo recluida allí una semana, durante la cual la violaron tres veces, la asfixiaron y la electrocutaron para obligarla a confesar su implicación en delitos relacionados con las drogas. Han pasado tres años, pero ninguno de sus torturadores ha respondido de sus actos ante la justicia. Claudia Medina Tamariz, de 23 años y oriunda de la ciudad de Veracruz, también fue víctima de la tortura por parte de las autoridades mexicanas. El 7 de agosto de 2012, hacia las tres de la mañana, soldados de la Marina ingresaron a la vivienda de Medina Tamariz, donde la ataron de manos y la encapucharon antes de trasladarla en una camioneta a una base naval de la zona. Claudia fue acusada de formar parte de una banda criminal muy violenta, cargos que la mujer negó categóricamente. De acuerdo con su testimonio, fue sometida a varias sesiones de tortura con descargas eléctricas, la obligaron a inhalar una salsa muy picante, además de golpearla y patearla salvajemente, tras envolverla en plástico para ocultar las marcas. Luego, fue atada a una silla y dejada bajo el sol intenso durante horas. Al día siguiente, fue encapuchada y transferida junto con un grupo de detenidos a la oficina de la Procuraduría General de la República (PGR). Cuando se le quitó la capucha, la mujer se dio cuenta que su esposo y cuñado también habían sido detenidos. Luego de haber sido sometida a un interrogatorio por parte de un fiscal, un soldado de la Marina la presionó para que firmara una declaración falsa sin que ella la pudiera leer. Más tarde ese mismo día, las autoridades presentaron a Claudia y a otros detenidos frente de los medios de prensa, anunciando el arresto de criminales peligrosos atrapados en el acto de cometer delitos serios. El 13 de agosto de ese año y tras ser presentada oficialmente ante el Juzgado Tercero de Distrito en Veracruz, Medina Tamariz retractó la declaración que había sido forzada a firmar frente al Procurador e informó al juez del proceso acerca de los espantosos malos tratos y torturas que había padecido bajo detención. Todos los cargos en su contra fueron retirados, excepto uno, la posesión de un arma ilegal. Claudia fue liberada tras el pago de una fianza a la espera de una investigación judicial. Cuando la mujer testificó en el juzgado en septiembre de 2012 en relación con el único cargo en su contra, nuevamente denunció con lujo de detalles los actos de tortura que había sufrido.  El juez a cargo de la causa ordenó a la oficina de la PGR investigar esas denuncias. Hasta la fecha y a pesar de reiterados pedidos de Medina Tamariz, incluyendo una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), nadie fue juzgado por esos abusos. “En México el gobierno alega que la tortura es la excepción y no la norma, pero en realidad, los abusos a manos de la policía y las fuerzas de seguridad están generalizados y quedan impunes”, afirmó el pasado 13 de mayo Amnistía Internacional (AI) en la presentación en Londres de "Stop Torture" (Detener la Tortura), la última campaña global de la organización para combatir la tortura y otros malos tratos en el mundo moderno. “El uso de la tortura y los malos tratos a manos de las fuerzas de policía y de seguridad sigue siendo un problema generalizado en todo México, donde impera la impunidad. México se ha comprometido en numerosas ocasiones a prevenir y castigar la tortura y los malos tratos, pero las medidas adoptadas no sólo son inadecuadas, sino que en buena parte no se aplican.  La legislación que tipifica la tortura como delito se incumple casi sistemáticamente, al igual que la que debería impedir que se utilicen en los juicios penales testimonios obtenidos mediante tortura. Sin embargo, el gobierno mexicano se complace en afirmar que la tortura y otros mal os tratos ya no son prácticas habituales”, agregó. La ONG británica denunció además que los gobiernos de todo el mundo han traicionado sus compromisos de acabar con la tortura, tres décadas después de la adopción por parte de la ONU en 1984 de la innovadora Convención contra la Tortura. "En todo el mundo hay gobiernos hipócritas ante la tortura: la prohíben en la ley, pero la facilitan en la práctica", afirmó Salil Shetty, secretario general de AI, durante la presentación del informe. "La tortura no sólo está viva y goza de buena salud: florece en muchas partes del mundo. El aumento del número de gobiernos que tratan de justificar la tortura so pretexto de la seguridad nacional erosiona los constantes avances logrados en este terreno en los últimos treinta años", agregó el directivo. Según Shetty, las descargas eléctricas, palizas, violación, humillación, simulacros de ejecución, quemaduras, privación del sueño, tortura por agua, largos periodos en posturas dolorosas y uso de pinzas, drogas y perros “son horrores inimaginables, que se hacen realidad a diario, y en todas las regiones del mundo para innumerables hombres, mujeres, niños y niñas”. “La tortura es una aberración. Es salvaje e inhumana. No puede nunca justificarse. Es una práctica errónea y contraproducente que envenena el Estado de derecho, sustituyéndolo por el terror”, continuó el directivo. Shetty explicó que cuando los gobiernos permiten su uso, “nadie está a salvo”. Los gobiernos del mundo reconocieron estas verdades fundamentales cuando, tras las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, adoptaron en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ella se consagra el derecho fundamental de todas las personas, en todos los lugares: el derecho a no ser víctimas de la crueldad. Este derecho, que forma el núcleo mismo de la humanidad compartida, fue más tarde consagrado, mediante la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos, en un tratado internacional legalmente vinculante: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en 1966. Hace ahora 30 años, la Convención de la ONU contra la Tortura vino a sumarse a este progreso. “Era un tratado innovador: ofrecía un conjunto de medidas concretas para hacer realidad la prohibición global de la tortura, estableciendo una serie de medidas consagradas en la ley y concebidas específicamente para prevenir la tortura, castigar a quienes la perpetran y garantizar la justicia y la reparación a las víctimas”, sostuvo el secretario general de AI en el informe. “Esas medidas no sólo pretenden poner fin a la tortura y otros malos tratos en el ámbito nacional, sino también garantizar que nadie es expulsado más allá de las fronteras a un lugar donde pueda ser torturado, y que no existe refugio seguro para los torturadores”, subrayó. El informe de 52 páginas, titulado “La tortura en 2014: 30 años de promesas incumplidas”, destacó que desde 1984, 155 Estados han ratificado la Convención contra la Tortura de la ONU, de los que AI investiga a 142. Este año, la organización observó que al menos 79 de ellos siguen torturando en 2014, más de la mitad de los Estados Parte de la Convención investigados por AI. Otros 40 Estados miembros de la ONU no han adoptado la Convención, aunque la prohibición legal mundial de la tortura les obliga a hacerlo. En los últimos cinco años, Amnistía Internacional denunció torturas y otras formas de malos tratos en al menos 141 países de todas las regiones del mundo y en algunos de estos países "la tortura es habitual y sistemática". En la sección de las Américas, el informe destacó que cuenta, tanto a nivel regional como nacional, con algunas de las leyes y los mecanismos contra la tortura más sólidos del mundo. Sin embargo, denunció que la tortura y otros malos tratos siguen siendo práctica generalizada, y los responsables rara vez comparecen ante la justicia. En algunos países, una gran parte de la población acepta el uso de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes como respuesta a los altos índices de delincuencia violenta. Con respecto a las condiciones de detención y centros penitenciarios de las Américas, Amnistía dijo haber recibido informes de tortura y otros malos tratos en centros penitenciarios de todo el continente. “En muchos países, las personas detenidas son sometidas a palizas, descargas eléctricas, abusos sexuales y negación del acceso a la atención médica. Las condiciones pésimas de reclusión – incluido el hacinamiento severo – son práctica habitual. En Estados Unidos, en algunos de los centros de segregación o aislamiento de máxima seguridad, muchos miles de reclusos permanecen recluidos en régimen de aislamiento en celdas de reducido tamaño durante 22 o 24 horas al día”, continuó. También reveló que muchos apenas tienen acceso a luz natural o a tiempo de ocio fuera de la celda, lo que constituye trato cruel, inhumano o degradante. Por ejemplo, contó que el 12 de abril de 2014, Luis Manuel Lember Martínez y Eduardo Luis Cruz fueron torturados bajo custodia policial en la República Dominicana. Al parecer, unos policías había intentado obtener de ellos dinero mediante extorsión y, al no conseguirlo, los acusaron de llevar un arma ilegal y los llevaron a la comisaría. Según el relato de ellos dos, los golpearon con un tablón y les envolvieron la cabeza en una bolsa de plástico. Eduardo dijo que le habían golpeado en los testículos y que a Luis Manuel le habían aplicado descargas eléctricas en las piernas. En Brasil, por ejemplo, Amarildo Souza Lima sigue con paradero desconocido desde que fue detenido por agentes de la policía militar en el barrio marginal (favela) de Rocinha, Río de Janeiro, el 14 de julio de 2013. Una investigación realizada por las autoridades concluyó que Amarildo había muerto a consecuencia de la tortura a que fue sometido en el edificio de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) de Rocinha tras haber sido detenido ilegalmente para interrogatorio. Dos agentes de policía, entre ellos el oficial al mando de la UPP, están siendo procesados y se encuentran en prisión. Más de 20 agentes de policía han sido acusados de conducta indebida tras una investigación policial, y en la actualidad están detenidos en espera de juicio, pero el cadáver de Amarildo no ha sido hallado. En México, Amnistía denunció que los informes de tortura “han ido en aumento desde 2006 a medida que se ha intensificado la espiral de violencia en el contexto de la lucha del gobierno contra la delincuencia común organizada”. “Muchas detenciones se practican sin orden judicial, alegando que los sospechosos han sido atrapados ‘con las manos en la masa’, pese a que no tengan conexión directa alguna con un delito o con el escenario de un delito”, explicó. Con demasiada frecuencia, las personas detenidas sin pruebas pertenecen a comunidades pobres y marginadas. “A consecuencia de ello, tienen pocas posibilidades de acceder a asistencia letrada efectiva, lo que acreciente el riesgo de que sufran tortura y otros malos tratos.En lugares como Chile, México o Venezuela es habitual que las fuerzas de seguridad cometan abusos durante las operaciones policiales realizadas en el contexto de manifestaciones”, detalló el documento. Con respecto al tema de impunidad en las Américas, AI sostuvo que pese a que, a lo largo de los años, la mayoría de los países han tipificado la tortura como delito específico y han creado comisiones o defensorías de los derechos humanos para prevenirla, “esos avances no han venido acompañados de investigaciones efectivas sobre las denuncias de abusos cometidos tanto en la actualidad como en el pasado”. “Los responsables de cometer u ordenar actos de tortura rara vez comparecen ante la justicia.Las deficiencias de los sistemas de justicia en América contribuyen notablemente a la continuación de la tortura y otras formas de malos tratos y a la arraigada cultura de impunidad en la región”, consigna el documento. En ese sentido, destacó que pese a que en algunos países ha habido progresos hacia la justicia, miles de casos de tortura cometidos durante los brutales regímenes militares de las décadas de 1960, 1970 y 1980 continúan impunes. Las leyes de amnistía de países como El Salvador o Uruguay “siguen siendo un obstáculo para la investigación de miles de abusos contra los derechos humanos, aunque los gobiernos aún podrían ordenar investigaciones sobre estos casos basándose en las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional”. Y explicó que la ausencia de investigaciones efectivas sobre los abusos y violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, sigue siendo también un rasgo distintivo del conflicto armado interno de Colombia, que dura ya 50 años. En el caso de Estados Unidos, AI denunció que el gobierno de Barack Obama tampoco garantiza la rendición de cuentas por los actos de tortura y las desapariciones forzadas cometidos en el contexto de las operaciones de lucha contra el terrorismo. “No ha comparecido ante la justicia ninguno de los responsables de que en los centros de detención gestionados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en todo el mundo se utilicen técnicas de interrogatorio tales como el simulacro de ahogamiento ( water - boarding), la privación prolongada del sueño o las posturas en tensión. El Comité de Inteligencia del Senado estadounidense ha llevado a cabo una revisión del programa de la CIA, ya clausurado, pero el informe de dicha revisión, de más de 6 mil páginas, permanece clasificado”, continuó. Como parte de la campaña “Detener la Tortura”, Amnistía encargó a la consultora GlobeScan una encuesta para evaluar las actitudes hacia la tortura en el mundo. "Resulta alarmante que, según la encuesta, casi la mitad (44%) de los encuestados -de 21 países de todos los continentes- temen la posibilidad de ser torturados si son detenidos en su país", agregó. La inmensa mayoría (82%) cree que deberían existir unas leyes claras contra la tortura. Sin embargo, más de un tercio (36%) sigue pensando que la tortura puede justificarse en ciertas circunstancias. "Los resultados de esta nueva encuesta global son sorprendentes, pues casi la mitad de las personas encuestadas tienen miedo y se sienten personalmente vulnerables a la tortura", declaró Caroline Holme, directora de GlobeScan. "La inmensa mayoría de la gente cree que deberían existir unas normas claras contra la tortura, aunque más de un tercio sigue pensando que la tortura podría justificarse en ciertas circunstancias. En conjunto, se puede ver un amplio apoyo global de la opinión pública a que se actúe para prevenir la tortura", agregó. En su reporte, Amnistía pidió a los gobiernos que implanten mecanismos de protección para prevenir y castigar la tortura, como exámenes médicos adecuados, el acceso rápido a los abogados, controles independientes de los centros de detención, investigaciones independientes y efectivas de las denuncias de tortura, el enjuiciamiento de los presuntos autores y una reparación adecuada a las víctimas. "Hace treinta años, Amnistía Internacional encabezó la campaña a favor de un compromiso mundial para combatir la tortura a raíz de la Convención contra la Tortura de la ONU. Se han hecho muchos avances desde entonces, pero resulta descorazonador que hoy sigamos necesitando una campaña mundial para garantizar que esas promesas se cumplen", concluyó Shetty.

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