MÉXICO, D.F. (apro).- “Nosotros ya pasamos por todo lo que ustedes enfrentan. A pesar de los contextos tan distintos, buscamos un mecanismo para que en Europa se sepa lo que aquí sucede, no para condenar al pueblo mexicano y sus instituciones sino para proponer medidas que en Italia sí funcionaron en la lucha contra la mafia y la delincuencia organizada”, afirma Stefano Fumarulo, abogado miembro de la red italiana antimafia Libera. En entrevista con Apro, agrega: “No hay que olvidar que en el caso italiano, la mafia no sólo mataba fiscales sino que ponía bombas y practicaba un verdadero terrorismo contra gente inocente”. -¿Qué medidas para combatir el crimen organizado sugiere Libera para México? Fumarulo responde: “Reutilización social de los bienes confiscados, unidades de investigación financieras y constitución de parte civil: coadyuvancia, reparación del daño, acompañamiento en todo sentido a las víctimas y que los proyectos de prevención social se paguen con dinero y bienes confiscados al crimen organizado”. El abogado italiano expresa que, debido al miedo, “muchas víctimas en México no ejercen su derecho a obtener justicia. Si la gente tiene miedo no denuncia. Con la constitución de parte civil las víctimas tienen todo tipo de protección”, afirma. Sobre la confiscación de bienes a la mafia, Carlos Cruz, fundador de la organización Cauce Ciudadano, apunta: “La ley que tenemos en México no está diseñada para un uso social de bienes confiscados; incluso algunas cosas se ponen a remate y los mafiosos pueden volver a comprar sus activos. Los recursos para prevención social en los municipios deben venir del crimen organizado. Cada dólar, cada terreno, cada fábrica decomisados deben ser usados para generar beneficios sociales y reconstruir el tejido social que rompieron los mismos criminales”, sentencia. “Vacilada” Stefano Fumarolo, referente de Libera para México, responsable de la Oficina de Prevención de la Delincuencia Organizada en Bari y asesor de la Comisión Nacional Antimafia en Italia, señala: “Libera presentó a varios diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) la propuesta sobre la reutilización de bienes confiscados y sobre la constitución de práctica civil en abril del 2013. Tengo la impresión de que no han sido discutidas”. Claudia Cruz, de la Red Retoño, estuvo presente en el encuentro de Libera con diputados del PRD. Entrevistada por separado, la activista aclara que las propuestas se hicieron verbalmente y que no hubo ningún documento de por medio. La ley del uso social de bienes confiscados a la delincuencia debe ser parte de la reparación del daño no sólo a las víctimas sino a la comunidad donde operaron los delincuentes, explica la exdiputada del PRD. --¿Qué pasa con la ley de extinción de dominio en México? --Es una vacilada. No sólo es un mecanismo muy engorroso, sino que los bienes decomisados se los dan a la Procuraduría General de la República (PGR), una parte va al Poder Judicial, otra a las procuradurías estatales. Fue el poeta Javier Sicilia quien planteó que para la reparación del daño a las víctimas se estableciera un fondo para solventar los apoyos psicosociales, pero de todo ese dineral, de todas esas riquezas confiscadas, lo destinado a las víctimas es muy poquito, apenas .014%. Eso es lo que marca la ley. Cruz prosigue: “La propuesta de Libera no es darle un inmueble a la víctima sino usarlo para implementar un programa social destinado a la comunidad golpeada por la delincuencia ¿Qué proyecto? Eso lo decidirá la gente; puede ser una escuela, un hospital, un parque, etcétera”. La excongresista señala que la constitución de parte civil sirve también para que las organizaciones no gubernamentales sean coadyuvantes en las investigaciones. “Te haces parte del juicio y a ti también te deben reportar lo que se hace. No es sólo asesoramiento o búsqueda de abogados,” recalca. En tono cada vez más severo, Cruz apunta: “Con la ley de víctimas que tenemos en México, éstas no reciben justicia. Lo ideal es que la propuesta de Libera vaya acompañada por un movimiento popular como lo hizo Sicilia con la Ley de Víctimas. Si no es así, la propuesta nunca se convertirá en ley porque no habrá presión social”. También señala: “En muchos de los negocios de la delincuencia organizada están metidos los políticos”. Ejemplifica: un candidato del PRD en las elecciones intermedias en Nayarit contó que durante el periodo electoral en todas las tienditas donde se venden drogas blandas y duras, el día de la elección se convirtieron en centros de operación del PRI. “‘¡Denúncialo!’, le dijimos. Y nos respondió: ‘¡Sí como no; para que mañana me maten a mí y a mi familia!’” Claudia Cruz afirma contundente que si se cumpliera con la Ley de Extinción de Dominio al pie de la letra, el edificio del PRI en el DF sería decomisado. “Donde despachaba Cuauhtémoc Gutiérrez se generó y se practicó el delito de trata. Ahí hay delincuencia organizada, porque participaron más de dos personas, se dedicaron a la trata de manera reiterada para obtener un beneficio económico- material”, señala la abogada que desde la Red Retoño busca la prevención social contra la delincuencia organizada. --¿De quién va a depender que los inmuebles no sean recuperados por la delincuencia organizada en México? --Si quedan en manos de la Secretaría de Gobernación ésta tiene la obligación de dárselos a los presidentes municipales y todo mundo sabe quiénes son los presidentes municipales, así que el proyecto valdría madres”. “Peor aún --continúa la activista-- no existen las figuras que protejan a quienes ocupen los inmuebles incautados. Imagínate que le quiten una casa a El Chapo y ahí creas un club de tareas para los niños. ¡Los van a ir a rafaguear!”, advierte la abogada. “Momento de quiebre” Desde el 2007 en Italia no sólo existe una ley de extinción de dominio para los mafiosos sino también para los corruptos, presume Fumarulo. “Si no puedes demostrar de dónde sacaste el dinero para comprar tu mansión, te la quitan”, afirma en entrevista. También recuerda que el fenómeno de la corrupción –“una de las caras de la delincuencia organizada”-- fue particularmente grave en Italia durante los setenta y ochenta. Ésta disminuyó en los noventa porque la Procuraduría de Milán, por pura casualidad, encontró a una víctima de corrupción que decidió denunciar. Empezó como una investigación pequeña y se convirtió en un escándalo gigante. Así nació la investigación Manos Limpias. En 1992, la Cosa Nostra decidió hacerle la guerra al Estado y empezó con el referente político de Julio Andreoti, entonces primer ministro. Ese fue el momento de quiebre. “Cuando los mafiosos empezaron a matar a los políticos corruptos estuvimos a punto de tener una guerra civil hasta que se hizo un pacto político. Además la mafia empezó a hacer terrorismo poniendo bombas, matando a civiles, fiscales y policías. La reacción de la sociedad civil fue tan fuerte que se impusieron unas leyes como la de la utilización social de los bienes confiscados y la sociedad apoyó a los jueces antimafia”, relata. “Luego, desde 1994 tuvimos la larga temporada de Berlusconi y ahí Italia perdió mucho de lo ganado en la lucha contra la corrupción. Así que no puedo afirmar que la clase política tenga hoy día las manos limpias, pero muchos políticos están verdaderamente comprometidos en la lucha contra la delincuencia organizada. No hay tolerancia contra la delincuencia organizada. La legislación es muy estricta y todos los culpables van a la cárcel dura”, asevera. Stefano Fumarulo revela que se harán algunas modificaciones a las leyes italianas para evitar que la mafia los infiltre disfrazada de organizaciones civiles. Las investigaciones patrimoniales son elementales. Sin inteligencia financiera es imposible combatir a la mafia. Tal es una premisa que Libera y el especialista Edgardo Buscaglia sostienen firmemente. Las investigaciones patrimoniales son fundamentales a nivel global porque la delincuencia organizada es cada vez más internacional, relata Fumarulo. Ofrece un ejemplo: “La mafia de Calabria, la Ndrangheta, tiene relaciones comerciales con Los Zetas de México. Cada gramo de cocaína consumido en Italia, paga la bala que mata a un inocente” La cooperación internacional se basa en la inteligencia financiera. El juez antimafia Giovanni Falcone, asesinado en 1992, decía, “si no puedes seguir la ruta de la droga, sigue la del dinero”, apunta Fumarulo. Desde el sótano de México Cauce Ciudadano es una organización no gubernamental con la que Libera trabaja intensamente desde hace cuatro años. Llama la atención que Cauce Ciudadano esté formada por jóvenes muy marginados; algunos fueron pandilleros, otros sobrevivieron a los tribunales de menores. Esos jóvenes que decidieron romper con el pasado tienen acceso a las zonas controladas por los cárteles de la droga. Cauce llega donde nadie se atreve a poner un pie por miedo o prejuicios. Desde el sótano de México, los expandilleros hablan con los pandilleros en activo para ofrecerles una alternativa, para que dejen el crimen organizado. “De niño sufrí mucha violencia y ésta se volvió algo tan natural como cotidiano”, cuenta Carlos Cruz fundador de la ONG. “Esos años complicados me hicieron alejarme de mi familia y acercarme al barrio. Fue tanta la violencia de mi generación que soy el único que queda”, agrega. Con las pandillas aprendió a manejar armas, abrir autos, entrar en casas, falsificar documentos y dinero; aprendió también a aguantar la tortura de la policía. “Yo fui fiel y leal a mis compañeros. Tuve un liderazgo muy fuerte”, dice. En 1998 sucedió un replanteamiento personal en la vida de Carlos Cruz. Estaba agotado de ese ambiente, tenía 24 años y parecía un hombre de 40. “La violencia te va consumiendo, te va deteriorando. No consumía drogas, pero la violencia me estaba acabando”, explica. “La banda veía que me alejaba, que la abandonaba. Por ella había dado todo. Tengo dos balazos, tengo dos procesos judiciales. Cuando la policía me buscaba, yo me iba a visitar a algún amigo en la cárcel y ahí me quedaba una semana. A nadie se le ocurrió buscarme allá”, agrega Cruz. “Nosotros los jóvenes éramos los que poníamos los muertos. Los políticos se hacían de la vista gorda ante nuestros desmanes o delitos a cambio de que controláramos el territorio para ellos; que sometiéramos a todos en las escuelas, en los barrios, de llevar jóvenes a los actos políticos. El que juntáramos 5 mil o 6 mil personas para un mitin era muy valorado. Y por fin dijimos. No, ya basta, ya no.” Carlos cuenta que en el 2000 las autoridades le propusieron un trabajo “en el que nos iban a pagar, pero mis compañeros no quisieron participar. Nos acribillaron. Tuvimos ocho heridos de bala y un muerto”, cuenta Carlos. --¿Qué les pidieron que hicieran? --Se avecinaban las elecciones presidenciales; había que boicotearlas. El que nos ofreció el trabajo fue un sindicato oficial grande, de peso político, con mucho dinero. Descubrimos que los de ese sindicato habían contratado a otros jóvenes para que nos mataran. Chavos como nosotros. Ese fue el punto de quiebre. Enterramos a nuestro compañero y mi banda, mi pandilla y yo decidimos dejar esa vida y crear Cauce Ciudadano, una organización dedicada a rescatar niños y jóvenes de la violencia, de las calles, del crimen organizado. Hay que enterrar la violencia, no a los amigos. También afirma que su organización ha pacificado zonas que eran “verdaderos campos de batalla”. Refiere que crearon talleres de serigrafía y un dispensario médico destinado a víctimas de la violencia que después amplió sus servicios a otros jóvenes, entre ellos a “jovencitas que habían querido provocarse un aborto y terminaban en urgencias”. Incluso recuerda que su organización inició con 15 personas. Afirma que ahora cuenta con 75 mil, los cuales se encuentran en las zonas de mayor violencia. “A donde nadie quiere entrar por la violencia y el peligro, allí está Cauce Ciudadano”, afirma. Fumarulo afirma que Libera se nutre y aprende mucho del trabajo de Cauce Ciudadano, con quien tiene una estrecha relación desde hace cuatro años. “La situación de México preocupa en Europa porque no registramos, no vemos la decisión política de adoptar las medidas legislativas que podrían ser contundentes en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción”, afirma Fumarulo en referencia a la ley de extinción de dominio y al instituto de reconstitución de parte civil. “Otra cosa que nos preocupa es la falta de acceso a la justicia --continua Fumarulo--. Libera trabaja con organizaciones sociales en México como Cauce Ciudadano, la Red Retoño, el Instituto de Acción Ciudadana, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila ( Fundec), donde el común denominador de todas las víctimas agrupadas en estas organizaciones es la falta de acceso a la justicia. Si protestan los asesinan. En Italia, los familiares de las victimas son protegidos, queridos, respetados y escuchados por los ciudadanos y por el Estado, aunque 70% de los casos no se hayan solucionado”. Asimismo, refiere que en su país todos los familiares de las víctimas tienen el mismo trato: no hay privilegios para unos y desdén para otros. “Si esto sucede es una nueva forma de victimización”, concluye Stefano Fumarulo.