Valparaíso (apro).- El movimiento ambientalista chileno obtuvo el pasado 10 de junio su triunfo más importante: el Comité de Ministros para Materias Ambientales –integrado por los titulares de Energía, Salud, Economía, Minería, Agricultura y Medio Ambiente--  revocó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del megaproyecto energético Hidroaysén. Con su definición, el Comité de Ministros acogía las 34 reclamaciones presentadas por la comunidad de Aysén contra ese proyecto que había sido aprobado originalmente en mayo de 2011,  durante el gobierno de Sebastián Piñera, por la Comisión Evaluación Ambiental (CEA) de la citada región. Fue el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, quien informó a los periodistas –a la salida de la reunión del citado Comité– que se declaraba “rechazado el proyecto”. Entre las falencias que justificaron tal medida figuran: la inexistencia de un plan de relocalización para las 39 familias que serían desplazadas; la ausencia de información fidedigna que garantizara que la fauna de Aysén no se vería afectada,y la deficiente evaluación que se hizo respecto de los impactos que el citado proyecto tendría sobre los ríos afectados por las obras. “Era un mal proyecto”, remató Badenier, poniendo la lápida sobre este emprendimiento. Hidroaysén SA fue impulsado por la trasnacional española Endesa y el grupo Matte de Chile. Consideraba la construcción de cinco represas hidroeléctricas sobre los ríos de aguas cristalinas Pascua y Baker, que buscaban generar unos 2 mil 750 megavatios (MW), equivalentes a 20% de la actual capacidad instalada del país (14 mil MW). Suponía la inundación de 6 mil hectáreas, siendo el costo global de este proyecto cercano a los 10 mil millones de dólares. El rechazo definitivo a Hidroaysén desató manifestaciones de alegría en diversas localidades de Aysén, las que se extendieron a diversas urbes del país. En Santiago, un millar de personas se congregaron en la Plaza Italia con pancartas que decían “¡Chao Hidroaysén!” y “¡Si se pudo!”. El 13 de mayo de 2011, 300 mil personas se congregaron en esta misma plaza para marchar por la Alameda (principal avenida de Santiago) en protesta contra la aprobación al megaproyecto. Las manifestaciones se extendieron por todo Chile e involucraron a millones de personas. Ello originó un ciclo de protestas contra el modelo social, económico y político que impera en Chile. Los reclamos contra la posible destrucción de la Patagonia chilena se hicieron globales. Por ejemplo, el 11 de julio de 2011 el diario The New York Times abordó el problema en un editorial.  Con el título “Mantengan la Patagonia salvaje”, ese medio subrayó que para concretar Hidroaysén se necesitaría construir una línea de transmisión de 2 mil 247 kilómetros, “creando la mayor tala indiscriminada de bosques en el planeta”. Fue por esta resistencia nacional e internacional que el gobierno de Piñera optó por no autorizar el inicio de las obras, entregando la responsabilidad de decidir sobre este proyecto a su sucesora, Michelle Bachelet. Modelo al banquillo La derrota del proyecto Hidroaysén fue considerada por analistas de todas las tendencias como un gran triunfo del ambientalismo chileno, y una derrota del modelo energético neoliberal implementado en Chile a principios de los ochenta, cuando gobernaba el dictador Augusto Pinochet. Muestra de ello es lo que el mismo 10 de junio expresó el senador del filopinochetista partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira: “Los grandes ganadores son los ambientalistas, pero los grandes perdedores son los consumidores, porque en la medida que no existan proyectos energéticos en el país, la electricidad va a subir y los grandes costos los pagará la gente común y corriente”. El Mercurio –diario que defiende las reformas neoliberales instrumentadas en la dictadura-- editorializó el 12 de junio: “El rechazo (de Hidroaysén), más que provenir de un impacto ambiental determinado, parece obedecer a un veto popular emitido por grupos organizados que se han enseñoreado de la voz de la ciudadanía”. Mostrando su preocupación, agregó: “Admitido ya el veto popular como ingrediente clave en las aprobaciones ambientales, el camino del indispensable suministro energético, y por ende del desarrollo económico, se torna altamente incierto”. Una mirada más positiva de lo ocurrido con Hidroaysén es la que aportó el abogado Alex Muñoz, vicepresidente de la ONG ambientalista Oceana para Sudamérica, en su columna “Energía y déficit democrático”, publicada en el diario La Tercera el 11 de junio. Allí afirmó que el rechazo de este megaproyecto “es el triunfo de la ciudadanía organizada que, teniendo mínimos cauces institucionales para expresarse, logró determinar una decisión de gobierno a través de la movilización masiva”. Muñoz cuestionó en su escrito la matriz energética chilena, la que –a su parecer-- “es en buena parte el resultado de distintas presiones, tráfico de influencias, y actos de lobby en las sombras destinados a revestir de legalidad la aprobación de proyectos de generación ya visados por altas esferas del poder político y económico”. El mercado de la producción de energía en Chile está concentrado básicamente en tres empresas generadoras que producen el 85% de la energía del país: Endesa, Colbún y Aes Gener (estadunidense). Según documentó la ecologista y excandidata presidencial Sara Larraín en su artículo “¿Por qué pagamos tanto por la electricidad en Chile?” (30 de octubre de 2011), “las empresas generadoras están marginando más de 50% de sobreutilidad en el sector de los consumidores residenciales, por encima del 10% aplicado sobre su costo incluida la generación”. Privatización salvaje En entrevista con Apro,  Juan Pablo Orrego, ecólogo y coordinador internacional de Patagonia sin Represas –campaña que sirvió para coordinar la oposición a Hidroaysén-- expresa que la derrota a Hidroaysén “es un triunfo importante”, pero matiza: “Tenemos cientos de proyectos muy amenazantes contra la comunidades y el medio ambiente, por lo que no tendremos mucho tiempo para celebrar”. Orrego –que en 1998 fue distinguido por el Parlamento sueco con el “Premio Nobel Alternativo” por su relevante participación en la lucha contra la construcción de la represa Ralco (Endesa)– destaca que la campaña Patagonia sin Represas abrió en Chile una discusión sobre eficiencia energética y energías renovables no convencionales, “temas que hace ocho años no estaba en el tapete”, dice. Este ecologista remarca que el modelo que se instauró durante la dictadura y que se mantiene hasta nuestros días es el responsable de que surjan proyectos tan destructivos como Hidroaysén, Ralco, la mina Pascua Lama y otros. Se explaya: “Este modelo exige un estado desmantelado, impotente, castrado, que es lo que tenemos hoy. La dictadura le entregó el desarrollo energético absolutamente al mercado y a las empresas eléctricas que lucran con la venta de electricidad. Es un sistema totalmente perverso, cien por ciento favorable a las corporaciones”. De acuerdo con Orrego, “Chile es uno de los pocos países del mundo donde la generación, la transmisión y la distribución de energía son cien por ciento privadas. Y no sólo eso: están privatizados todos los cursos de agua útiles para el desarrollo hidroeléctrico. Todos, cien por ciento”. Sostiene que la dictadura de Pinochet, con la asesoría de un ideólogo de ultraderecha como Jaime Guzmán y del economista de la Universidad de Chicago, Milton Friedman, “cambiaron la constitución de 1980, e impusieron el Código de Aguas (1981), la Ley Eléctrica (1982) y el Código Minero (1983)”. Asegura que estos cambios fueron hechos por el gobierno militar “año tras año, en una frecuencia de módulos, con el fin de desempoderar a la gente y empoderar al sector corporativo. Y aquí estamos: con todo privatizado. Chile es uno de los países con la más profunda y salvaje privatización de los recursos hídricos de todo el mundo. Es el antimodelo”.