Pemex: Victoria pírrica en EU

viernes, 13 de junio de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- Petróleos Mexicanos (Pemex) no logró recuperar los daños sufridos por un multimillonario hurto de combustibles que fueron exportados posteriormente a Estados Unidos, en el desenlace de una querella larga y compleja en los tribunales de ese país. El pasado 2 de junio el juez Simeon Lake, de la Corte del Distrito Sur de Texas, en Houston, condenó a Continental Fuels, Inc.; a su presidente Timothy L. Brink; a su filial U.S. Petroleum Depot, Inc., y a Jonathan Dappen, director de M&B Trading, a pagarle a Pemex Exploración y Producción (PEP) 27 millones 410 mil dólares, más intereses pre-juicio por 8 millones 857 mil dólares e intereses post-juicio a una tasa anual de 0.09%, según el pliego de una página de extensión consultada por Apro. Los acusados –personas y empresas-- fueron hallados culpables por apropiación indebida y conspiración civil para cometer un delito. PEP pretendía obtener con el juicio más de 30 millones de dólares por parte de seis de las empresas acusadas, a pesar de que había calculado el quebranto total padecido en unos 300 millones de dólares. Por otro lado, Lake propinó un revés a la filial de la paraestatal al desestimar los cargos contra otro grupo de empresas. En otra resolución, emitida el 30 de mayo último, de 17 páginas y también revisada por Apro, el magistrado favoreció a otras siete firmas acusadas por haber transcurrido el límite de dos años para presentar las demandas y porque PEP no pudo presentar evidencia sólida para sustentar su caso. “El acusador no puede vincular el condensado supuestamente adquirido por cada una de las empresas a los robos ocurridos en México”, arguyó Lake. En confabulación con empleados de la paraestatal y sus contratistas, el Cártel del Golfo y Los Zetas se apoderaban de gas condensado de instalaciones de PEP en la Cuenca de Burgos –que abarca Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila–, para exportarlo ilegalmente al otro lado de la frontera con el propósito de transformarlo en gasolina. El condensado es un subproducto de la extracción de gas natural, fácil de refinar y consumido como materia prima para derivados de petróleo. Las empresas e individuos son acusados de comercializar en territorio estadunidense, condensado mexicano robado entre agosto de 2006 y al menos la mitad de 2011. A pesar de que PEP sabía que su condensado estaba siendo robado aproximadamente desde 2006, el 7 de junio de 2010 presentó la primera demanda civil 4:10-cv-1997 contra 13 empresas e individuos por los delitos de apropiación indebida proveniente del uso de propiedad robada, enriquecimiento ilícito, recepción de dinero ilícito, conspiración civil y violaciones de las leyes de Responsabilidad por Robo de Texas y de Organizaciones Corruptas e Influidas por la Mafia (RICO). El 29 de mayo de 2011 PEP entabló la segunda querella civil 4:11-cv-2019 en contra de 13 compañías y personas. El 4 de octubre de 2011 la corte consolidó ambos casos. El 11 de abril de 2012 la paraestatal intentó agregar a otras seis empresas al proceso con la demanda civil 4:12-cv-01081. Pero Lake emitió el 11 de febrero de 2013 una opinión jurada y una orden de descargo en oposición a esa ampliación y a favor de siete empresas acusadas. El retraso de las demandas, que suman más de 700 archivos, provocó que fuese imposible la persecución legal de varios de los implicados. PEP solicitó el pasado 20 de mayo la sentencia a Lake debido a que los cuatro acusados no respondieron a los señalamientos de las demandas o, en el caso de Dappen, por ausentarse de las audiencias previas al juicio y durante el desarrollo de éste. Trama criminal Las importadoras enviaban a Estados Unidos tanqueros cargados con condensado saqueado en México. Lo hacían a través de los puertos fronterizos. Luego los dirigían para entregar el producto a empresas estadunidenses en sitios como el puerto de Brownsville (Texas). Las importadoras recibían su pago vía transferencia a varias cuentas bancarias. PEP esgrimió que esa venta implicó una conspiración para transportar el precursor a través de la frontera, “lavar” su origen y distribuirlo a los procesadores. En los expedientes, la subsidiaria argumentó que la mayoría de los acusados sabía que vendían condensado hurtado. Continental Fuels pagó a los importadores de la materia prima, luego la almacenó hasta reunir un volumen considerable para entregarla a los usuarios finales. PEP citó el testimonio de Timothy Brink, presidente de Continental Fuels, quien testificó que en julio de 2008 su vicepresidente de Operaciones, Joshua Crescenzi, le indicó que el producto que estaba comprando era robado en México. Brink declaró también que una vez que revisó los documentos de los embarques de condensado proveniente de México, notó que éste era robado por una serie de discrepancias existentes. M&B Trading era quien abastecía de condensado a Continental Fuels. PEP también recurrió  la transcripción de la declaración de culpabilidad de Arnoldo Maldonado, quien expuso su participación y la de su compañía, Y Gas & Oil, en proveer a Continental Fuels de condensado mexicano robado. Además, la subsidiaria citó la declaración de culpabilidad y testimonio de Donald Schroeder, presidente de Trammo Petroleum –otra de las acusadas–, quien confirmó que Continental Fuels vendía el precursor robado. En ese entramado, Dappen negoció al menos 17 operaciones con empresas como Y Oil. Varias de las empresas acusadas fueron beneficiadas por el Código de Prácticas Civiles y Reparaciones de Texas, que estipula un plazo de dos años para presentar las demandas. A partir de 2009, Schroeder, Maldonado, Brink, Crescenzi –éste último excolaborador del expresidente George W. Bush y de su vicepresidente Richard Cheney-- y Steven Pechenick, presidente de Valley Fuels Ltd., se han declarado culpables. Por pagos, restituciones y desembolsos por cobro de seguros en relación con el condensado robado, PEP recibió de Trammo Petroleum  3 millones 415 mil dólares; Continental Fuels le reembolsó 40 mil 130 dólares; Sun Petrocco, LLC, le entregó 118 mil 109 dólares, y Valero Energy le transfirió 3 millones 750 mil dólares. Las compañías efectuaron esos pagos para evitar una eventual condena. Los fallos están abiertos a apelación.

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