Buenos Aires (apro).- El vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, prestó declaración indagatoria el lunes 9 en los Tribunales Federales de Buenos Aires. El juez Ariel Lijo, quien lleva la causa, sospecha que Boudou compró una empresa de impresión de billetes mientras era ministro de Economía, cargo que ocupó entre 2009 y 2011. Durante la declaración, que se extendió por seis horas, Boudou rechazó las imputaciones. Esta es la primera vez en 30 años de democracia que un magistrado interroga por un caso de corrupción a un vicepresidente en ejercicio de sus funciones. Y un eventual procesamiento dañaría la imagen del oficialismo, de cara a las elecciones presidenciales de 2015. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien designó a Boudou como su vicepresidente sin consultar con nadie, no le suelta la mano. El juez imputa al vicepresidente por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Sospecha que Boudou adquirió la imprenta Ciccone Calcográfica a través de su amigo y socio José María Núñez Carmona. Ciccone Calcográfica --hoy Compañía de Valores Sudamericana—fue desde su fundación, en 1951, la única imprenta privada de Argentina con capacidad para imprimir billetes y otros documentos de alta seguridad, tales como documentos de identidad, títulos universitarios, patentes, chequeras y padrones electorales. El juez Lijo acusa a Boudou de apropiarse de la imprenta para hacer negocios con el Estado y con el partido gobernante. De acuerdo con la acusación, Boudou se quedó con 70% de las acciones de la imprenta en 2010. La compra se formalizó el 1 de septiembre a través del fondo The Old Fund, controlado –según el juez– por el vicepresidente junto con su socio y amigo José María Núñez Carmona. La acusación sostiene que Boudou se reunió dos veces previamente con los responsables de la empresa, Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick, igualmente imputados en la causa. Ciccone reiteró ante el juez que se reunió en dos ocasiones con el vicepresidente para tratar de salvar su empresa y que éste lo derivó con su socio Núñez Carmona. Guillermo Reinwick, yerno de Ciccone, también habló de dos encuentros con Boudou. Dijo haber firmado un documento, en febrero de 2012, diciendo que controlaba 70% de The Old Fund, el fondo que a su vez controlaba la imprenta, bajo amenazas de muerte. Reinwick nunca hizo la denuncia. La defensa de Boudou sostiene que nadie es amenazado para que firme que es dueño de una empresa, sino, por el contrario, para que firme que ya no es el propietario de la misma, a fin de poder despojarlo. El carácter estratégico de la imprenta –y el creciente escándalo– motivaron al gobierno a apurar su nacionalización. El Congreso votó su expropiación por ley en agosto de 2012.   Pasado turbio Ciccone Calcográfica fue manejada durante décadas por los hermanos Nicolás y Héctor Ciccone. Experimentó un decisivo crecimiento durante la más reciente dictadura, al serle encomendada la impresión de las entradas para el Mundial de Futbol 1978. Ciccone Calcográfica fue acumulando poco a poco una gran deuda con empresas privadas y con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la oficina de recaudación fiscal. En 2004 la imprenta entró en convocatoria de acreedores. El abogado Alejandro Vandenbroele, en representación de los Ciccone, protagonizó la convocatoria y también la compra de la deuda a 46 acreedores privados. En 2010 la AFIP pidió la quiebra de Ciccone Calcográfica. La deuda con el fisco ascendía a 239 millones de pesos (unos 80 millones de dólares de entonces). El juez Lijo cree que Boudou intervino, “a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra”, el 24 de septiembre de 2010. El objetivo era la obtención del certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional. El magistrado indagó a Boudou acerca de un dictamen que firmó siendo ministro de Economía, en noviembre de 2010, para apoyar un plan excepcional de pagos a la imprenta por su deuda impositiva. En este punto el juez indagó también al entonces jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, otro de los imputados. Éste declaró que José María Núñez Carmona había realizado gestiones en nombre del vicepresidente para lograr el rescate de la única imprenta privada que imprime billetes en América Latina.   Sospechas “Boudou habría aportado su condición de funcionario público y Núñez Carmona habría realizado, como privado, aquello que Boudou no podía, justamente por su cargo”, señala el juez Lijo en su resolución para dictar la indagatoria. “En razo?n de que el ministro de Economi?a no podi?a adquirir el monopolio de la produccio?n de billetes, y que Nun?ez Carmona tampoco podi?a hacerlo debido a su pu?blica relacio?n con e?l, asignaron a Alejandro Vandenbroele ese rol”, sostiene. Vandenbroele es un abogado especialista en salvar empresas quebradas. Fue nombrado director de la imprenta en 2010, cuando fue adquirida por The Old Fund. La exesposa de Alejandro Vandenbroele, Laura Muñoz, lo ha acusado de ser testaferro de Boudou. El abogado habría vivido, además, en un departamento propiedad del vicepresidente. Boudou reiteró ante el juez que no conoce a Vandenbroele. En su declaración Boudou calificó de absurda la sospecha de que hubiera adquirido la imprenta. Negó cualquier intervención en el levantamiento previo de la quiebra, para la cual se aportaron 50 millones de pesos (unos 6 millones de dólares). Declaró que la imprenta y el fondo que la rescató, The Old Fund, son de la familia Ciccone. Y sostuvo que los fondos fueron aportados por el banquero Raúl Moneta. En caso de que el préstamo, al 3% de interés mensual, le fuera devuelto al banquero, la totalidad de la imprenta volvía a los Ciccone. En caso contrario, Moneta se quedaría con la imprenta o tendría la opción de venderla. Boudou también afirmó que la gestión de la empresa pasó a ser controlada por otro banquero, Jorge Brito, dueño del Banco Macro. De hecho, un hombre de confianza de Brito, Máximo Lanusse, fue el verdadero brazo ejecutivo de la imprenta hasta su nacionalización. El juez acusa al vicepresidente de haber frenado un proyecto para modernizar la Casa de Moneda, a modo de favorecer a Ciccone en la impresión de billetes. El vicepresidente lo desmiente. Habla de linchamiento mediático. Al juez le resta indagar aún a José María Nuñez Carmona. El amigo y socio de Boudou se encuentra en Uruguay. El 18 de junio volvió a presentar un recurso para postergar su indagatoria. El juez tiene plazo hasta el 30 de junio para decidir si procesa al vicepresidente, lo sobresee o le dicta la falta de mérito y sigue investigando. En el primero de los casos, Boudou debería enfrentar un juicio oral. De ser encontrado culpable, podría recibir una sentencia de hasta seis años de prisión e inhabilitación. Algunos medios especulan que el juez cambiará el encuadramiento de la causa, caratulándola como cohecho. Este delito prevé penas más graves.