Gran Bretaña: La ley del "Gran Hermano"

viernes, 25 de julio de 2014
LONDRES (apro).- Gran Bretaña, uno de los países con mayor número de cámaras de seguridad de circuito cerrado (CCTV) del mundo, se convirtió oficialmente en una nación de vigilancia masiva al estilo del “Gran Hermano”, luego que el Parlamento británico aprobó en tres días una polémica ley para obligar a todas las compañías telefónicas y proveedoras de Internet a almacenar los registros de llamadas telefónicas, mensajes de texto y uso de web de millones de usuarios, con el fin de "proteger a la población" de posibles atentados terroristas y actos delictivos. Con carácter de urgente y en un cuestionado proceso, el pasado 15 de julio la Cámara de los Comunes aprobó la legislación Poderes de Investigación y Retención de Datos (DRIP, en sus siglas en inglés). De acuerdo con el gobierno de coalición que encabeza el conservador David Cameron, se requiere de dicha ley para que la policía y los servicios secretos y de inteligencia “puedan acceder a información necesaria para sus investigaciones”, luego de una sentencia europea que dictaminó que sus poderes existentes eran inválidos. La ley tendrá vigencia sólo hasta 2016, cuando el Parlamento deberá revalidarla. Para su aprobación contó con el apoyo de la oposición laborista y de los partidos de la coalición: los conservadores y liberales democráticos. Impugnaciones Sin embargo, dos parlamentarios críticos a la administración de Cameron, el conservador David Davis y el laborista Tom Watson, evalúan demandar al gobierno por la forma en que apresuró a los legisladores para que votaran la legislación que, además, es impugnada por organismos de derechos humanos y civiles del país. Para Watson, el proceso que llevó a la aprobación de la normativa fue una "estafa", ya que impidió que los legisladores de todos los bloques contaran con tiempo suficiente para evaluar adecuadamente las consecuencias de dicha medida. La ley otorga mayores poderes a cuatro organismos de seguridad del país: la Policía, la Agencia de Delitos Serios y Organizados, y las agencias de Inteligencia y Aduana. En abril pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había dictaminado que las compañías telefónicas y proveedoras de Internet no tenían obligación de retener registros de actividades de sus usuarios por 12 meses, ya sea llamadas telefónicas, mensajes de texto o páginas web. Ese tribunal también cuestionó duramente las leyes británicas sobre vigilancia y acceso a información por parte de los servicios secretos. Luego del dictamen, el gobierno se apresuró para elaborar la legislación DRIP con el fin de que las compañías telefónicas y proveedoras de Internet se vieran obligadas a archivar todos los registros de llamadas telefónicas, mensajes de texto y uso de web por al menos 12 meses. Sin la nueva ley, el gobierno sostiene que esa información privada puede ser destruida en semanas por parte de las compañías de telefonía e Internet que temen demandas legales de activistas. El Laborismo, que en principio se había opuesto a la medida, decidió finalmente apoyarla al pedir garantías de que no abusará de las regulaciones vigentes sobre la protección de información privada. La ley incluye ciertas salvaguardas, como la creación de un Comité de Libertades Civiles y de Privacidad, que examinará el impacto que pueda tener la medida. También se obligará al gobierno a presentar reportes anuales sobre transparencia en torno a las implicaciones de la ley, y se garantizará que la legislación caduque en 2016. Sin embargo, defensores de derechos civiles y organismos contra la invasión de privacidad criticaron al gobierno y calificaron la propuesta como "la Carta Orgánica del Gran Hermano". Los activistas, entre los que se encuentra la Asociación de Escritores Británica PEN Club, habían expresado su temor de que el gobierno aumentara su influencia en proveedores de Internet para poder interceptar datos confidenciales. Consideraron además que pasar una ley tan compleja en sólo días "es un escándalo". “No nos están cayendo bombas ni tenemos submarinos de guerra en el puerto. Si estas nuevas medidas son tan invasivas que hasta la corte europea dice que violan derechos fundamentales ¿Por qué las quieren autorizar a una escala nueva, incrementada e intrusiva, y sin tener antes un debate público?” dijo el extécnico de la CIA Edward Snowden en una entrevista con el periódico The Guardian en julio pasado. Para Snowden, el proceso por el cual se aprobó la legislación en el Parlamento británico “fue increíble”. Por su parte, activistas pertenecientes a la organización Open Rights Group (Grupo de Derechos Transparentes) confirmó que más de mil 500 personas enviaron cartas a las compañías proveedores de telefonía e Internet para que frenen el almacenamiento de información privada. Los integrantes de ese grupo amenazaron con demandar al gobierno a menos que se revierta la medida, citando el dictamen del tribunal europeo como justificación suficiente. Jim Killock, portavoz del Open Rights Group, declaró al respecto que el gobierno "sabe que desde la sentencia de la corte europea, no existe justificación legal para obligar a los proveedores de Internet a almacenar nuestra información, así que utiliza la amenaza de terrorismo como una excusa para aprobar la ley”. En virtud de la nueva ley, la policía y los servicios secretos podrán acceder a contenidos de llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos e historial de páginas de Internet, visitadas por un sospechoso, luego de una orden firmada por un ministro de alto rango del gobierno. De todos modos, las empresas afectadas advirtieron a las autoridades que tras las revelaciones sobre programas de vigilancia masiva en Estados Unidos y Gran Bretaña, dadas a conocer por Snowden, son más vulnerables a ser demandadas por sus clientes. Fue justamente Snowden quien dio cuenta de cómo la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA, por sus siglas en inglés) y su homóloga británica, el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ, también por sus siglas en inglés) almacenaron millones de datos privados a través de páginas de Internet, de personas sobre las que no existían sospechas de que hubieran cometido algún delito. “Por la puerta de atrás” Luego de que fue aprobada en la Cámara de los Comunes, el primer ministro David Cameron dijo que esta ley es “esencial” para “luchar contra el delito y combatir el terrorismo”. “Ningún gobierno introduce una legislación de emergencia con liviandad. Pero las consecuencias si no actuamos serán graves”, advirtió el jefe del gobierno en una ponencia que citó el martes 15. “Quiero dejar bien en claro que no estamos introduciendo nuevos poderes o facultades. Eso no le compete a este Parlamento. La ley trata de restaurar dos medidas vitales para garantizar que nuestras agencias de Inteligencia y seguridad mantengan las herramientas adecuadas para mantenernos a todos seguros”, subrayó. Sin embargo, el legislador oficialista David Davis sostuvo que la medida no fue evaluada adecuadamente. "Esta ley parlamentaria fue pasada por la Cámara de los Comunes a una velocidad ridícula e innecesaria para cumplir una emergencia completamente artificial", argumentó Davis en el Parlamento. "Como resultado de ello, los integrantes del Parlamento no tuvimos la oportunidad de investigar, considerar o debatirla apropiadamente, una función inherente de esta Cámara cuando recibe propuestas legislativas del gobierno", continuó. Para Watson, el gobierno impulsó la ley “por la puerta de atrás”. "La Ley de Poderes de Investigación y Retención de Datos no da respuestas a las preocupaciones de muchas personas acerca de que la retención de información es una violación al derecho fundamental de privacidad", indicó el parlamentario opositor. En ese sentido, el grupo de derechos civiles Liberty, el que más ha hecho campaña para revocar la medida, argumentó que la Ley DRIP “es incompatible” con el derecho humano de respeto a la privacidad y la protección de información personal. "Es tanto ridículo como ofensivo introducir una ley ‘de emergencia’ en respuesta a una crisis como esta. El dictamen de la corte europea acerca de que la retención de información violaba la privacidad de cada hombre, mujer y niño en el Reino Unido se conoció hace sólo tres meses", indicó James Welch, director legal de Liberty. "El gobierno ha demostrado un desprecio absoluto tanto respeto a la ley como a la soberanía parlamentaria, y esta farsa pluripartidista secreta, acelerada en sólo tres días, está lista para ser ahora desafiada en las cortes", concluyó. Lo cierto es que la administración de Cameron enfrenta ahora una “oleada” de demandas en los tribunales por la ley de DRIP, que podrían complicar el último año de gobierno de la coalición, de cara a las elecciones generales en Gran Bretaña de mayo de 2015.

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