LIMA (apro).- A sólo cinco meses de que Lima sea la sede de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (la COP20) --la mayor cumbre internacional que haya organizado Perú, con unos 20 mil delegados de más de 190 naciones-- el gobierno del país sudamericano ha agitado a los movimientos ecologistas y de derechos humanos con una drástica reforma que ha dejado en paños menores a su política de controles medioambientales. A pesar de que Perú ha encabezado en los últimos años la lista de países de Latinoamérica con mejor desempeño económico, no ha podido evitar que el crecimiento su PIB baje de 8.82% en 2010 a 5.8% en 2013, en concordancia con la tendencia del conjunto de los países en desarrollo. Y las expectativas para el presente ejercicio apuntan a que será todavía algo menor, aunque no mucho. El crecimiento esperado para 2014 (entre el 4.5% y 5.5%, según distintas estimaciones) todavía será a una tasa que muchos de sus vecinos de la región quisieran para sí. Sin embargo, el gobierno de Ollanta Humala, presionado por la oposición, ha decidido tomar medidas para revertir esa situación. Para ello presentó hace tres semanas un proyecto de ley destinado fundamentalmente a reducir los trámites y los procedimientos para fomentar la inversión extranjera en el país. El principal rubro de las exportaciones y el motor de crecimiento de Perú son las industrias extractivas, sobre todo las relacionadas con la minería. Por lo tanto anunció una serie de medidas que han causado polémica, entre ellas la condonación parcial de las deudas tributarias, incluidas las de varias grandes empresas, y la fuerte disminución de las multas por las infracciones laborales. Sin embargo, las medidas que más alarma han causado son las referentes a los controles medioambientales del país. El plan establece una reducción de las facultades del organismo encargado de fiscalizar y sancionar a las empresas que causen daños al medio ambiente, de modo que durante los próximos tres años se deberá enfocar en “medidas correctivas” y sólo sancionar en casos excepcionalmente graves o de reincidencia. Además, reduce las eventuales multas en 65% durante ese plazo. Por otro lado, obliga a la administración a resolver los Estudios de Impacto Ambiental, informes altamente técnicos que suelen contar con varios tomos y miles de páginas, en un plazo máximo de un mes. Por añadidura, le arrebata al Ministerio del Ambiente la capacidad de decidir sobre las declaratorias de Zonas Reservadas (el paso previo al establecimiento de áreas naturales protegidas) para otorgársela al Consejo de Ministros en pleno. Es decir --lamentan las organizaciones ecologistas--, pasa de ser una decisión técnica a una política. Cheque en blanco El anuncio de este paquete de reformas provocó que las organizaciones ecologistas, de derechos humanos, indígenas y sindicales alzaran la voz y lanzaran una campaña para impedir que se concretaran las medidas. “Esa serie de normas otorgan facilidades a los inversionistas para hacer lo que quieran, pasando por encima de los derechos de las personas. Se les están dando todas las garantías para que puedan hacer lo que les dé prácticamente la gana, sin controles”, explica Ana Romero, coordinadora ejecutiva de Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), una de las organizaciones participantes en la iniciativa. RedGE pugna por un cambio en el modelo de economía fundamentalmente extractivo de Perú, pues considera que está agotado, pero su representante indica que en este caso “la protesta es porque se están poniendo los intereses de las empresas por encima de los derechos de las personas”. “Estamos bien impactados por estos cambios”, afirma por su parte Rocío Silva, secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que reúne a 81 ONG’s. “No solamente es el retroceso en el tema medioambiental, también hay una flexibilización de temas laborales (…) y un tema tributario, que es un tema de vergüenza”. “Y todo esto en el contexto de que en diciembre va a ser la COP20 aquí en Perú. ¿Para qué van a organizar una COP si lo que están haciendo prácticamente es echarse a los brazos de los intereses de los grandes empresarios? Lo peor es que todas estas normas son para que no dejen de ganar lo que ya están ganando”, agrega Silva con indignación. Romero recuerda que, además, el plan del gobierno de Humala “está violando el propio Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (en vigor desde 2009), porque en la negociación éste país pidió una serie de medidas para garantizar estándares ambientales”, algo que se recoge en el acuerdo. Este pacto fue, señala, el que impulsó el fortalecimiento del ministerio del Ambiente, cuyas atribuciones se están ahora mutilando. Las organizaciones también advierten que las medidas pueden provocar una reactivación de los conflictos socio-ambientales; es decir, los producidos por los proyectos extractivos en zonas de sierra y de selva. Durante el mandato de Alan García (2006-2011) estos conflictos se multiplicaron y provocaron graves enfrentamientos entres las poblaciones afectadas y las fuerzas del orden, dejando en algunas ocasiones saldos mortales. Con el actual gobierno estas disputas han disminuido y se han desarrollado de forma más o menos pacífica, pero las organizaciones civiles temen que con estas nuevas normas se multipliquen y recrudezcan. Incluso la Defensoría del Pueblo (equivalente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos) envió una carta al Legislativo manifestando su “suma preocupación” por las reformas y le pidió que no aprobara las referentes a la reducción de los plazos para los estudios de impacto ambiental y a la restricción y recorte de las sanciones por daños medioambientales, ya que esto “implicaría un retroceso en la institucionalidad y la gestión ambiental en el país”. Sin embargo, las quejas apenas tuvieron repercusión social y la información sobre este plan se perdió entre noticias del Mundial de fútbol –su anuncio fue hecho justo un día antes del inicio del evento en Brasil-, de un posterior cambio de ministros y de una serie de escándalos que acapararon la atención de la prensa a lo largo de las tres últimas semanas, de modo que finalmente fue aprobado el pasado 3 de julio por la Comisión Permanente de un Congreso en receso, y con el apoyo de la mayoría de los partidos. Y es que las medidas han sido muy bien recibidas por una parte importante del sector empresarial, el cual consideró que “pueden mejorar el ambiente de negocios” y que urgió al Congreso a acelerar su aprobación, “pues si se ejecutan de inmediato podremos lograr la reactivación de la economía en el segundo semestre del año", en palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Jorge von Wedemeyer. El proyecto motivó también que la calificadora estadunidense Moody’s subiera la nota crediticia de Perú de Baa2 a A3, antes incluso de que el Legislativo diera el visto bueno del plan de reactivación económica. “Legítima preocupación” El analista en temas internacionales y ambientales Ramiro Escobar no ve sin embargo razones para tanto optimismo. Recuerda que las normas ambientales en Perú no han cambiado respecto a cuando, en la pasada década, las tasas de crecimiento superaban 7%. “Se atribuye esa disminución del ritmo económico en parte a esta regulación ambiental, cuando uno de los orígenes es la desaceleración en China e India, que es un fenómeno global”, apunta. Precisamente la dependencia del impulso de la economía china y la falta de diversificación respecto a las industrias extractivas son, en opinión de los expertos, dos de las principales causas de la disminución de las tasas de crecimiento del país sudamericano. El gobierno, no obstante, ha asegurado que su plan agregará entre 1.5 y 3 puntos porcentuales anuales al crecimiento del PIB en los próximos tres años y ha negado tozudamente lo que sociedad civil y especialistas critican: que suponga una degradación de la política ambiental del país, algo de lo que ha alertado hasta el sistema de Naciones Unidas, cuya coordinadora residente para Perú, Rebeca Arias, remitió una carta al Ejecutivo manifestándole su “legítima preocupación” por el “impacto que las nuevas medidas económicas pudieran acarrear” y recordándole las obligaciones de los Estados en materia medioambiental recogidas en los tratados internacionales. La misiva fue dada a conocer dos semanas después de que, el pasado 17 de junio, la propia Arias reconociera, durante el acto de suscripción del acuerdo por el que Lima será la sede de la COP20, del 1 al 12 de diciembre, al presidente peruano por su “compromiso” para que esta cumbre sea un éxito. Esto último es ahora puesto en duda por las organizaciones ambientalistas y los expertos, que temen que las reformas puedan enturbiar esa importante cita mundial, preludio de la trascendental COP21, a celebrarse el próximo años en París y en la que se aspira a establecer un instrumento que suceda al Protocolo de Kioto (con fecha de caducidad en 2015) para la mitigación en la emisión de gases de efecto invernadero. Escobar señala que cuando un país presenta su candidatura para ser sede de una cumbre del cambio climático “es porque de alguna manera tiene una institucionalidad ambiental respetable, porque tiene una autoridad ambiental que puede llevar adelante todo este evento de gran magnitud”. “Cuando Perú el año pasado es aceptado como sede, este problema no existía. No sabemos si en un momento como este Perú hubiera presentado su candidatura. Hubiera sido problemático”, agrega. Además, subraya, en estos encuentros internacionales “siempre hay una cumbre paralela”, con organizaciones no gubernamentales presionando a los gobiernos hacia compromisos más fuertes con el medio ambiente. “Acá lo que están haciendo con esto es ponerle en bandeja a la cumbre paralela el menú para que las críticas sean furibundas”. Romero teme que ante esta falta de compromiso del gobierno con las políticas ambientales, “la COP se termine convirtiendo en un recibimiento a los diferentes representantes y una actividad donde se muestren las bondades de Perú, pero donde finalmente el tema del cambio climático pueda pasar a segundo plano”. La capacidad y la buena voluntad del ministro del Ambiente peruano y encargado de la organización de la cumbre, Manuel Pulgar, son reconocidas por el movimiento ecologista, de cuyas filas proviene. Pero “en realidad no tiene ningún apoyo en el gobierno. Entonces no sé qué tanto pueda hacer”, lamenta Romero. Humala, que cuando se lanzó a la política en la campaña presidencial de 2006 estaba en la órbita del entonces mandatario venezolano, Hugo Chávez, fue cambiando su ideología hacia posiciones cada vez más acordes con el liberalismo de los últimos gobiernos peruanos para ampliar su base de votantes y para calmar a los mercados. Aún así, durante la campaña de 2011 era visto como una alternativa de izquierda. La coordinadora de RedGE rememora que entonces se comprometió “a revisar los tratados de libre comercio y ahí habló de las cuestiones medioambientales y de inversiones”. “Nos parecía que sí estaba apostando a ver otras formas de desarrollo, que apuntaba a otra cosa, no a continuar con el mismo modelo económico extractivista. En esa medida, tuvimos cierta expectativa, pero se esfumó inmediatamente”, añade. Una vez en el poder, critica, “ha seguido adelante con la misma política (que sus predecesores), que es lo más fácil. Si hubiera tenido realmente un plan político de transformación, como él decía, otra hubiera sido la cosa”. Para Silva, “en el interior del gobierno peruano hay diferentes propuestas”. Por un lado, afirma, “se quiere mantener esta careta de respeto a los derechos, de respeto al medio ambiente, pero la verdad es que acá se están imponiendo las granes empresas extractivas. Y la manera de imponerse es diciendo que estamos desacelerándonos”. “Sobre todo se está perdiendo de vista que el debate mundial ya está en el rollo de la economía verde, ya está en un nivel en el cual lo ambiental se vertebra en la economía y no está escindido”, destaca Escobar. “Pero las medidas del gobierno van en sentido contrario y por eso, teniendo a la vista la cumbre del clima, me parece francamente inoportunas, faltas de visión y hasta arriesgadas porque creo que van a afectar a nuestra imagen internacional como país organizador”, alerta.