MÉXICO, D.F. (apro).- Durante los 13 años que transcurrieron desde que la fuerza internacional encabezada por Estados Unidos se desplegó en Afganistán, los militares extranjeros asesinaron a miles de civiles de manera injustificable y con toda impunidad, encubiertos por sus Estados Mayores –especialmente de Estados Unidos–, denunció Amnistía Internacional en su informe Abandonados en la oscuridad, que publicó hoy. Sólo entre 2009 y 2013, más de mil 800 civiles murieron durante los operativos de la fuerza internacional –mil de ellos durante bombardeos aéreos, llevados a cabo mediante el uso de aviones no tripulados–. Los operativos nocturnos también cobraron muchas vidas civiles, asevera Amnistía, ya que “implican ataques sorpresas, muy de noche, en conjuntos residenciales”. El Estado Mayor estadunidense “casi nunca investiga” los casos en los que fallecieron civiles, y menos aún envía a soldados responsables de crímenes de guerra a enfrentar a tribunales en Afganistán, donde las familias exigen justicia, reportó AI. Según Amnistía, 32 mil de los 50 mil soldados de la fuerza internacional presentes en Afganistán provienen de Estados Unidos, país que contaba en 2013 con 100 mil mercenarios adicionales. La misión de la fuerza internacional, establecida bajo mandato de Naciones Unidas, terminará el próximo 31 de diciembre, pero Barack Obama ya previno que mantendrá 9 mil 800 soldados en Afganistán durante 2015. A pesar del silencio y la opacidad que rigen a la institución castrense en cuanto a los asesinatos de civiles, AI reconstruyó 10 casos de operativos nocturnos, bombardeos aéreos y secuestros arbitrarios con el uso de tortura, durante los cuales fallecieron 140 civiles, entre ellos 50 niños. Y no sólo eso: en varias ocasiones AI se enteró de que las jerarquías militares –del Ejército estadunidense o de la Organización del Tratado de Atlántico del Norte (OTAN)– negaron los “errores” y “daños colaterales” cometidos y los disfrazaron de operativos militares exitosos, al aseverar que los civiles asesinados eran militantes talibanes, pese a que se trataba de niños o mujeres. Por ejemplo, durante un operativo nocturno en el que un comando de las fuerzas especiales estadunidenses asesinó a dos mujeres embarazadas, dos oficiales y una adolescente que celebraban un cumpleaños en febrero de 2010, los soldados trataron de borrar las huellas de sus disparos y de sacar falsos testimonios a los familiares. En el boletín referente al asesinato, la fuerza internacional planteó que el comando “encontró” los cuerpos amarrados de tres mujeres muertas, aparentemente víctimas de un “asesinato tradicional” de los talibanes, “quizá debido a casos de adulterio”. Cuando un reportero británico investigó acerca del operativo, el Estado Mayor descalificó sus descubrimientos. Pero el 4 de abril de 2010, la OTAN admitió finalmente su responsabilidad y propuso una compensación a los familiares como una forma de disculparse. Los familiares aceptaron las disculpas, pero exigieron justicia al Ejército estadunidense. Hasta la fecha, sólo las autoridades afganas investigaron el caso, “pero no tienen el poder de perseguir a los soldados estadunidenses”, señaló AI. En todos los casos que documentó Amnistía, la fuerza internacional terminó por reconocer su culpa, ofrecer disculpas y prometer que realizaría una extensa investigación interna. Sin embargo, después de las declaraciones oficiales, las promesas se desvanecieron y los familiares nunca supieron nada de las supuestas investigaciones. A veces, el propio gobierno afgano indemnizó a las familias afectadas, observó AI. Si bien la organización documentó crímenes de guerra cometidos por la fuerza internacional, precisa que “la vasta mayoría de los muertos civiles en Afganistán resultaron de ataques de los talibanes y otras partes del conflicto”. Impunidad Según AI, el sistema de justicia militar estadunidense carece de independencia, ya que la institución castrense actúa de forma simultánea como procurador, juez y acusado. Un mismo comandante elige a los jueces y miembros del jurado –todos militares– en lugar de nombrarlos de manera aleatoria. Además, el Ejército inicia una investigación con base en las denuncias de sus propios soldados –quejas que 45% de los soldados y 60% de los marinos se niegan a realizar, según Amnistía–. Un militar estadunidense explicó a AI que denunció a varios de sus compañeros quienes habían asesinado a dos adolescentes sin armas. Al ser considerado como delator, varios colegas hicieron de su vida “un infierno”, lamentó. “En la mayor parte de los casos, (el Ejército) no incentiva a reportar los crímenes contra los civiles afganos, o a profundizar una investigación”, asevera AI, mientras que “la familia de la víctima, en cambio, tiene un acceso muy reducido al sistema y poca o ninguna influencia sobre el progreso del juicio”. Desde 2009, Amnistía identificó seis “eventos” a raíz de los cuales 17 soldados fueron juzgados –10 de ellos inculpados por crímenes graves–, pero no pudo documentar la presencia de testigos afganos durante un juicio de corte marcial, aun cuando fueron las víctimas. Un soldado estadunidense en misión en el exterior responde de sus crímenes ante una corte marcial en su país, regida por el Código Uniforme de Justicia Militar. Pero AI subrayó que, al no mencionar la Convención de Ginebra, este código no incluye la categoría de “crímenes de guerra”.