MÉXICO, D.F. (apro).- La organización Asociadas por lo Justo denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en los últimos ocho años Honduras se convirtió en uno de los países más peligrosos para las mujeres. Activistas de esa agrupación detallaron que por cada 100 mil mujeres, 14.6 perdieron la vida de manera violenta en 2013, mientras que en 2005 esa tasa se colocó en 2.7. Y precisaron que sólo en 2012 fueron asesinadas 606 mujeres de entre 15 y 34 años de edad, es decir, una cada 15 horas. Sobre los casos de agresión sexual que se reportan en el país centroamericano, señalaron que 95% quedan impunes, mientras el número de denuncias por desaparición pasó de 91 en 2008 a 347 en 2013. Durante el 152 Período Extraordinario de Sesiones de la CIDH, realizado en esta ciudad, Asociadas por lo Justo también documentó 119 agresiones contra defensoras de derechos humanos en 2012, de las cuales 95 fueron cometidas contra activistas de bienes naturales y de las tierras. En 62% de los casos, abundó, las autoridades fueron las responsables de esos ataques. Según la organización, la situación de las mujeres empeoró desde el golpe de Estado, en junio de 2009, cuando el Ejército destituyó al entonces presidente Manuel Zelaya. Tiempos después de tomar el poder, agregó, el gobierno golpista declaró ilegal la píldora anticonceptiva de emergencia, bajo el argumento de que su uso equivalía a un aborto, delito clasificado como grave en Honduras. En un país con una población joven –más de 48% es menor de edad– los niños hondureños también enfrentan peligrosas condiciones de vida. Según la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos, más de 9 mil 400 jóvenes menores de 23 años fallecieron de muerte violenta en 2013, un promedio de tres cada día. Honduras, apuntaron las activistas, invirtió un presupuesto muy alto para militarizar su política migratoria y demasiado poco en la niñez. De acuerdo con las estimaciones que presentaron ante la CIDH,  el Estado gastó 90 centavos de dólares por cápita diario para la niñez en 2011. Y el gobierno ha reconocido que su país enfrenta diversos problemas por los altos niveles de violencia. “Gran parte del presupuesto se destina a la lucha contra el narcotráfico, antes que en salud o educación”, confesó. Además, en ocasiones utiliza a los militares para reprimir a campesinos que se movilizan después de haber sido despojados de sus tierras, como ocurrió en la región norte del país, de acuerdo con reportes del Observatorio Permanente de Derechos Humanos de Aguán (OPDHA). Integrantes de ese organismo han afirmado que el Estado hondureño criminaliza a los campesinos del Bajo Aguán para justificar la represión por parte del ejército o de las compañías de seguridad privada que son contratadas por las grandes empresas agrícolas para impedir el ingreso de los pobladores inconformes a sus tierras. Y Guatemala enmudece Presentes en la sesión de audiencias de la CIDH para revisar la situación general de los derechos humanos en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, los activistas guatemaltecos se enfrentaron a la indiferencia de los representantes del Estado centroamericano ante sus quejas y denuncias. Los delegados de Guatemala negaron que el gobierno de su país criminalice a los defensores de derechos humanos y a periodistas que, según la versión oficial, hacen un “mal uso” de las medidas de seguridad; además, defendieron que los crímenes de guerra queden en la impunidad y culparon a las comunidades indígenas de los conflictos agrarios. Juan de Dios García, director general de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achí, denunció que el gobierno sigue agrediendo a la población y despojando de sus tierras a comunidades indígenas para entregarlas a grandes empresas. “Utilizan la misma infraestructura que durante el conflicto armado”, comentó De Dios García a Apro, y subrayó que el gobierno de Otto Pérez Molina –el exmilitar acusado de ordenar los asesinatos de la población civil y quemar sus cosechas y pertenencias en la época de la dictadura– está remilitarizando las comunidades. “Nosotros buscamos el derecho a la justicia, a la verdad”, dijo, y recordó que durante el conflicto armado “el presidente actual participó en varios crímenes de lesa humanidad”. Y concluyó que en la sesión de hoy “el gobierno no convenció. Así los relatores (de la CIDH) se darán cuenta de las condiciones en las que vivimos”.