WASHINGTON (apro).- Con el grito de “sin justicia no hay paz”, unas mil quinientas personas se congregaron frente a la Casa Blanca para exigir al presidente Barack Obama frenar las deportaciones de indocumentados y presionar al Congreso hasta concretar una reforma integral a las leyes de inmigración. Encabezados por líderes de las comunidades afectadas por las deportaciones, los manifestantes iniciaron su recorrido desde la sede nacional del Buró de Inmigración e Instrumentación Aduanal (ICE, por sus siglas en inglés) hasta la Casa Blanca, en un acto de desobediencia civil por la ausencia de una reforma integral, acción que culminó con el arresto de unas 140 personas. Las detenciones ocurrieron luego de que los activistas rehusaron acatar las órdenes del Servicio Secreto y de la policía del Servicio Nacional de Parques para desocupar la acera frontal de la residencia presidencial. “Este es un llamado al presidente Obama para que se dé cuenta que no dejaremos de usar las calles hasta que obligue al Congreso a aprobar una reforma a las leyes de inmigración; que regularice el estado de residencia de millones de indocumentados y conlleve a la ciudadanía por naturalización”, comento a Apro, Candice Johnson, del sindicato de Trabajadores de la Comunicación de América. Al frente de la marcha, denominada “Lucha por nuestras familias”, religiosos, activistas y defensores de los inmigrantes indocumentados clamaron un “¡Sí se puede!” que retumbó frente a la Casa Blanca. La marcha en Washington fue replicada en unas cincuenta ciudades de Estados Unidos, de acuerdo con los organizadores de las protestas. Las movilizaciones para presionar al Capitolio y a la Casa Blanca se enmarcaron en el preámbulo de la decisión ejecutiva que se tomara en los próximos días respecto de los cambios migratorios. Obama, ante la falta de interés y acción legislativa del Congreso federal, hace unas semanas solicitó al Departamento de Justicia y al de Seguridad Interior ayudarlo a elegir y definir qué cambios puede ordenar a las leyes migratorias por medio de la autoridad presidencial que la da la Constitución. Johnson, del Sindicato de Trabajadores de la Comunicación de América, reconoce que no esperan que la decisión ejecutiva de Obama vaya a ser la panacea migratoria, pero consideran que al menos con este tipo de manifestaciones, tanto el presidente como el Congreso, sabrán que las protestas y presiones no cesarán hasta que se cambien las leyes de inmigración. Obama y los demócratas sostienen que los cambios a las leyes migratorias que promueven se enfocarían a regularizar a unos 10 o 12 millones de indocumentados que ya viven y trabajan en Estados Unidos desde hace varios años. La reforma condicionaría a los beneficiados a demostrar que no tienen antecedentes penales, que hablan inglés y aceptan pagar una multa por violar las leyes migratorias y adeudos tributarios; además de cubrir los gastos burocráticos de la regularización del estatus de residencia y laboral. “Por lo menos queremos que Obama, en esta decisión ejecutiva que anuncie, frene las deportaciones para ya no separar a las familias”, anotó Johnson. Las decenas de miles de deportaciones de inmigrantes llevadas a cabo en lo que va del gobierno de Obama han afectado a miles de familias. Por ello, miles de menores de edad se han quedado sin padres, solos en Estados Unidos, porque sus familiares han sido detenidos por las autoridades migratorias y repatriados a sus países de origen.