MÉXICO, DF, (apro).- Asarco LLC, filial estadunidense de Grupo México (GM), aún realiza labores de limpieza y regeneración ambiental –conocido como “remediación”-- en varios lugares del país vecino donde operó, además de demandas laborales y reclamos por pagos de comisiones de sus abogados. Uno de los procesos más sonados del siglo pasado e inicios del presente se refiere a la “remediación ambiental” donde se erigía la planta fundidora de metales de El Paso, Texas, propiedad de Asarco. Esas tareas, acciones de limpieza y regeneración se remontan a 2010, luego de que en diciembre de 2009 se constituyó el Fideicomiso Custodio de Texas, responsable de dichas tareas y cuyos beneficiarios son la Comisión Texana de Calidad Ambiental y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas inglesas). El Informe Suplementario de Investigación Remedial de noviembre de 2013, de 79 páginas y consultado por Apro, reportó altas concentraciones de antimonio, arsénico, plomo, mercurio, cadmio, cobre, selenio, cromo, molibdeno, níquel y talio, cloro, hierro, magnesio, manganeso y nitrato en el aire, suelo y agua subterránea y superficial del sitio. La exposición prolongada de esos materiales puede provocar daños graves a la salud humana y el ambiente. “La contaminación del suelo con plomo en el sitio de Asarco en El Paso es uno de los temas más serios en la remediación de la sede de la planta”, resalta en entrevista con Apro Neil Carman, director del Programa de Aire Limpio del Capitulo Estrella Solitaria del Club Sierra en Austin. El Club Sierra ha sido una de las organizaciones que más ha vigilado el proceso de limpieza de la planta. Carman explica que la instalación es limpiada hasta un nivel de 500 partes por millón (ppm) o menos de plomo en el suelo, “un límite máximo” de la EPA para la presencia de ese metal en el suelo. Mientras la concentración de plomo no supere las 500 ppm, entonces los niveles son considerados seguros, en su criterio. Además, Asarco tiene que remover franjas en el sitio que contienen plomo por encima de las 500 ppm. “Esos suelos tóxicos tienen que ser retirados y trasladados a un depósito de desechos peligrosos regulado por la EPA para su eliminación permanente”, señala Carman. El reporte, elaborado por la consultora Malcolm Pirnie Inc., enumera obras realizadas, como el tendido de una capa de asfalto sobre un tercio de kilómetro cuadrado de la propiedad, la construcción de un compartimiento adicional del depósito de residuos, el traslado de porciones de suelo a un depósito de residuos, el tratamiento de agua subterránea y el monitoreo por 50 años y la instalación de 80 pozos de extracción. El Fideicomiso enlista labores para este año como colocación y compactación de suelo contaminado, el cual se encuentra apilado en pilas; así como la compactación y traslado de áreas de remoción, la finalización de la construcción de un canal provisional para transportar agua de lluvia, el reemplazo del servicio eléctrico y la preparación del diseño de las mejoras del drenaje. Ese organismo, que en 2013 erogó 77 millones 800 mil dólares en los trabajos del lugar, proyecta que la “remediación” de suelos y agua superficiales y subterránea concluirá en 2015, para transitar hacia el mantenimiento y monitoreo a largo plazo y definir el futuro de la propiedad. El sitio se extiende por 1.74 kilómetros cuadrados en las afueras de El Paso. El uso de suelo en las proximidades de la otrora instalación industrial mezcla las modalidades industrial, comercial y residencial. La planta fundidora fue fundada en 1887 y comenzó procesando plomo, zinc, antimonio, cadmio, y unos años más tarde, cobre, provenientes mayoritariamente del norte de México. Las primeras demandas contra la compañía por polución ambiental y daños a la salud datan de los años setenta. Asarco abandonó el procesamiento de plomo, zinc, antimonio y cadmio en 1980 y en 1999 detuvo su funcionamiento por tiempo indefinido. En 2002, la empresa intentó reencender sus hornos y buscó la renovación de sus permisos de emisiones vencidos, pero se topó con una coalición opositora que frenó la reapertura por considerar que la instalación industrial contaminó el ambiente de la zona fronteriza, incluyendo Ciudad Juárez. El 13 de abril de 2013 las dos chimeneas de la fundidora fueron demolidas. La de nunca acabar Otro lugar polémico es el que rodea los poblados de Hayden y Winkelmann, en los condados de Gila y Pinal, en Arizona, donde se yergue la planta Hayden, de Asarco, la cual se concentra en la minería, fundición y refinación de cobre en Estados Unidos. Allí, la EPA ha encontrado concentraciones elevadas de metales en el suelo de los vecindarios, según registros de esa agencia consultados por Apro. Esa instancia ha identificado pilas de escoria en los pueblos y grandes pilas próximas al río Gila. Además, la agencia ha hallado concentraciones elevadas de metales en agua subterránea y en el aire. La EPA reportó el 10 de noviembre de 2011 un acto de violación de la Ley de Aire Limpio. Ese documento argumenta que Asarco violaba la Ley de Contaminantes Peligrosos en su fundidor, una investigación que aún está en marcha. En 2013 inició la fase 2 de la “investigación remedial” del sitio, cuyos objetivos son determinar la naturaleza y el tamaño de la contaminación y reunir información suficiente para definir una “remediación”. Además, la nueva etapa evaluará el lugar para determinar el grado de contaminación desde la fundición/concentración de materiales y revisar opciones para abordarla. Las áreas de investigación incluyen 877 sitios terrestres, 36 pozos de agua, 19 locaciones en los ríos Gila y San Pedro, 14 lugares para agua de lluvia y 35 sitios para mediciones atmosféricas. De las 658 parcelas existentes en ambos pueblos, se muestrearon 649 y se limpiaron 266 desde 2008. A finales de julio último, Asarco aceptó el pago de una multa por 40 mil dólares por descargar ilegalmente unos 3 millones 790 mil litros de agua contaminada con residuos de su mina de cobre Ray en el río Gila. El primer incidente ocurrió en junio de 2012 en el poblado de Kearny (condado de Pinal), cuando una tubería de agua se rompió en la Unidad Belgravia del complejo minero Ray y vertió unos 3 millones 206 mil litros de ese líquido contaminado. El segundo suceso acaeció en agosto de ese año cuando otro tubo de agua se dañó y derramó un millón 413 mil litros. El Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ, por sus siglas en inglés) emitió Avisos de Violación el 6 de septiembre de 2012 y el 11 de noviembre de 2012 por descarga líquida sin permiso, en detrimento de la Ley de Agua Limpia. Los incidentes infringieron también los estándares estatales de calidad de agua superficial, que requiere que el recurso esté libre de petróleo, grasa y otros contaminantes. En octubre de 2013, ADEQ negoció una orden de consentimiento con Asarco para abordar los accidentes. La minera negoció con ADEQ otra multa por 20 mil dólares por verter tres mil 790 litros de desechos tóxicos en ese mismo río en 2007. Recompensas El 9 de agosto de 2005 Asarco presentó una solicitud de protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos. En esas fechas, la empresa enfrentaba reclamos por unos 6 mil 500 millones de dólares en responsabilidades ambientales de 53 sitios en el país. Las operaciones de la minera y sus empresas predecesoras y asociadas derivaron en contaminación extensa en más de 100 sitios en 19 estados del país. Además de las responsabilidades identificadas por el gobierno de Estados Unidos en 38 lugares, hubo también reclamos de 19 gobiernos estatales, así como de varias empresas privadas y/o personas. En el proceso de bancarrota, los destinos de Asarco y GM, su dueña desde 1999, colisionaron, pues la empresa propiedad de Germán Larrea, hizo que su filial transfiriera las minas de cobre peruanas propiedad de Southern Copper Co. a Americas Mining Corp, otra unidad de GM, para evitar que fueran utilizadas para pagar a los acreedores. La representación legal de Asarco recurrió a ese movimiento para conseguir en abril de 2009 una sentencia contraria a GM valuada entre 7 mil millones y 10 mil millones de dólares, en el mayor juicio de transferencia fraudulenta en la historia del Capítulo 11. Los beneficios del veredicto se han vuelto materia de disputa con los despachos firmas Baker Botts y Jordan, Hyden, Womble, Culbreth & Holzer, claves para ganar el caso, según los documentos del caso 12-40997.La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito determinó el 30 de abril último que esos abogados tienen derecho a una mejora de 20% de su comisión. Durante el juicio previo, la corte de quiebras rechazó las objeciones de Asarco y le asignó a Baket Botts 113 millones de dólares y siete millones a Jordan Hyden en comisiones y gastos legales. Además, le concedió el aval a un bono adicional de cuatro millones 100 mil dólares para Baker Botts y 125 mil para Jordan Hyden. Pero el Quinto Circuito declaró que los abogados no pueden recuperar los costos del litigio de sus reclamos de comisiones. El 5 de septiembre último Baker Botts urgió a la Corte Suprema de Justicia a delimitar el poder de la corte de quiebras para reembolsar gastos adicionales a los despachos en los litigios por comisiones. Acoso sexual En 2011, un jurado federal en Arizona otorgó a Ángela Aguilar un dólar en compensación nominal y más de 800 mil dólares en daños punitivos por el acoso sexual practicado por sus supervisores masculinos en el complejo Mission, una mina a cielo abierto de cobre en Tucson de Asarco. En octubre de 2013, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito recortó la sentencia a 125 mil dólares. En junio de este año, Asarco urgió al Noveno Circuito a recortar los daños punitivos por 300 mil dólares concedidos a Aguilar por considerarlos inconstitucionales. Mientras tanto, los cerca de dos mil miembros del sindicato que trabajan en las minas de cobre, fundidoras y refinerías de Asarco mantienen duras negociaciones con la empresa, iniciadas en junio de 2013. En la última ronda de negociaciones –realizadas el pasado 4 de agosto, y cuyo reinicio está calendarizado para el 16 de septiembre en Tucson--, se tocaron temas espinosos como cuidado sanitario, derechos de gestión, subcontrataciones y la política de asistencia. Las tratativas han sido “extremadamente difíciles”, señala en su página web la United Steelworkers, el mayor sindicato industrial de Estados Unidos. La organización gremial denuncia la tendencia de la administración a destruir muchos de los derechos y protecciones presentes en el contrato laboral vigente. Los sindicalizados, repartidos en cinco sitios y representados por ocho asociaciones distintas, están conscientes de que “la alta gerencia de la empresa sólo se preocupa del dinero y la ganancia, en detrimento de sus empleados y de las comunidades” donde éstos viven y trabajan.