La mafia del tabaco

viernes, 26 de septiembre de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- El contrabando y piratería de cigarrillos, delitos que socavan las políticas antitabaco emprendidas en la última década, permanecen rampantes, sin que los Estados los combatan eficazmente. Ese es el panorama que la Sexta Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT) enfrentará en Moscú, del 13 al 18 de octubre. Uno de los soportes de ese contexto es la lentitud de la adhesión al Protocolo para Eliminar el Comercio Ilícito de Productos del Tabaco, parte del CMCT y ratificado sólo por Nicaragua --México ni siquiera lo ha firmado-- y que necesita la incorporación de 40 Estados para que entre en vigor. Los Estados no combaten dicho comercio ilícito "porque es parte de un movimiento más general de otros productos. Está relacionado con el libre comercio. El fomento del comercio legal implica también uno ilegal", critica en entrevista con Apro el experto Alejandro Ramos, director del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo. Ramos considera vigentes las conclusiones de su estudio de 2009 Comercio ilegal de tabaco en los países del Mercosur y el cual halló sinergias entre los contrabandistas de cigarrillos y quienes se dedican a otros crímenes. Situó a Paraguay en el centro internacional de tabaco ilegítimo. "Los contrabandistas llevan su conocimiento a otros negocios ilegales. Las redes comparten logística, contactos y recursos para el lavado de dinero, y buscan la expansión y consolidación de sus mercados", señala el reporte. Las bandas dominan el mercado y poseen o tienen vínculos con fábricas de cigarrillos. La ciudad paraguaya de Ciudad del Este comparte la triple frontera con Argentina y Brasil y es una de los centros mundiales de falsificación de marcas y comercio ilegal de cigarrillos, productos electrónicos, armas, drogas, ropa, joyas, bebidas y otros artículos. La mayoría de fábricas tabaqueras creadas en los últimos años se ubica en esa área. "La gente que transporta pequeños volúmenes de cigarrillos ilegales por tierra y a lo largo de cruces fronterizos aislados lo hace incluso varias veces al día. Estas actividades forman parte de la estrategia de las organizaciones en ambos lados de la frontera. Este contrabando se asemeja a un mercado mayorista, en vez de la operación 'familiar' minorista en otras partes del mundo", explica Ramos. La ruta del tabaco La mayoría del comercio ilegítimo viaja en contenedores trasladados a través de ríos y puertos regionales y es presumiblemente más importante en volumen y menos visible. Los cigarrillos ilícitos –que tiene en Paraguay al principal país de origen-- se ocultan en los contenedores con documentos "en tránsito" enrutados hacia las zonas libres de impuestos y terminan en otros miembros del Mercosur. "El negocio empezó a trasladarse a empresas chicas, que ganaron un dinero impresionante. Exportaron a Argentina y a Uruguay y se extendieron a Bolivia y Perú. El producto termina en Panamá. Se canaliza por la zona franca de Colón, pero también en Aruba y Belice", explica Ramos. En marzo de 2014, el periódico colombiano El Tiempo reveló que grupos criminales y las FARC lavan dinero a través de la venta de cigarrillos contrabandeados producidos por Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad del presidente de Paraguay, Horacio Cartes. El rotativo expuso cómo las redes trasladan el producto a territorio colombiano vía Aruba y Curazao y por el cual ganan más de 200 millones de dólares anuales. Así, las FARC y Marcos Figueroa, alias Marquitos –líder de una banda criminal en el departamento de La Guajira y parte de los paramilitares Los Urabeños-- lavan narcodinero. Tabesa ha negado cualquier participación. Paraguay produce 68 mil millones de pabilos al año, de los cuales 3 mil millones son consumidos internamente. Allí existen 2 mil marcas registradas, de las cuales 70 se consumen en Brasil. Desde 2010, la autoridad fiscal brasileña ha incautado más de 341 millones de cajetillas paraguayas. En su reporte de enero último sobre el cumplimiento del CMCT, el gobierno paraguayo no aportó información sobre productos de tabaco ilícitos en el mercado nacional. Asimismo, el reporte indicó que no se han adoptado y aplicado medidas legislativas, administrativas o de otro tipo contra el fenómeno. El consumo anual ilegítimo ronda los 657 mil millones de pabilos, 533 mil millones en naciones de ingreso bajo y medio y 124 mil millones en países desarrollados. “Hay una combinación de factores para que exista el contrabando. Si hay cigarrillos caros en algunos sitios, hay un incentivo, o si hay malos controles fronterizos", sostiene en entrevista con Apro Karl Lallerstedt, director de investigación sobre crimen financiero de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. “Rubios clandestinos” La Comisión Europea (CE) estima que la actividad le cuesta a la Unión Europea (UE) más de 10 mil millones de euros anuales en impuestos y aranceles perdidos y que casi 65% del tabaco decomisado es imitaciones, según un estudio de enero de este año del Servicio de Investigación Parlamentario Europeo. El consumo de pabilos ilegales en UE aumentó 30% en los últimos seis años y sumó 11% del total en 2012. Las fuentes principales son China, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Vietnam, Malasia, Rusia, Bielorrusia, Singapur y Ucrania. Los destinos preferidos son el Reino Unido, Irlanda, Francia, Bélgica, Alemania y el este del bloque europeo, que sirve de vía de de tránsito. El contrabando marítimo se concentra en Grecia, Chipre, Italia y el Reino Unido. La frontera oriental constituye la mayor puerta de cigarrillos ilegales. Volúmenes significativos de tabaco clandestino son fabricados ilegalmente en el bloque, según la CE. Un caso es el de Jin Ling, una marca de nombre chino, manufacturado en Rusia, con la imagen y el sabor de un cigarrillo como Camel, pero destinado al mercado ilegal en la UE, donde se convirtió rápidamente en una de los más decomisados. La línea es producida en la Zona Franca de Kaliningrado, caracterizada por la exención impositiva. Jin Ling se distribuye fuera del control de aduanas y los materiales para su producción son importados libres de gravámenes, pero importados ilegalmente en la UE. La CE define cigarrillos de tabaco rubio baratos como marcas manufacturadas legítimamente en un mercado, gravados para consumo local o desgravados para la exportación, y vendidos a los comerciantes que los transportan a otra nación, donde se venden ilegalmente sin pago de impuestos domésticos. Puntos como la Zona Franca de Jabel Ali en EAU, con una capacidad de producción superior a 60 mil millones de cigarrillos, y lugares clave de trasbordo, como Singapur, permiten un contrabando masivo de productos a todo el globo. En Libia, donde 80% del consumo es ilícito, los “rubios” clandestinos son manufacturados en Luxemburgo y Bulgaria e importados vía Dubái a Togo y Benín. En Taiwán, para evitar problemas con marcas registradas, los contrabandistas ya no piratean sellos internacionales, sino que crean los propios, como Mo-Shen, Fu-qi y Shan, para atender a los compradores ilegales locales. Si bien las mayores empresas no participan directamente, se benefician del fenómeno, pues sus marcas se mueven de nación en nación, a criterio de Ramos. Persistencia Desde 2002, la UE persigue a la tabacalera estadunidense RJ Reynolds (RJR), que forma parte de Reynolds American Inc, la segunda mayor empresa tabacalera de Estados Unidos y cuyas marcas incluyen Camel y Pall Mall. La denuncia 1:02-cv-05771 revisada por Apro alega que RJR dirigió, administró y controló un esquema global de lavado de dinero con grupos del crimen organizado a través de instituciones financieras de Nueva York y repatrió las ganancias a Estados Unidos. La UE alega que sustancias ilegales eran vendidas en euros, lavados mediante intermediarios financieros en Europa al cambiarlos a monedas locales. Los intermediarios vendían los euros a los importadores de cigarrillos, quienes los usaban para adquirir tabaco de RJR a distribuidores. Los mayoristas compraban los pitillos y los enviaban a los importadores. Los intermediarios usaban los fondos de éstos para alimentar el ciclo. La querella alega que RJR habría utilizado otras empresas para distribuir sus productos y camuflado a los verdaderos compradores de los cigarrillos. La corporación habría embarcado el producto vía Panamá para aprovecharse de sus leyes de confidencialidad para proteger las transacciones y habría transferido clandestinamente dinero desde Venezuela. Además, los empleados de RJR habrían entregado documentos fraudulentos a las oficinas estadunidenses de Aduana y de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego para ampliar el esquema. La CE acusa a la empresa de quebrantos a la Ley contra el Tráfico de Influencias y Prácticas Corruptas (RICO, por sus siglas en inglés). El juez de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Nicholas Garaufis, rechazó en 2011 la querella porque concluyó que la CE no calificaba como un órgano de un Estado extranjero. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revivió el 23 de abril último la acusación. La Ley RICO "puede aplicarse a una empresa extranjera o a una conducta extraterritorial. La demanda alega actividad doméstica suficientemente importante para quedar dentro de la cobertura de la ley”, cita la resolución. La Oficina Antifraude europea pactó con Philip Morris International en 2004, Japan Tobacco en 2007, British American Tobacco e Imperial Tobacco Limited en 2010, lo que implicó que éstas pagaran a la UE unos 2 mil 150 millones de dólares y se comprometieran a vender sólo a clientes legítimos y rastrear los cigarrillos cuando sean comercializados ilícitamente. El CMCT, vigente desde 2005, obliga a sus miembros a perseguir el tráfico de tabaco y a dar un seguimiento de su comercio transfronterizo, incluido el ilícito, a promulgar legislación contra el delito y a aplicar medidas para vigilar y controlar el flujo de productos movidos en zonas francas. Su incumplimiento puede derivar en sanciones internacionales, aún inéditas. "La OMS declaró que el contrabando socava las políticas públicas sobre el tabaco, porque debilita las políticas de precios, de acceso y asequibilidad del producto y la imposición de advertencias sanitarias", resalta para Apro Gustavo Soñora, asesor de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias. Las tabacaleras argumentan que la subida de impuestos propicia el contrabando. El protocolo busca combatir el delito con la vigilancia de la cadena de abastecimiento y el rastreo global para reducirlo y eliminarlo. Sus resultados "se verán en unos 10 años. Para que funcione, tiene que ser globalizado", asegura Ramos. La ratificación del protocolo se realizaría en 2014 y 2015 y se aplicaría entre 2019 y 2020. La instrumentación implica "diligencia debida, registros, control de zonas francas, monitoreo. El objetivo es que haya cooperación internacional", explica Soñora.

Comentarios