MADRID (apro).- El gobierno de Mariano Rajoy y el principal partido de la oposición, Socialista Obrero Español (PSOE), alcanzaron esta noche un acuerdo para impulsar un “pacto de Estado” con medidas antiterroristas, a unos días del atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo y un supermercado hebreo en París. Aun con la cautela del PSOE, que discrepa de algunas de las polémicas medidas planteadas por el Ministerio del Interior, como el registro de pasajeros en vuelos provenientes de países “de alto riesgo”, se anunció el primer acuerdo trascendental entre el gobierno y el PSOE en lo que va de la actual legislatura. Tras una reunión a puerta cerrada, el Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz, el de Justicia, Rafael Catalá, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, acordaron presentar (PP y PSOE) una iniciativa para luchar contra el terrorismo radical islámico. La base de dicho acuerdo serán las 12 enmiendas legislativas que presentó el Grupo Popular al Código Penal relacionadas con el terrorismo. Las medidas anunciadas por Fernández Díaz desde días antes subieron el tono del debate político por las medidas gubernamentales propuestas para contener la amenaza terrorista. El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, participó en la reunión de los ministros del ramo, celebrada en Francia y encabezada por su homólogo francés, Bernard Cazeneuve, donde planteó la revisión del Tratado de Schengen, para reanudar los controles fronterizos entre los 26 países de la Unión Europea (UE). En España, el ministro que es ampliamente identificado con el pensamiento más ultraconservador, anunció que su departamento llevará a cabo medidas como el uso del registro de pasajeros de aviones, en especial aquellos provenientes de los países árabes considerados de alto riesgo en relación a las nuevas formas del terrorismo. Por la mañana, en entrevista con la cadena COPE, perteneciente a los obispos españoles, Fernández Díaz dijo que también pretende duras sanciones a quienes visiten los sitios web yihadistas. Las medidas no fueron bien recibidas, en especial por el principal partido de la oposición, el Socialista Obrero Español (PSOE), quien advirtió que no las apoyarían en los términos que están planteadas. Sin embargo, el asunto se discutieron estas medidas en la reunión a puerta cerrada entre los ministros de Interior y de Justicia, Rafael Catalá, con dirigentes del PSOE para avanzar en estos acuerdos. Los especialistas consultados en las tertulias de las principales televisoras privadas advierten que se deben aplicar medidas preventivas y disuasorias, pero no recurrir a medidas que criminalicen a un sector de la población musulmana, ni recorten derechos. Fernández Díaz se ha distinguido por poner en marcha medidas polémicas en la lucha contra la inmigración en Ceuta y Melilla, como las devoluciones en caliente y reforzar la línea divisoria con Marruecos, lo que se ha traducido en graves lesiones para los inmigrantes. Ahora, ante este panorama de incremento del riesgo de atentados terroristas, el ministro dijo en la cadena de los obispos, que para llevar a cabo todas esas medidas, es indispensable llegar a acuerdos con el PSOE, por tratarse de un “asunto de Estado”. Explicó que este polémico registro de pasajeros, conocido como PNR (pos sus siglas en inglés), es el registro de Nombres de Pasajeros, iniciativa de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, desde el 2010. Sin embargo, tuvo la oposición del grupo socialista por considerar que atentaba contra el derecho a la intimidad personal. Advirtió que este programa pretende tener herramientas para profundizar en investigaciones de eventuales actos terroristas, y que sólo tendría ese objetivo, ningún otro. “No se trata de datos del ámbito religioso o étnico, sino si el pasajero ha facturado, si viaja solo y de dónde viene”, para que los investigadores tengan acceso a información que pueda ser útil ante los desplazamientos de activistas de las organizaciones terroristas como Al Qaeda o el Ejército Islámico. En dicha entrevista explicó que España tiene el registro de 68 nacionales combatiendo en Siria e Irak, de los cuales 40 permanecen en campo, 18 más han muerto y algunos retornados están en prisión.