MÉXICO, D.F. (apro).- Presionado por la coyuntura política y los promotores de la causa palestina dentro y fuera de los territorios ocupados, el último día de 2014 el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, firmó la solicitud para la adhesión de esta entidad a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. Apenas un día antes, a través de Jordania, se intentó una postrer maniobra diplomática al presentar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución que fijaba el plazo de un año para una “solución pacífica” con Israel y, otro de tres, para la desocupación de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. Pero la ANP calculó mal sus alianzas. Nigeria, que siempre votó del lado palestino pero ahora tiene crecientes negocios con Israel, decidió abstenerse de último momento. No se logró el mínimo de nueve votos y la resolución fue rechazada. Por eso, para la profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, Luz Gómez, la adhesión palestina a la CPI “ya no es un gesto de fuerza, sino de desesperación”. En su opinión, este paso debió darse a fines de 2012, inmediatamente después de que Palestina fue reconocida por la Asamblea General de la ONU como Estado observador, y cuando había un clima internacional propicio. Pero Abbas decidió posponerlo, temeroso de las sanciones diplomáticas y económicas que pudieran imponer Estados Unidos e Israel, dado que en los Acuerdos de Oslo de 1993 Palestina se comprometió a no sumarse a organismos internacionales en forma “unilateral” y “no negociada previamente”. Y sus temores se cumplieron de inmediato. Apenas conocida la firma, el vocero del Departamento de Estado, Jeff Rathke, salió a decir que la decisión de Abbas era “muy preocupante y contraproducente”, y que “daña gravemente” el clima de las ya de por sí interrumpidas negociaciones con los israelíes, “aumenta la polarización y crea más espacio para acciones desestabilizadoras”. Pese a estas duras declaraciones, el gobierno de Barack Obama no anunció ninguna sanción concreta. Pero en el Congreso, dominado ahora por los republicanos, ya se levantaron voces que exigen una respuesta más contundente. Ileana Ros-Lehtinen, la misma que ha defendido implacablemente el embargo económico contra su Cuba natal y hoy preside el Subcomité para Medio Oriente y el Norte de África de la Cámara de Representantes, pidió que “se bloqueen todos los fondos para la ANP y cualquier entidad de la ONU que reconozca al inexistente Estado Palestino”. Del lado israelí la respuesta fue tajante. El primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que Abbas había “optado por el camino de la confrontación” y que por ningún motivo permitiría que soldados y oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) fueran arrastrados a la CPI en La Haya. “Así como ellos nos defienden con determinación y fuerza, los defenderemos a ellos”, sentenció. E inmediatamente procedió a congelar unos 127 millones de dólares por concepto de ingresos tributarios que, conforme a un acuerdo de 1994, Tel Aviv le entrega a la ANP. Estos ingresos representan hasta dos tercios del presupuesto anual del gobierno palestino, por lo que muchos sueldos y servicios públicos se verán afectados. Dada la afectación colectiva, Saeb Erekat, el negociador oficial de la ANP ante Israel, no dudó en calificarla como “otro crimen de guerra”. Washington mismo se manifestó en contra por sus efectos sobre la población civil y exhortó al gobierno de Netanyahu a no adoptar más decisiones que “exacerben los ánimos”, ya de por sí caldeados por la continuación de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Pero pese a la exacerbación de ánimos, la profesora Luz Gómez considera la adhesión de Palestina a la CPI como un paso decisivo, porque abre camino a una de las demandas del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), “al que Israel considera hoy como la principal amenaza a su política de hechos consumados en Palestina, que no deja de crecer y que ha dañado seriamente su imagen internacional”. Lanzado en 2005 por la sociedad civil palestina como un llamado a la sociedad civil del mundo para que presione a Israel a acatar la legislación internacional relativa al fin de la ocupación, el derecho al retorno de los refugiados y la igualdad jurídica de los palestinos en Israel, el BDS despegó con la primera ofensiva militar israelí contra Gaza en 2008-2009, y se fortaleció con las de 2011-2012 y 2014. En todas se ha documentado por parte de Israel un uso desproporcionado de la fuerza y de armas prohibidas como bombas de racimo; ataques indiscriminados que afectan a la población civil y medidas punitivas que constituyen castigos colectivos. Al final todo ha concluido con un cese del fuego, pero ninguno de los sucesivos gobiernos israelíes ha sido llamado a cuentas, a pesar de las muchas voces que lo exigen en el ámbito internacional. Cabe decir, empero, que con la adhesión de Palestina a la CPI organizaciones armadas como Hamás y la Yihad Islámica, que han incurrido también en prácticas violatorias de la ley internacional como el lanzamiento de cohetes y proyectiles sobre zonas civiles, cometido atentados contra personas inermes y ejecutado extrajudicialmente a miembros de sus propias filas, podrían ser llamados a comparecer ante la Corte. De ahí que Netanyahu argumentara de inmediato que la que debería enfrentar la justicia era la ANP “por haber pactado con los criminales de guerra de Hamas”. Sabedor de ello y antes de sumarse a la CPI, a principios de agosto de 2014, en plena operación “Margen Protector”, Abbas envió a todos los grupos palestinos de Cisjordania y Gaza un documento solicitando su apoyo. Lo obtuvo por escrito. Un portavoz de Hamás dijo que “no hay nada que temer. Nuestra resistencia es legítima y puede someterse a las leyes internacionales”. Amnistía Internacional (AI), que solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU remitir las violaciones cometidas en Gaza, no lo ve así. “Los ataques que no pueden dirigirse con precisión contra objetivos militares son en sí mismos crímenes de guerra, como también lo es no proteger debidamente a la población civil durante el conflicto, al lanzar cohetes desde zonas residenciales y guardar munición en ellas”, explicó Ana Gómez , de AI, en un artículo publicado en El País por esas fechas. De todos modos, ese mismo mes el ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riad al-Maliki, viajó a La Haya para reunirse con abogados de la CPI y discutir la incorporación de la ANP con el fin de abrir una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos durante la operación militar en Gaza. Y al parecer su gestión fue exitosa, porque el 6 de enero, apenas una semana después de la solicitud de Abbas, el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, anunció que a partir del 1 de abril de 2015 Palestina será miembro activo de esta instancia. El rechazo estadunidense e israelí fue otra vez inmediato. “Estados Unidos no cree que Palestina califique como Estado soberano, no lo reconoce como tal y no cree que sea elegible para acceder a este mecanismo”, asentó a través de uno de sus portavoces el Departamento de Estado. Cabe señalar que ni Washington ni Tel Aviv han ratificado este instrumento internacional, por lo que desconocen su jurisdicción. Éste puede ser el primer escollo para que los palestinos eleven sus demandas contra Israel ante la CPI, ya que tres son las vías previstas para abrir una investigación: que un Estado parte manifieste al Fiscal que en otro Estado parte se está cometiendo alguno de los crímenes definidos en el Estatuto de Roma; que el Consejo de Seguridad remita a la fiscalía la situación prevalente en un Estado, que puede ser o no parte; y que el propio Fiscal decida juzgar a un Estado parte, para lo cual debe demostrar a los jueces de la Corte que hay materia. En dos de los casos la demanda no procedería porque, aunque firmó el Estatuto de Roma, Israel no lo ha ratificado y por lo tanto no es “parte”; y en el del Consejo de Seguridad es previsible que Estados Unidos vetaría cualquier iniciativa que buscara enjuiciar a su aliado. No obstante, Ana Gómez de AI no lo ve tan complicado. “Bastaría con que la ANP accediera al tratado –como ya lo ha hecho con otras 20 convenciones sobre crímenes de guerra, genocidio, tortura, etc.– y formulara una declaración ante la secretaría de la CPI, reconociendo la competencia de la Corte desde una fecha posterior al 1 de julio de 2002”. Para emitir esta declaración, dice, “Palestina ni siquiera necesitaría convertirse en Estado parte del Estatuto de Roma”. En estos diferendos legales podrían irse años, con el agravante de que la jurisdicción de la Corte no es retroactiva, es decir que en principio no serían juzgados los crímenes cometidos por las partes en conflictos armados anteriores, sino por venir. Una especie de legislación preventiva. El riesgo para Israel son los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, dice David Kretzmer, profesor emérito de Derecho en la Universidad Hebrea de Jerusalén. “El traslado de población de un país hacia un territorio ocupado es considerado un crimen de guerra. Esto podría tener implicaciones para cualquier asentamiento posterior a la adhesión de Palestina a la Corte”, advierte. Otro factor preventivo es el hecho de que la CPI es un tribunal complementario que sólo actua en ámbitos donde no existe un mecanismo legal, y carece de competencia si un país o territorio investiga y sanciona debidamente los crímenes cometidos. En este campo parecería más probable que los infractores palestinos y no los israelíes, que tienen un sistema de justicia consolidado, acabaran frente a los jueces internacionales. De hecho, apenas Abbas solicitó la adhesión a la CPI, en Israel se desató un fuerte debate entre los mandos y los abogados militares sobre la conveniencia de fincar responsabilidades a los soldados por actos individuales en operaciones militares como las de Gaza. El temor es que “se mine la confianza y la moral” de los efectivos, en su mayoría conscriptos del servicio militar. Hasta ahora sólo se han realizado muy pocos juicios contra soldados que han infringido la normativa de guerra, y las sanciones han sido ridículas. En ningún caso se han cuestionado los operativos militares como tales ni se ha cuestionado si habido un abuso generalizado de la fuerza. Pero ahora el abogado general de las FDI, Danny Efroni, considera que “es mejor una investigación interna que una pesquisa en la CPI”. A su escitorio ha llegado al menos un centenar de casos, según la Associated Press. Para Shawan Jabarin, director de Al Haq, una ONG palestina que asesoró a la ANP para la adhesión a la CPI, lo más positivo de este paso es el “impacto psicológico” que tendrá entre sus conciudadanos. “El sentir que hay remedio, que existe un mecanismo para hacer justicia, no es poca cosa. Hasta ahora los criminales israelíes operaban con impunidad absoluta. Sin castigo, repiten una y otra vez los mismos crímenes. La sensación de que pueden ser procesados quizá los hará reevaluar sus acciones”, sostuvo. Todo indica, por lo tanto, que el conflicto entre israelíes y palestinos se desplazará ahora a una arena legal. Puede ser un buen escaparate político, pero no soluciona el conflicto de fondo. Hasta los sectores israelíes de izquierda que apoyan la adhesión de la ANP a la CPI tienen sus dudas. “Políticamente, esto es un regalo de Dios para Netanyahu. Le da a la derecha unas armas tremendas”. Y dicen que esto se verá reflejado en las próximas elecciones legislativas.