BUENOS AIRES (apro).- El kirchnerismo pone cierre a 12 años de gobierno. Es probable que su candidato, Daniel Scioli, se alce con la presidencia en la primera vuelta electoral del 25 de octubre. Pero el excampeón mundial de motonáutica no encarna la ideología, la mística, la retórica o la liturgia que cimentaron el apoyo popular hacia este espacio progresista dentro del peronismo. La agenda política de Scioli no difiere demasiado de la que proponen el conservador Mauricio Macri y el peronista disidente Sergio Massa, los únicos adversarios con alguna oportunidad de amargarle el acceso a la Casa Rosada. Los publicistas del Frente para la Victoria presentan a Scioli como garante de las conquistas sociales del kirchnerismo y alertan sobre un eventual regreso al neoliberalismo de los noventa de la mano de Mauricio Macri, candidato de la alianza opositora Cambiemos. Tanto Scioli como Macri nacieron a la política al calor de aquella década. Ni uno ni otro transmiten grandes convicciones. En ninguno de los dos se intuye al estadista. La población sigue la campaña electoral con una apatía muy distante de las pasiones encontradas que ha sabido despertar el kirchnerismo. Los principales candidatos no despiertan entusiasmo ni siquiera por contraste. La devaluación del real brasilero frente al dólar estadunidense se ha extendido a varias monedas sudamericanas. Aunque Scioli ha negado que vaya a impulsar una devaluación del peso, nadie descarta que termine haciéndolo, sobre todo después de la devaluación llevada a cabo por el propio gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en enero de 2014, tras abjurar durante años de una medida semejante. Los equipos técnicos de Scioli planean una reducción del déficit fiscal y un aumento en las tarifas de los servicios públicos. Se promete una eliminación gradual del “cepo cambiario”, que desde 2011 restringe la compra de divisas extranjeras a particulares y empresas. Se buscará un arreglo con los “fondos buitres” para facilitar la llegada de inversiones y el acceso al endeudamiento externo. Se apuesta a que los fondos especulativos acepten cobrar con quita y extiendan los plazos de cancelación de la deuda. Desde los grandes medios opositores se presenta el futuro ajuste de la economía como un hecho inexorable. La aplicación de las medidas sería gradual en caso de que las implemente Scioli, y de “shock” si lo hace Macri. Una vez más, la burocracia sindical peronista estaría llamada a bendecir recortes y desactivar protestas. La rebaja salarial que se pretende no debería, sin embargo, dinamitar los ingresos. La rebelión popular de 2001 aún causa resquemor en los sectores dominantes. Los candidatos con posibilidades de acceder a la presidencia tienen otros puntos de contacto. La economía argentina seguirá girando en torno a los cultivos transgénicos en gran escala –sobre todo de soya–, los grandes emprendimientos mineros, la extracción de hidrocarburos convencionales y no convencionales. Ello aún a costa de eventuales daños contra la salud pública y el medio ambiente. En la agenda de Scioli, Macri y Massa no figura una reforma impositiva de corte progresivo. El delito se combatirá con mano dura. Argentina profundiza, de este modo, el fin del progresismo gubernamental iniciado en los últimos años, un fenómeno se vive ya en otros países de la región. –¿Toca a su fin el progresismo kirchnerista, entendido como extractivismo de materias primas, transferencia de recursos hacia sectores populares, retórica antiimperialista? –se le pregunta a Julio Gambina, catedrático de Economía Política en la Universidad Nacional de Rosario. –Es difícil que cambie el modelo productivo asociado a la soyización, la mega-minería y la explotación de los no convencionales vía fracking –dice Gambina a Apro–. Será difícil sacar las políticas sociales gane quien gane las elecciones. Todos los candidatos buscarán acercamiento con Estados Unidos y mermará el discurso crítico al orden mundial. Progresismo Néstor Kirchner asumió la presidencia en mayo de 2003. En la sociedad latía aún el espíritu de la rebelión popular de diciembre de 2001. El estallido social acabó con el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) y puso en cuestión la subsistencia misma del sistema de representación política. Las consecuencias de la aplicación de políticas neoliberales durante 12 años estaban a la vista. El índice de pobreza alcanzaba a 45.8% de la población y el de desempleo a 17.4%. Néstor Kirchner se negó a seguir cumpliendo a rajatabla con los dictados del Consenso de Washington. Su gobierno, de fuerte retórica antiimperialista, avanzó en términos simbólicos y subjetivos reafirmando la soberanía nacional y el derecho de la población a una vida digna. El crecimiento económico sostenido, la transferencia de recursos hacia los sectores populares, el aumento del salario mínimo y las jubilaciones se tradujeron en una fuerte caída del desempleo y la pobreza. Se amplió la cobertura social, de educación y salud. Se redujo la deuda del país en relación al PIB de manera notoria. “Más que el pueblo, el gran actor es el propio gobierno kirchnerista y sus dos figuras centrales –analizó el sociólogo Carlos Altamirano en entrevista con La Nación el 18 de septiembre de 2011–. Esto hace que el relato sea el relato de un gobierno, que dice que en medio de una Argentina en escombros aparece un dirigente que está en condiciones de elevar al país del infierno y enfrentar a los poderosos. Dentro de los cientos de definiciones del populismo, hay una que lo entiende como aquella política que supone el desafío a los importantes, a los poderosos, en la economía, en la política, en los medios de comunicación. Algo de eso encarna el kirchnerismo, y eso sobre todo llega a los jóvenes”. El kirchnerismo no rompió las reglas de juego de la economía de mercado. Pero recuperó cierto control estatal sobre los recursos estratégicos y naturales. Renegoció y rescindió contratos con multinacionales a cargo del suministro de agua, la explotación de hidrocarburos, la aerolínea de bandera. El kirchnerismo logró asentar su hegemonía a través de la construcción de fuertes consensos sectoriales. Forjó una sólida base social y electoral con la que enfrentó con éxito a una oposición dispersa, apoyada por poderosos grupos mediáticos y económicos. “El kirchnerismo entiende el orden de una forma inédita, no busca pacificar la sociedad de arriba hacia abajo, sino producir el conflicto, iniciarlo y regularlo, como en el conflicto con Clarín o la 125 (los grandes productores del campo)”, dice Martín Rodríguez, autor de Orden y progresismo. Los años kirchneristas (Ed. Emecé, 2013), en entrevista con el periódico Infobae del 2 de noviembre de 2014. Argentina se convirtió a partir de 2003 en el principal crítico de las políticas promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). También encabezó la lucha en favor de una regulación de los mercados financieros y de la creación de un mecanismo internacional que regule el pago de las deudas soberanas. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) se juzgó y condenó a cientos de genocidas y represores de la última dictadura militar (1976-1983). Se reveló la complicidad de los grandes medios, la jerarquía de la Iglesia católica y del empresariado con esta etapa de la historia argentina. De manera consecuente, los gobiernos kirchneristas son los que menos han reprimido la protesta social. En el plano internacional, Argentina promovió la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Estos espacios diplomáticos y de coordinación permiten a los Estados consensuar políticas y superar conflictos sin la participación de Estados Unidos. La Organización de Estados Americanos (OEA), controlada por Estados Unidos, ha sufrido un retroceso importante. La influencia de Washington en la región sigue siendo grande, pero los Estados lograron ampliar sus márgenes de maniobra. –¿Perderían impulso la Unasur y la CELAC con Scioli en el gobierno? –se le pregunta a Julio Gambina. –No necesitan a Scioli para perder impulso –responde el analista–. Son experiencias interesantes de debate político, pero donde define quien coordina transitoriamente esas iniciativas. Existe tensión por incorporar a la Argentina a las negociaciones por tratados de libre comercio. Limitaciones El kirchnerismo nunca aspiró a trascender el capitalismo en su fase extractiva y financiera. No realizó cambios estructurales. Mantuvo una política impositiva regresiva. No actuó contra la concentración de la riqueza. Apoyó el monocultivo de soya, la explotación minera a cambio de regalías irrisorias, la extracción petrolera a través del fracking, la estructura industrial concentrada y, peor aún, las políticas favorables al capital local y al trasnacional se complementaron con programas asistenciales que le han asegurado una sólida base electoral. La enorme captación de divisas registrada entre 2003 y 2012 sirvió para que los exportadores expatriaran dinero y las multinacionales remitieran utilidades a sus casas centrales. El gobierno, por su parte, realizó pagos de la deuda externa en esa década por 173 mil millones de dólares. El impacto de la crisis mundial en la región puso de manifiesto las contradicciones del modelo kirchnerista, basado en el crecimiento de la exportación de materias primas. Y la caída de los precios internacionales de los commodities, en particular de la soya, acabó con la bonanza y desnudó la matriz productiva neocolonial de Argentina. El kirchnerismo, tan dado a la retórica encendida, ha hecho silencio frente a los damnificados de los proyectos extractivos que promueve. Frente a los reclamos de poblaciones fumigadas con herbicidas como el glifosato y el 2,4D (Ácido 2.4 diclorofenoxiacético), que la Organización Mundial de Salud (OMS) clasifica como “probablemente cancerígenos para los seres humanos”. Frente a la contaminación provocada por la minería a cielo abierto, como el reciente derrame de cianuro en la mina Veladero, operada por Barrick Gold en la provincia de San Juan. Frente a poblaciones campesinas e indígenas amenazadas o desplazadas por el avance de la frontera agrícola de cultivos transgénicos. De este modo, junto al enorme crecimiento económico, creció también la población que vive en “villas de emergencia” (colonias pobres). El kirchnerismo busca paliar estos desequilibrios a través de la implementación de políticas públicas favorables a los más pobres. –¿Se abre un panorama de mayor conflictividad social, de la mano de un ajuste de la economía y una extensión de los proyectos mineros y la frontera agrícola de cultivos transgénicos? –se le pregunta a Julio Gambina. –Absolutamente –afirma el catedrático–. Es algo que se vio en las movilizaciones en San Juan contra el derrame de la Barrick Gold y en los tres años de las movilizaciones en Córdoba contra la instalación de la fábrica que pretende abrir Monsanto. “Los gobiernos y movimientos sociales se unen, especialmente durante los periodos electorales para frenar las violentas reacciones de la clase dominante alejada del aparato estatal”, escribió el teólogo Frei Betto en Alainet.org el 17 de diciembre de 2014. “Sin embargo, es esta clase dominante la que mantiene el poder económico. La autonomía de la esfera política en relación con la económica es siempre limitada. Esta limitación impone a los gobiernos democrático-populares un arco de alianzas políticas, a menudo espurias, y con los sectores que, dentro del país, representan al gran capital nacional e internacional, lo que erosiona los principios y objetivos de las fuerzas de izquierda en el poder”, sostiene. “Y lo que es más grave: esa izquierda no logra reducir la hegemonía ideológica de la derecha, que ejerce un amplio control sobre los medios de comunicación y el sistema simbólico de la cultura dominante”, concluye Frei Betto. Cada una de sus palabras puede ser aplicada al kirchnerismo. La socióloga Maristella Svampa considera que la imagen política del kirchnerismo asociada al progresismo o la centroizquierda empezó a ser cuestionada luego de la reelección de Cristina Fernández en 2011. Esto se debió, en primer lugar, a “la adscripción a una forma de presidencialismo extremo”. En segundo lugar, a “la profundización de las alianzas con las grandes transnacionales, que incluyen la firma de un convenio secreto con la multinacional Chevron”. A esto se sumó “el nombramiento de César Milani a la cabeza del ejército, repudiado por todo el arco progresista y de izquierda, y cuestionado por varias organizaciones de derechos humanos”, debido a su presunta participación en la desaparición de un soldado conscripto durante la última dictadura. El kirchnerismo, que exhibió durante años una gran capacidad de transformación social, se ha vuelto una fuerza cada vez más conservadora del orden político económico existente. Daniel Scioli, su candidato, refuerza esta tendencia, a la par que Cristina Fernández se retira del poder con un nivel de pobreza estimado en 28.7% por la Universidad Católica Argentina y en 16.1% por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. La mitad de la población activa percibe ingresos inferiores a 5 mil 500 pesos (600 dólares), aparte de que uno de cada tres trabajadores no está regularizado y carece de seguro de salud y aportes previsionales. La cobertura asistencial es sin embargo elevada y el desempleo se mantiene bajo (6.9%).