Montreal (apro).- A pesar de ser considerado un país con altos niveles de desarrollo y seguridad, Canadá enfrenta desde hace décadas un alarmante fenómeno: el asesinato de mujeres de diferentes grupos autóctonos. De acuerdo con un informe presentado en mayo de 2014 por la Real Policía Montada, entre 1980 y 2012 fueron asesinadas mil 17 mujeres indígenas y 164 desaparecieron. El mismo documento indica que las mujeres autóctonas representan 4.3% del total de la población femenina en Canadá, pero tienen una tasa de homicidio de 16% y de desapariciones de 11.3%. “Es el equivalente a 35 mil mujeres canadienses asesinadas. Estamos hablando de números escalofriantes”, afirma Viviane Michel, presidenta de Femmes Autochtones du Québec, el mayor organismo de mujeres indígenas de la provincia francófona, en entrevista en sus oficinas ubicadas en Kahnawake, reserva del pueblo mohawk. El informe de la Real Policía Montada se sumó a otros más elaborados por autoridades provinciales y centros académicos que han dado cuenta de la gravedad de la situación. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y un comité especial de la Organización de las Naciones Unidas, al igual que organismos nacionales como la Asociación Canadiense de Salud Pública y la Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá, han manifestado públicamente su preocupación por el elevado número de estos homicidios y desapariciones. También han solicitado al primer ministro Stephen Harper crear una investigación de costa a costa para indagar más sobre estos crímenes. Alarmas A raíz de los señalamientos que se incrementaron considerablemente luego de la difusión del asesinato en Manitoba de Tina Fontaine, una adolescente anishinaabe de 15 años de edad en agosto de 2014 y, sobre todo, como resultado de un reporte elaborado por una comisión parlamentaria que también encendió las alarmas, el gobierno conservador lanzó en septiembre de 2014 el “Plan de acción para luchar contra la violencia familiar y los crímenes violentos hacia las mujeres autóctonas”. Se trató de un programa al que se destinaron fondos por 25 millones de dólares para reforzar la seguridad en las comunidades indígenas, financiar refugios para mujeres víctimas de la violencia e incrementar las pesquisas policiales, entre otros puntos. Harper ha dejado en claro que para su gobierno el problema es de orden criminal y no sociológico. Catherine Richardson, profesora en la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Montreal e investigadora de temas vinculados con la violencia hacia los indígenas, señala que el plan del gobierno aporta puntos significativos como el apoyo a las mujeres en situación de maltrato, pero no es una respuesta efectiva ante la magnitud del problema. “El plan insiste mucho en una dimensión criminal, cuando en realidad estos homicidios y desapariciones son el resultado de un fenómeno mucho más complejo que tiene que ver con la vulnerabilidad de estas mujeres por pobreza, discriminación, falta de oportunidades laborales, violencia familiar y también por una estructura política y jurídica que continúa marginando a estos grupos”, señala la especialista. De igual manera, afirma que el gobierno da demasiado peso a lo que ocurre dentro de las reservas autóctonas, cuando es un problema que afecta a todo el país. Cifras oficiales indican que más de la mitad de la población indígena no vive en las reservas. Viviane Michel, presidenta de Femmes Autochtones du Québec, lamenta que las acciones gubernamentales se proyecten directamente desde Ottawa, sin escuchar con verdadero interés los puntos de vista de los grupos indígenas. “Necesitamos trabajar conjuntamente con el gobierno para enfrentar esta tragedia a modo de compartir experiencias e información, pero apenas nos consultan. Sigue imperando esa actitud de querer decidir sobre nosotros”, explica. Respecto a las demandas de lanzar una investigación nacional sobre las mujeres autóctonas asesinadas y desaparecidas, Harper ha respondido que no es necesario debido a que ya existen diversos estudios y reportes sobre este problema. En ello coincide la Asociación Canadiense de Jefes de Policía. Pero Michel no está de acuerdo con esta postura. “Existen documentos elaborados al respecto, pero nunca se ha llevado a cabo una gran investigación nacional que tome en cuenta todos los factores a considerar: los vicios del sistema judicial, los rezagos educativos, el desempleo, el racismo que viven estas mujeres”, expone. También Richardson cree que una pesquisa de este tipo aportaría aspectos positivos, ya que además de detectar con profundidad las causas de la vulnerabilidad de las mujeres indígenas frente a estos crímenes, serviría igualmente para que el resto de la población canadiense esté más al tanto de este tema que con frecuencia es ignorado. El reportero solicitó la postura de Status of Women Canada, ministerio federal a cargo de coordinar los proyectos relacionados con la lucha en contra de los homicidios y desapariciones de mujeres indígenas, respecto a la negativa de efectuar una investigación nacional y a elementos de su plan de acción. No obstante, una portavoz de este ministerio señaló que, dado que el país se encuentra inmerso en elecciones, disposiciones de la ley electoral impiden dar respuesta a preguntas sobre el tema. Tema de campaña   En Canadá es tiempo de discursos, promesas y parafernalia política, ya que este 19 de octubre habrá elecciones federales. De acuerdo con las encuestas, la pelea en las urnas entre conservadores, liberales y neodemócratas será una de las más cerradas de la historia. A temas como los impuestos, la explotación de recursos naturales, la política internacional y el medioambiente se ha sumado también el de los crímenes contra las mujeres indígenas. Si bien las relaciones entre los grupos autóctonos y el gobierno canadiense siempre han oscilado entre la confrontación y el distanciamiento, los años de Harper en el poder han sido especialmente complicados. Reformas realizadas durante su gestión en temas como los derechos territoriales y de navegación han provocado la movilización de distintos colectivos y organizaciones. Además, a raíz de la presentación del informe final de la “Comisión de verdad y reconciliación relativa a los internados para niños indígenas” --cuyo mandato fue investigar los castigos físicos, los abusos sexuales y las muertes que ocurrieron en estos centros durante décadas--, el gobierno de Harper ha respondido con tibieza a la larga lista de recomendaciones hechas por los miembros de esta comisión. De hecho, el pasado 22 de julio el primer ministro no participó en la reunión anual entre líderes autóctonos y primeros ministros provinciales, algo sumamente criticado por todos los participantes de este encuentro. A lo largo de la campaña, el aspirante a reelegirse como primer ministro ha señalado que no modificará su estrategia para combatir los crímenes contra las mujeres indígenas. En diciembre de 2014, en una entrevista en la cadena televisiva CBC, declaró: “siendo honesto, no es un tema prioritario para nosotros”. Desde hace varios meses, tanto el Nuevo Partido Democrático como el Partido Liberal de Canadá han expresado sus críticas al primer ministro en cuanto a sus posturas frente a estos crímenes. Lo mismo ha quedado reflejado en mítines y conferencias de prensa. El pasado 31 de agosto, en un evento en Saskatoon, Thomas Mulcair, líder del NPD, acusó a Harper de racismo por haberse negado a realizar una investigación nacional. Mulcair ha prometido que en caso de convertirse en el próximo primer ministro, ordenará en los primeros 100 días de su gobierno una exhaustiva investigación a lo largo de todo el territorio canadiense. Justin Trudeau, líder de los liberales, también propone una investigación similar, además de que promete establecer programas específicos en materia de empleo y seguridad social para las comunidades indígenas. “Canadá necesita una nueva relación con los grupos autóctonos; una relación basada en el respeto, el reconocimiento, la cooperación y la asociación”, declaró. Peter Loewen, profesor de ciencia política en la Universidad de Toronto, señala que los neodemócratas y los liberales son más cercanos en lo ideológico a temas como la violencia contra las mujeres indígenas en comparación con los conservadores. Además, ambos partidos saben que evocar dichos temas puede brindarles una ventaja, a modo de persuadir a los votantes molestos con el alejamiento del gobierno de Canadá en aspectos como la protección a las minorías y los derechos humanos desde que Harper llegó al poder. Los grupos autóctonos consideran que la respuesta a muchas de sus demandas dependerá en gran medida de quién se haga con el control del gobierno. Perry Bellegarde, jefe de la Asamblea de Primeras Naciones de Canadá, pidió a los miembros de las diferentes comunidades indígenas acudir masivamente a las urnas, sobre todo en una elección tan cerrada como la que se avecina. Viviane Michel señala que los miembros de su organización sienten esperanza respecto a que la lucha contra la violencia hacia las mujeres indígenas puede beneficiarse por el resultado de las elecciones. “Sentimos optimismo, pero actuamos con cautela. Estamos tomando nota de lo que los políticos mencionan en la campaña. Si Mulcair o Trudeau vencen, les exigiremos cumplir con lo prometido. El problema que enfrentamos es demasiado complejo. Trabajamos duro en nuestras comunidades, somos autocríticos, buscamos que la gente esté mejor informada, pero necesitamos el apoyo del gobierno federal”, expone. --¿Y si Harper consigue la reelección? Michel responde con rapidez: “No bajaremos los brazos. Seguiremos con nuestros proyectos y haremos ruido para que nos escuchen”. En junio pasado, la Real Policía Montada hizo públicas las cifras de los crímenes cometidos contra las mujeres autóctonas en 2013 y 2014. En estos 24 meses, 32 fueron asesinadas y 11 desaparecieron, quedando establecido en este último reporte que la proporción es comparable a lo ocurrido en la última década. El pasado 5 de septiembre fue hallado el cuerpo de Cindy Hamel-Robert, una algonquina de 20 años de edad, en el borde de una carretera cercana a la población de Amos (Quebec). Su muerte levantó una vez más sonadas críticas hacia Harper por parte de los partidos de la oposición.