VALPARAÍSO (apro).- La presidenta Michelle Bachelet dio el puntapié inicial al “proceso constituyente” mediante el cual se propone reemplazar la actual Carta Magna, dictada por el general Augusto Pinochet en 1980 y que fue validada en un oscuro plebiscito. El pasado 3 de octubre, en cadena nacional de radio y televisión, realizada desde La Moneda (Palacio de Gobierno), la mandataria socialista expuso los fundamentos de su decisión: “La actual Constitución tuvo su origen en dictadura y no responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia. Fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría. Por eso nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía”, dijo. Tras hacer mención que desde el regreso de la democracia, en 1990, se le han introducido cambios importantes “que han atenuado su carácter autoritario”, afirmó que de todos modos “aún tiene mecanismos que obstaculizan el pleno ejercicio de la democracia y que no pueden ser eliminados con nuevos intentos parciales”. Bachelet propuso entonces una hoja de ruta que dejó conforme al establishment dado que otorga un rol central al actual Congreso Nacional, que fue elegido a través del antidemocrático sistema electoral binominal y que goza de una gran antipatía en la población. De acuerdo con el anuncio presidencial, ya no será bajo su mandato (2014-2018) en que se sancione la nueva Constitución, sino que será el próximo presidente y el nuevo Congreso Nacional, surgidos de las elecciones de noviembre de 2017, los que tendrán la última palabra. El proceso constituyente impulsado por Bachelet arrancará en este mes de octubre. Comenzará con una campaña de educación cívica, que se extenderá hasta marzo de 2016. En ese mes iniciarán los “diálogos ciudadanos”, primero a nivel de las comunas, pasando por provincias y regiones, para concluir en una “síntesis a nivel nacional”. Esta síntesis se traducirá en lo que la presidenta definió como “las bases ciudadanas para la nueva Constitución”, que le será entregada a ella en octubre de 2016. Con la pretendida finalidad que este proceso “sea libre, transparente, sin distorsiones ni presiones de ningún tipo”, será supervisado por un Consejo Ciudadano de Observadores, nombrado por Bachelet e integrado por “ciudadanos de reconocido prestigio”, aseguró. A partir de dicha “síntesis”, la presidenta y sus asesores elaborarán un proyecto de nueva Constitución, que será ingresado al Congreso Nacional el segundo semestre de 2017, en plena campaña presidencial y parlamentaria. Bachelet sostuvo que este proyecto recogerá “lo mejor de la tradición constitucional chilena” y será coherente “con las obligaciones jurídicas que Chile ha contraído con el mundo”. En consideración que la actual Constitución no contempla un mecanismo para ser reemplazada, a fines del 2016 el gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma constitucional en que se propondrá al actual Congreso que habilite al próximo para que sea él quien decida, por una mayoría de tres quintas partes, de entre cuatro alternativas, la forma de aprobación de la nueva Constitución. Estas opciones son: una Comisión Bicameral de Senadores y Diputados; una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos; una Asamblea Constituyente; o un plebiscito, para que sea la ciudadanía la que decida entre las anteriores alternativas. La definición del mecanismo recaerá en el nuevo Congreso, que será elegido en noviembre de 2017, con un nuevo sistema electoral –más democrático que el actual binominal- y con nuevas leyes de partidos y de financiamiento electoral, “por lo que estará dotado –expresó Bachelet- de mayor legitimidad, representatividad y transparencia”. El actual debate constituyente se da en momentos de gran desprestigio de las principales instituciones del país y de agotamiento del modelo económico y político consagrado en la Constitución de 1980. Según una encuesta nacional de la consultora Cadem –dada a conocer el 18 de octubre- 71% de la población está de acuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución y 62% respalda la idea que el plebiscito es el más adecuado para definir el mecanismo. Un estudio demoscópico de la Fundación Chile 21 publicado en este mes, afirma que 69% de los chilenos apoya la opción de una asamblea constituyente. El contexto La promesa de una nueva Constitución fue, junto a la reforma tributaria y a la reforma educativa, uno de los tres ejes de la campaña presidencial que llevó a Bachelet nuevamente a la Presidencia, el 11 de marzo de 2014. Bachelet postergó durante el primer año de su mandato la definición respecto de esta materia. Sin embargo, el 28 de abril pasado, en medio del anuncio de medidas en favor de la probidad y contra la corrupción, la jefa de Estado se hizo cargo de su promesa constitucional. Mediante cadena nacional de medios, sostuvo que en septiembre se daría inicio a un proceso constituyente “abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos”. El contenido de dicho anuncio dio indicios respecto de que Bachelet no se inclinaría por una Asamblea Constituyente como mecanismo para dar vida a una nueva Constitución. Expresión de esto es que el sociólogo y asesor de Bachelet, Eugenio Tironi, afirmó entonces que las señaladas palabras reflejaban “la muerte definitiva de cualquier idea de respaldo por parte del Ejecutivo a la Asamblea Constituyente”. El 14 de julio, en entrevista con Radio Universo, la mandataria desechó el mecanismo del plebiscito para convocar a una asamblea constituyente. Además, explicó que la consulta a la ciudadanía sólo sería consultiva y no tendría carácter vinculante. Esta manifestación de intensiones fue rechazada por sectores del oficialismo partidarios de la Asamblea Constituyente. La diputada comunista y exdirigenta estudiantil Camila Vallejo, expresó que esos dichos eran “lamentables” y que “la ciudadanía tiene que ser capaz de tomar las riendas de su historia”. El 8 de octubre, cinco días antes de hacer el esperado anuncio, Bachelet se reunió con un selecto grupo de empresarios, en el Centro de Estudios Públicos (CEP), think thank presidido por Eliodoro Matte, uno de los tres empresarios más ricos y poderosos del país. Acompañada del secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre y de los ministros de Interior, Jorge Burgos; de Hacienda, Rodrigo Valdés; de Energía, Máximo Pacheco Matte; y del ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, la presidenta aseguró que la nueva Constitución no afectará el derecho de propiedad, que tanto resguarda la actual Carta Magna. El lunes 19, en el marco del Encuentro Nacional de Empresarios Agrícolas (Enagro), el ministro Burgos fundamentó la necesidad de realizar un cambio constitucional: “Las encuestas, sin excepción, indican que a lo menos un 70% de la ciudadanía anhela una nueva Carta Fundamental (…) La institucionalidad política muestra fallas y parece indispensable volver abrir el motor, revisar sus raíces”, subrayó. Finalmente aseguró que no habrá “ningún salto al vacío, ningún atajo. Es la institucionalidad quien revisará la institucionalidad luego de un periodo de escuchar atentamente a los ciudadanos”, expresó Burgos. Ese mismo día, Bachelet se reunió con tres expresidentes: el socialista Ricardo Lagos (2000-2005), el democratacristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000) y el derechista Sebastián Piñera (2010-2014), a quienes informó del proceso que puso en marcha. Al finalizar el encuentro, Lagos y Frei saludaron la iniciativa, aunque éste último se manifestó contrario a la posibilidad de una Asamblea Constituyente. Lagos sostuvo que el cambio constitucional se justifica en el hecho que la actual Constitución “está impregnada por una visión neoliberal que obliga al establecimiento del Estado Subsidiario”. Piñera cuestionó firmemente el anuncio presidencial, al sostener que “no aporta ningún contenido y solo genera más desconfianza, más incertidumbre e inestabilidad”. Esta crítica es coincidente con la expresada con algunos sectores del empresariado que no participaron en el citado encuentro de Bachelet en el CEP. Reacciones Entre los académicos, políticos y sectores sociales que vienen pujando por un cambio al modelo político y económico heredado de la dictadura, la propuesta de Bachelet también fue recibida con poco entusiasmo, escepticismo, resignación y críticas. El abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Chile, Fernando Atria, expresó al diario La Tercera (14 de octubre) que la convocatoria de Bachelet es valiosa porque “intenta no transformarse en un proceso de reforma constitucional más, a la manera del 2005 (…) sino que la presidenta enfatizó que impulsaba una nueva Constitución”. Atria aludía a la reforma constitucional de 2005 liderada por presidente Lagos que acabó con la institución de los senadores designados y con la inamovilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas, pero que, en lo esencial, mantuvo el rol subsidiario del Estado. Sin embargo, Atria se mostró escéptico ante la posibilidad que dos terceras partes del Congreso Nacional estén dispuestas a facilitar el camino para una nueva Constitución. Según este jurista, sólo una gran movilización ciudadana podría “hacer difícil al Congreso negar los votos para que se discuta esto en el Congreso siguiente”. En entrevista con Apro, el diputado Sergio Aguiló, presidente del partido Izquierda Ciudadana, uno de los siete que componen la oficialista y centroizquierdista Nueva Mayoría, expresó que la propuesta de presidenta “es convergente con nuestra posición, aunque no es exactamente lo mismo que planteábamos”. Aguiló valoró del proceso constituyente el hecho que “abre un momento de amplia discusión política, en que se puede recoger las principales inquietudes ciudadanas, de los movimientos constituidos y de la gente común y corriente”. De todos modos, éste parlamentario –que representa a la centrosureña ciudad de Talca-- reconoce que el camino “se ve muy cuesta arriba si se considera que el actual Parlamento debería aprobar, en su amplia mayoría, una reforma constitucional que habilita al próximo a decidir”. Pero plantea una salida al entuerto: “que en caso de no reunirse los apoyos en el Congreso, la presidenta convoque a un plebiscito y sea la ciudadanía la que se pronuncie y escoja el camino para elaborar a una nueva constitución”. Esta propuesta se la hizo saber el jueves 22 al ministro Burgos, en reunión a la que asistió la directiva de su partido y que tuvo lugar en La Moneda. En entrevista con este corresponsal, el Premio Nacional de Historia (2006), Gabriel Salazar, manifestó que la propuesta presidencial es un "procedimiento que abre una consulta paternalista hacia la ciudadanía en la que se le dan unas cuantas clases y se le pide su opinión, pero se dejan las decisiones definitivas al Congreso Nacional”. Estima que “la mayoría de los políticos chilenos es refractario a una Asamblea Constituyente, ciudadana, libremente electa y libremente deliberada”. Observa que el "poder constituyente, es decir: la soberanía, se dejará en manos de un conglomerado de sujetos que tiene hoy 97 % de rechazo ciudadano, según todas las encuestas”. Por lo anterior, concluye que el proceso constituyente impulsado por Bachelet “es una trampa”. Salazar informa que “la ciudadanía y la clase popular están, desde hace dos o tres años, impulsando un proceso de 'deliberación por la base', a través de diversos tipos de asambleas locales”. Asegura que “las hay a lo largo de todo Chile, y se están auto-educando para ejercer por sí mismos el poder constituyente”. Este historiador, que es autor del icónico libro Ladrones, peones y proletarios (1986) sostiene que este proceso “es lento, profundo y poderoso”. Remata Salazar: “Ante la propuesta constituyente tramposa de los políticos, cabe pronunciar un ruidoso rechazo, agudizar la crítica y darse tiempo a sí mismo para concluir, adecuadamente, ese proceso de deliberación por abajo… al tranco del pueblo”. El historiador, académico de la Universidad de Chile y coordinador del Foro por la Asamblea Constituyente, Sergio Grez, sostiene en entrevista con Apro que el anuncio de la presidenta Bachelet “confirma que el gobierno y los sectores hegemónicos de la coalición oficialista Nueva Mayoría no tienen la voluntad política de empujar un proceso constituyente democrático para dotar al país de una Constitución por vía de una Asamblea Constituyente”. Añade: “El anuncio de Bachelet pospone el proceso constituyente con su corolario de nueva Constitución, que, como ella misma reconoce, va a quedar como tarea para el próximo gobierno”. Concluye el historiador: “el anuncio parece más como una manera de ganar tiempo para que la actual mandataria terminé su mandato sin mayores sobresaltos”.