Desmantelan red que lucraba con salud en Guatemala

jueves, 29 de octubre de 2015
MÉXICO, DF (apro).- La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desarticularon ayer una red criminal en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la cual otorgaba licitaciones a proveedores de medicamentos a cambio de sobornos. Las autoridades, con el apoyo de la CICIG –el organismo independiente que opera en Guatemala con mandato de la ONU para coadyuvar en las investigaciones de corrupción-- descubrieron que unos operadores servían de enlace entre proveedores y funcionarios del IGSS para incentivar la compra de ciertos medicamentos y disfrazar con legalidad las licitaciones que eran en realidad ilícitas. También ayer mismo anunciaron la captura de nueve personas, entre ellas seis directivos de distintos hospitales del IGSS y tres proveedores de medicamentos, y señalaron que el médico de la Unidad de Infectología del IGSS, Gustavo Adolfo Castillo Rojas --uno de los operadores principales--, se encuentra prófugo. El pasado viernes, con base en las evidencias que recolectaron la FECI y la CICIG, la justicia guatemalteca inculpó a Edgar Baltasar Barquín Durán por tráfico de influencias en una red de lavado de dinero conocida en Guatemala como el caso “Lavado y política”. De acuerdo con las intercepciones telefónicas y las pruebas documentales de las autoridades, Barquín abusó de su cargo como presidente del Banco de Guatemala para brindar protección a Edgar Morales Guerra, Chico Dólar, el supuesto operador de la red de lavado de dinero que recibió más de 33 millones de dólares en efectivo entre 2008 y 2011. En las elecciones pasadas, Barquín era candidato a la vicepresidente en caso que triunfase Manuel Baldizón, el candidato del partido Líder, quien ni alcanzó a llegar a la segunda vuelta. En los últimos meses, la CICIG se ilustró a nivel internacional tras identificar y coadyuvar al desmantelamiento de “La Línea”, una red de defraudación aduanera que operó al amparo de las máximas instancias del poder en Guatemala. En agosto pasado, señaló –con base en evidencias— que el entonces presidente Otto Pérez Molina encabezaba la organización criminal. A raíz de la exhibición del mandatario se intensificaron las protestas que ocuparon la plaza central de la capital desde abril. Pérez Molina se vio obligado a renunciar, y posteriormente fue encarcelado. La CICIG está involucrada en la desarticulación de una red de “plazas fantasma” en el Congreso guatemalteco, así como en la depuración del sistema judicial de magistrados y abogados vinculados con “La Línea”, pertenecientes al llamado “Bufete de la Impunidad”.

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