MANAGUA (apro).- En una reunión extraordinaria realizada el pasado 22 de septiembre en la Cancillería de Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega informó al cuerpo diplomático y a representantes de organismos internacionales acreditados en este país que habría un nuevo modelo para gestionar los proyectos de cooperación: en adelante las organizaciones no gubernamentales (ONG) ya no recibirán directamente los recursos provenientes del exterior; éstos se canalizarán mediante las instituciones oficiales. El primer efecto de este cambio fue el retiro de la uruguaya Silvia Rucks, representante del Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD), el inminente cierre de al menos cinco proyectos ejecutados por esta instancia y su considerable reducción de personal. La voz cantante durante el encuentro en la Cancillería la tuvo el procurador general, Hernán Estrada, quien estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, Iván Acosta, y la recientemente nombrada secretaria de Cooperación Externa, Arlette Marenco. Los tres arguyeron acciones soberanas del gobierno de Nicaragua para fundamentar la decisión, narró un diplomático europeo presente en la reunión. Sin muchos preámbulos los funcionarios informaron que los proyectos de cooperación se ejecutarían a través de las instituciones gubernamentales. Argumentaron tener la capacidad para ejecutar los programas sin intermediarios, hablaron sobre los logros gubernamentales, la reducción de la pobreza y concluyeron la reunión sin darles a sus interlocutores la oportunidad de pedir u ofrecer explicaciones. Lo anterior constituye el más reciente capítulo de la intrincada relación entre el gobierno de Nicaragua y los cooperantes extranjeros. Catorce días después del anuncio gubernamental, el PNUD emitió un comunicado informando de los cambios: “En el contexto de una nueva política de gestión de la cooperación internacional se ha considerado pertinente un cambio en el liderazgo del PNUD para facilitar la transición a un Programa ONU que responda al modelo de cooperación recientemente adoptado por el país”, indicó. Y fue entonces cuando en Nicaragua se supo abiertamente del cambio. Hasta la fecha, ningún funcionario ha explicado las razones ni detallado los efectos que tendrá ese nuevo modelo. Para Ana Quiros, directora ejecutiva del Centro de Información y Servicios en Asesoría y Salud, organización con trayectoria desde hace más de dos décadas, el nuevo modelo con el que se gestionará la cooperación y su inmediato efecto en el PNUD brinda una señal negativa a la comunidad internacional. “Es como un suicidio --calificó Quiros--. Que el PNUD cierre operaciones es la peor señal del mundo (que puede enviar el gobierno); esa señal corre como pólvora”. Desde la asunción al poder de Ortega, en 2007, la cooperación extranjera se ha visto reducida drásticamente. Sin embargo, la situación se ha agravado desde 2011, cuando Ortega fue reelecto para cinco años más. Desde entonces, las ONG críticas sobreviven con dificultad por el retiro de patrocinadores europeos y por un virtual ahogo financiero promovido por el Ejecutivo nicaragüense. Tal es el caso de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), fundada en 1977, que sobrevivió a la dictadura somocista pese a ser uno de sus principales críticos dentro y fuera del país y, sin embargo hoy, 38 años después, este organismo defensor que ha alzado su voz contra los abusos cometidos por el gobierno de Ortega y por las autoridades policiales y militares, ha visto reducida su presencia territorial a la mitad, por falta de financiamiento. Pablo Darce, director de proyectos de la CPDH, explica a Apro que después de que Suecia dejara de cooperar con Nicaragua tras 30 años de apoyo, se le ha dificultado el acceso a los fondos de los cooperantes. “Hemos notado que ha habido una influencia significativa de las instancias del gobierno relacionadas con la cooperación externa, sobre los fondos disponibles”, agrega Darce, refiriéndose a la Cancillería. Darse dice que la CPDH ha podido acceder a fondos de otros países de Europa y por incidencia directa del gobierno esto no ha podido concretarse. “Proyectos que tienen que ver con liderazgo, defensoría, empoderamiento de los derechos económicos de las mujeres, que en cierto momento habían tenido una preaprobación del donante, luego no fueron aprobados. Lo que supimos es que había habido una influencia directa del gobierno sobre esa decisión”, explica Darce, sin revelar nombres o cargos de los funcionarios públicos implicados. Castigo por oponerse A través de una campaña mediática, la CPDH ha solicitado al Ejecutivo el cierre inmediato de las celdas de máxima seguridad de la Dirección de Auxilio Judicial, adscrita a la Policía Nacional y conocidas como El Chipote, arguyendo que allí se han dado casos de tortura. También contabiliza casos de violaciones a los derechos humanos y da acompañamiento a las víctimas. Cada año atiende entre 700 y mil denuncias, la mitad de los que atendía cuando funcionaban en seis departamentos del país. “Nuestra capacidad de acción, si lo comparamos con 2007, está prácticamente reducida en 60%”, detalla Darce. El caso de la Coordinadora Civil, que agrupa a poco más de 300 organizaciones, no dista mucho del de la CPDH. Luisa Molina, enlace de esta red, indica que en los primeros años de gobierno de Ortega (2007-2011) “de manera verbal le decían a los organismos internacionales que cooperaban con la Coordinadora Civil que si proporcionaban fondos, esto iba a ser considerado para desestabilizar el país; entonces los organismos internacionales fueron adoptando medidas, entre ellas no usar el término ‘gobernabilidad democrática’”. “Las palabras ‘defensa de la soberanía’, ‘construcción de ciudadanía’, ‘derechos humanos’ están prohibidas en los proyectos en estos momentos. El gobierno hizo una lista de organizaciones, de 17 a 20 estaban ahí, y acudieron a los cooperantes para que los fondos fueran destinados a organizaciones aliadas a ellos. A estas alturas, la Coordinadora Civil no cuenta con ningún fondo y su sostenibilidad política la hace a través del voluntariado de sus miembros”, dice Molina. Una muestra: en 2011 el gobierno se negó a firmar un acuerdo con Dinamarca para instaurar el Programa de Apoyo a la Democracia, Gobernabilidad y Acceso a la Justicia, que implicaría la llegada de 18 millones de dólares. De esa forma, perjudicó a municipalidades y sobre todo a organismos de la sociedad civil dedicados a fiscalizar los procesos electorales, como Ética y Transparencia y el Ipade, y a otros que abordan temas referidos a la construcción de ciudadanía y gobernabilidad. Eso motivó que la cooperación danesa se retirara un año antes de lo previsto. El origen Para entender cómo se inició este desencanto entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil es preciso remontarse a 2007. La propia versión oficial sobre el comportamiento del gobierno la dio el mandatario nicaragüense en plaza pública en noviembre de ese año. Ortega dijo que la sociedad civil organizada se había convertido en un partido político al servicio de Estados Unidos. “Se han convertido en el partido político de las fuerzas extremistas del imperio, que siguen siempre con sus políticas injerencistas y son los que los financian. El mismo embajador norteamericano ha aceptado que ellos financian a esta gente. Son grupos minoritarios que no tienen derecho a decir que ellos representan al pueblo. ¡No! Ellos representan a determinado grupo y tienen el derecho de pensar como quieran; tienen el derecho de despreciar al pueblo, a los pobres, ¡porque ellos desprecian a los pobres y al pueblo!”, exclamó el mandatario. Las presiones llegaron a tal punto que varias líderes feministas fueron acusadas de lavado de dinero, y autoridades judiciales irrumpieron en las oficinas de organismos como el Movimiento Autónomo de Mujeres. Ninguna de las dos causas prosperó, pero el mensaje de intimidación fue recibido. “Cuando se inicia el gobierno de Daniel Ortega, él viene por un lado con un afán de control político y económico y, por otro, viene sintiendo que las organizaciones de sociedad civil, en especial las de mujeres, le tienen un pendiente por el caso de Zoilamérica, porque han estado de manera sistemática denunciando la situación”, explica Ana Quiros. Zoilamérica Ortega Murillo, hijastra de Ortega, denunció públicamente en 1998 que desde los 11 años había sido violada por el mandatario. Aunque lo acusó formalmente en los juzgados, la causa no prosperó y fue sobreseída porque había caducado. Además de eso, Quiros recordó que en octubre de 2006 y en vísperas electorales, se dio una confrontación fuerte entre el Frente Sandinista y los movimientos de mujeres. “Ocurrió por la penalización absoluta del aborto. A las organizaciones se nos dice que es transitorio, que es para ganar las elecciones, pero una vez en el poder dicen que es serio, que no hay vuelta atrás”. Desde 1893 las nicaragüenses podían practicarse un aborto terapéutico, pero en las vísperas electorales de 2006, 52 diputados liberales y sandinistas, por presión de las iglesias Católica y Evangélica, penalizaron esta práctica y establecieron penas de hasta cuatro años de cárcel para quienes se practiquen un aborto terapéutico y para los médicos que lo hagan. “El gobierno ha aumentado las medidas de control, incluso de forma muy discrecional en algunos casos, y al mismo tiempo ha estado con una guillotina encima de la cabeza de los cooperantes. Y los cooperantes, que han perdido, digamos, la pasión por Nicaragua que adquirieron años atrás, empezaron a decir, sobre todo los gobiernos, que en otros países les sale más fácil (canalizar la cooperación). Y se han ido. Para contraponer lo que pasa en Nicaragua tenemos el caso de El Salvador”, agrega Quiros. Haydeé Castillo, directora del Instituto de Liderazgo de las Segovias, en el norte del país, sostiene que la situación es tal que están desapareciendo “cooperativas, organizaciones de mujeres y, sobre todo, las organizaciones más cercanas al territorio que trabajan temas vinculados a ciudadanía, defensa de los derechos humanos, gobernabilidad y participación ciudadana. “En realidad la mayoría de las organizaciones de mujeres estamos autofinanciando nuestras actividades”, añade. Los gastos de las reuniones de las organizaciones feministas, detalla, son asumidos por sus líderes. “Estamos apoyando las acciones de prevención hacia la violencia, brindando orientación gratuita. Las mujeres que son psicólogas hacen voluntariado y prestan los servicios. Igual ocurre con las abogadas, ellas brindan asesoría legal gratuitamente. “Eso se hace casi en todos los departamentos. Las redes de organizaciones están en todo el país y estamos en esa misma situación. Algunas pueden tener financiamiento pero no son la mayoría.” Este año, agrega la dirigente feminista, está previsto que el organismo Kepa Finlandia se retire del país. “Ellos hacen un trabajo importante en prevención y protección ambiental, dan seguimiento al impacto de los Tratados de Libre Comercio en grupos vulnerables. A nosotros nos apoyaban en procesos de diálogo con el Sistema de Integración Centroamericana, en promover los derechos de las mujeres. ¿Quiénes pierden? Las mujeres, que tienen menos poder. Eso repercute en el debilitamiento del diálogo ciudadano con sus autoridades, en la capacidad de incidencia y construcción de ciudadanía”, subraya Castillo. Si bien las ONG son las perjudicadas más visibles por la escasez de cooperación, Elvira Cuadra, quien está al frente del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, considera que la mayor afectada es la población beneficiaria. “Las ONG se ven afectadas en su programa de cooperación, pero en realidad tienen algunos recursos que les permiten sobrellevar la situación”. “El aporte de las ONG no es menor ni se puede subestimar. Todo el trabajo de atención a víctimas de violencia lo hacen fundamentalmente las ONG. Muchos de los servicios de protección a niños y jóvenes en riesgo son una de las funciones de las ONG”, expresa Cuadra. Datos del Banco Central de Nicaragua indican que en 2007 las donaciones al sector público rondaban los 266.1 millones de dólares, cifra muy superior a la registrada en 2014, de 74.2 millones. Las donaciones al sector privado bajaron de 149 millones de dólares en 2007 a 44.3 millones en 2014. Ya no se reportan donaciones de países como Dinamarca, Holanda, Finlandia, Suecia, Noruega y Austria. En 2007 se estimaba que existían cinco mil ONG registradas en el Ministerio de Gobernación de Nicaragua; a la fecha se desconoce cuántas han cerrado. “Creo que el gobierno tiene que reflexionar y además entender que cuando desde la sociedad civil criticamos, es porque estamos obedeciendo a la Constitución y haciendo lo que ellos hicieron con los gobiernos liberales, cuando eran oposición. Nosotros no estamos en contra de, sino a favor del desarrollo, de resolver estructuralmente la pobreza. Nicaragua necesita diálogo social y político”, concluye Haydeé Castillo.