Madrid, 6 de octubre (apro).- Como parte del llamado caso Nóos, el próximo 11 de enero la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, se sentará en el banquillo de los acusados por dos delitos fiscales. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares anunció que ese día inicia el juicio oral por esa trama de corrupción en la que también tendrán que rendir cuentas el marido de la infanta, Iñaki Urdangarín, y otras 16 personas. En el fallo de 91 páginas se dispone que la petición de la defensa de Diego Torres, socio de Urdangarín, para que declarara el rey Felipe VI, no fue admitida. Los magistrados argumentan que el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España dispone expresamente que el rey está exento de la obligación de prestar declaración. El rey, establece la norma, es inimputable y, por tanto, no puede ser enjuiciado y tampoco tiene obligación de ofrecer una declaración de este tipo. La defensa del socio de Urdangarín también pedía la comparecencia del rey emérito Juan Carlos de Borbón; de su esposa, la reina Sofía; de la infanta Elena y su exmarido Jaime de Marichalar; de Pilar de Borbón (tía del actual rey), y de Irene de Grecia y Dinamarca, hermana de la reina Sofía. La pretensión era acreditar que la Casa Real estaba al corriente de las actividades desplegadas por el Instituto Nóos, que encabezó Urdangarín. El juez José Castro, instructor del caso que le llevó cinco años de investigación, desde que encontró los primeros indicios de delito, imputó a la hermana del monarca en abril de 2013, cuando aún la Corona estaba en poder de Juan Carlos I. La infanta formaba parte de la junta directiva del Instituto Nóos, el organismo clave en la trama corrupta y por la que se investigó e imputó al Duque de Palma y a su exsocio Diego Torres. El juez Castro señaló a la infanta como “cooperadora necesaria” en los delitos cometidos por los dos citados. La fiscalía Anticorrupción solicitó en el escrito de acusación 19 años y medio de cárcel para Urdangarín y 16 y medio para Torres, por encabezar la trama empresarial con la que lograron acceder de forma “directa e inmediata” a fondos públicos manejados por gobiernos locales y regionales, eludir los requisitos exigidos por la normatividad de contratación pública y desviar hasta 6.2 millones de euros de las arcas de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid. Para la infanta, el fiscal pide que haga frente –junto con su marido– a una fianza de responsabilidad civil de más de 587 mil euros. Considera que no existen indicios de haber cometido delito, pero sí de aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Udangarín a través de una sociedad mercantil “pantalla”: Aizóon.