MÉXICO, DF (apro).- El endurecimiento de los operativos de contención de migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica –Honduras, El Salvador y Guatemala– que generó el Programa Frontera Sur recibió el apoyo de las autoridades estadunidenses y desembocó en violaciones a los derechos humanos de los indocumentados, según un informe que publicó la Oficina de Washington para América Latina (WOLA). El 7 de julio de 2014, recordó WOLA, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el arranque del Programa Frontera Sur, una semana después de que Barack Obama solicitó al Congreso estadunidense el desbloqueo de fondos excepcionales por la “situación de emergencia humanitaria” ante la llegada masiva de menores no acompañados originarios de Centroamérica a su territorio. Desde esta fecha, varios políticos y militares estadunidenses insistieron en la necesidad de colaborar con México para detener a los migrantes desde la frontera con Guatemala. “Si pudiéramos cerrar la frontera de México, resolveríamos el 99% de nuestros problemas aquí”, declaró el diputado republicano Michael McCaul, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes estadunidense en verano de 2014. Con base en las declaraciones de varios funcionarios estadunidenses, WOLA estimó que Estados Unidos entregó fondos para el Programa Frontera Sur, que canalizó a través de programas antidrogas, “a pesar de una transparencia limitada respecto a los montos, las unidades receptoras, los equipos y el entrenamiento”. En julio de 2014 un consejero del Departamento de Estado declaró ante una comisión del Senado: “Estamos trabajando para proveer apoyo a México en su iniciativa de la frontera sur e intentaremos proveer 86 millones de dólares a los fondos del programa de Control Internacional de Narcóticos (INL, por sus siglas en inglés)”. En abril pasado William Brownfield, el secretario de este programa, dijo a un subcomité de la Cámara de Representantes: “Este año destinaré 90 millones de dólares de los programas del INL en la frontera sur de México”. Para el próximo año, la cancillería estadunidense solicitó 14 millones de dólares con el fin de “apoyar el reforzamiento de las fronteras de México, con una atención especial sobre su frontera sur, con inspecciones no intrusivas, equipo de comunicación y el entrenamiento relacionado”. Asimismo, entre septiembre de 2014 y agosto de 2015 las autoridades estadunidenses dieron 19 mil 473 capacitaciones al personal del INM y a ciertos agentes de las fiscalías especiales de atención a migrantes. Sin embargo, WOLA observó que “las autoridades estadunidenses insisten que el Programa Frontera Sur no fue una respuesta a la presión de Estados Unidos”, pero añadió que “los esfuerzos de México se concentraron en detener y deportar migrantes, lo que sugiere fuertemente que Estados Unidos alentó o presionó a México en incrementar sus esfuerzos de contención”. Para poner en marcha su plan de contención migratoria, el INM reubicó a cerca de 300 agentes de otras delegaciones hacia la frontera sur, con los cuales incrementó los operativos de control móviles –las “volantas”–, instaló nuevos retenes en las carreteras chiapanecas y erigió varios Centros de Atención Integral de Tránsito Fronterizo (CAITF), a los que WOLA califica de “súper retenes del tamaño de pequeños centros comerciales”. WOLA recordó que entre octubre de 2014 y septiembre de 2015, la cifra de detenciones de migrantes centroamericanos en México se disparó en un 67%, mientras que los operativos –a veces llevados a cabo en conjunto por agentes del INM y de la Policía Federal– se turnaron “bastante violentos” con la creciente utilización de “tasers” y otras armas no letales. En los primeros nueve meses del año, las autoridades mexicanas deportaron a más de 118 mil migrantes centroamericanos, superando la cifra total de 2014, cuando retornaron a 105 mil migrantes. El INM concentró parte de sus operativos en alejar a los migrantes del tren –en general de manera violenta. En paralelo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció un plan de inversión de más de seis mil millones de pesos hasta 2018 para modernizar las vías y aumentar la velocidad del tren, con el objetivo de “mitigar los distintos problemas sociales asociados con la baja velocidad del tren”, entre otros. Por lo anterior, precisó WOLA, actualmente “La Bestia corre vacía”. “Las redadas y los operativos para impedir a los migrantes montar sobre los vagones del tren de carga conocido como La Bestia fueron las acciones policiacas más agresivas y visibles del Programa Frontera Sur”, señaló WOLA, al subrayar que las compañías ferrocarrileras –Grupo Ferrovial Mexicano (Ferromex) y Ferrocarril del Sureste (Ferrosur)– contrataron empresas de seguridad privada. De acuerdo con WOLA, si bien la presencia de agentes de la Policía Federal en la frontera sur se incrementó en proporciones “modestas”, entre septiembre de 2014 y mayo de 2015 la institución detuvo a cuatro mil 553 migrantes. El gobierno federal también desplegó a 100 integrantes de la Gendarmería Nacional en la región. Resultado de lo anterior, los migrantes adoptaron nuevas rutas terrestres y marítimas, más peligrosas y aisladas de la red de albergues instaladas en algunos puntos de la ruta “tradicional”. Los más pobres tienen que caminar por las vías del tren, dónde se convierten en presas vulnerables para bandas de asaltantes de la zona. Con ello se incrementó el número reportado de crímenes contra migrantes, tanto por parte de civiles como de agentes públicos, señaló WOLA, al resaltar que en los primeros ochos meses de 2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 511 quejas por agresiones de migrantes por parte de funcionarios del INM, 61 más que en todo 2014. “México requiere una mayor presencia de agentes, policías e investigadores criminales bien capacitados y no corruptos en la zona sureña”, recomendó WOLA, al añadir que el gobierno federal debería “reforzar sus procedimientos de asilo”. Pese a las decenas de miles de migrantes centroamericanos a los que las autoridades migratorias detienen en su tránsito por el país, apenas unos cientos –413 en 2014 y cerca de 400 en los primeros siete meses de 2015– consiguieron el estatuto de refugiado. Según WOLA, en general los agentes del INM no informan a los migrantes detenidos de sus derechos a solicitar el refugio, o les desalientan a iniciar un trámite, mientras que la quincena de funcionarios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se encuentra desbordada por el número de solicitudes de asilo. La semana pasada, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) organizó un foro regional sobre migración, a lo largo del cual distintas organizaciones y académicos expresaron sus preocupaciones y sus críticas contra la estrategia de contención de la migración que conllevó el Programa Frontera Sur y la criminalización de los migrantes en México. Los especialistas también subrayaron la contradicción en la política migratoria mexicana, que por un lado reivindica los derechos humanos de los migrantes y por otro lado niega solicitudes de asilo o pone a los migrantes a merced de las redes del crimen organizado. Representantes del gobierno federal, por su parte, subrayaron que las acciones de contención migratoria no forman parte del Programa Frontera Sur, ya que éste fue concebido como una estrategia de desarrollo económico a escala regional. Negaron con firmeza que el gobierno estadunidenses ejerció presión para su implementación –pues lamentaron la falta de recursos– y reiteraron que las detenciones y deportaciones sistemáticas son asuntos del INM. Sin embargo, la violencia y la pobreza siguen afectando a los habitantes del Triángulo Norte de Centroamérica y este año, El Salvador podría registrar la mayor tasa de homicidio registrada en toda América. Por su parte, el número de menores de edad no acompañados detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos se incrementó entre enero y agosto de 2015, y declinó levemente entre agosto y septiembre. “Aunque los problemas siguen sin resolver, la sensación de emergencia se fue de Washington, debido principalmente a los desarrollos del lejano sur de México, a su frontera con Guatemala, que empezaron con el clímax de la ‘ola’ de 2014. Con la insistencia y la asistencia de Estados Unidos, México aceleró sus operativos de detención en su zona fronteriza”, planteó WOLA. “Aprecio mucho los esfuerzos de México en enfrentar el problema de los niños no acompañados que llegó a su colmo en verano pasado”, declaró por su parte Barack Obama en enero de 2015.