MÉXICO, DF (apro).- Si bien en 1988 el gobierno de Estados Unidos concibió el Programa de Extranjeros Criminales (CAP, por sus siglas en inglés) como una forma de expulsar del país a los no nacionales con antecedentes penales graves, en la década pasada lo utilizó para deportarlos de manera masiva –la mayoría mexicanos— aún sin haber cometido delito alguno, expuso hoy el Consejo Americano de Inmigración (AIC, por sus siglas en inglés). Al analizar información obtenida por el sistema de transparencia sobre este programa poco conocido, los académicos del AIC observaron que de los 508 mil extranjeros deportados entre 2010 y agosto de 2013 por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), cerca de 400 mil eran mexicanos. También descubrieron que solamente 3% del total –87 mil 426–cometieron delitos violentos y que la Agencia de Investigación Federal (FBI, por sus siglas en inglés) considera “serios” los delitos de homicidio, violación, asalto, robo de vehículo, incendio criminal, secuestro, agresión, uso de armas de fuego y robo. En cambio, las propias autoridades clasificaron a 27.4% de los extranjeros que expulsaron a través del CAP durante el mismo periodo como “no definidos criminales”, es decir que no contaban con antecedentes penales en los registros. De mismo modo, entre 2010 y 2013 el programa expulsó a 45 mil 236 personas (8.9% del total) por cometer delitos considerados “no violentos” por el FBI, a 61 mil 878 (12.2%) por posesión de droga, 68 mil 849 (13.6%) por conducir en un estado alterado, 30 mil 359 (6%) por infracciones de tránsito o 22 mil 775 (4.5%) por el delito de “Inmigración”. A raíz de sucesivos endurecimientos de los criterios que justifican una deportación en el CAP y de los incrementos a su presupuesto –de 6.6 millones de dólares en 2004 a 322 millones en 2015–, el programa se convirtió en el principal mecanismo a través del cual ICE expulsa personas del interior del país, subrayó el AIC. “Entre las dos terceras partes y las tres cuartas partes de las expulsiones individuales que lleva a cabo ICE en el interior de Estados Unidos se hacen mediante el CAP, la enorme mayoría de ellas en cooperación con las autoridades locales y estatales”, insistió. Los académicos mostraron su preocupación ante la cantidad desproporcionada de mexicanos y centroamericanos afectados por el programa: además de los 396 mil 629 mexicanos, 70 mil de los expulsados a través del programa entre 2010 y 2013 provenían del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. Si bien la población originaria de México y del Triángulo Norte de Centroamérica contaba en 2013 por 48% de la población de Estados Unidos nacida en el extranjero, alcanzó 92% de las personas expulsadas a través del programa. La proporción de mexicanos en el total de expulsiones a través del programa rebasa en 39% la proporción de mexicanos en la población extranjera de Estados Unidos. El informe subrayó que los antecedentes criminales de los expulsados mexicanos y centroamericanos tienen un padrón similar al de los extranjeros originarios de otros países. Precisó que “nuestros datos despiertan una preocupación respecto a las disparidades raciales en las detenciones que desembocan en acciones migratorias”. El texto añade que “una investigación más profunda es necesaria para explicar por qué nacionales de ciertos países tienden a ser sobre representados en las expulsiones”. Comparativos El gobierno de Texas deportó a 18 mil 513 extranjeros a través del programa –de los 2 millones 791 mil extranjeros que habitan el estado–, por lo que la tasa de expulsión se elevó a 6.6 por mil residentes no ciudadanos. En Nueva York, donde viven poco más de 2 millones de extranjeros, esta tasa apenas alcanzó el 1.1 por mil. Lo mismo ocurrió en Arizona y Colorado, donde las autoridades deportaron a 6.6 y 6.3 de cada mil extranjeros, respectivamente; tres veces más que en los estados de Carolina del Norte o Nevada, de poblaciones extranjeras más o menos equivalentes. En el caso de Misisipi, Wyoming o Virginia del Oeste –en los que viven apenas 44 mil, 12 mil y 14 mil extranjeros, respectivamente–, las tasas de expulsión rebasaron 10 por mil extranjeros. El informe estimó que la cooperación más estrecha entre ciertas autoridades locales y la administración federal, el distinto acceso a las cárceles según los estados o la capacidad en los diversos centros de detención del ICE podrían explicar esta disparidad en los esquemas de expulsión. Recordó que las autoridades locales denunciaron a 91.8% de los extranjeros al CAP.