WASHINGTON (apro).– El presidente Barack Obama envió este viernes a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos su pedido de apelación respecto del fallo de la Corte Federal de Apelaciones de Louisiana que congeló la entrada en vigor de su orden ejecutiva para regularizar el estatus laboral y de residencia de unos cinco millones de inmigrantes indocumentados. El Departamento de Justicia precisó que entregó el pedido del presidente a la Corte Suprema para revisar la decisión de la Corte Federal y aborde el tema en su periodo de sesiones actual, antes de concluya el segundo mandato de Obama. Exactamente un año después de que el presidente de Estados Unidos emitiera la orden ejecutiva que otorgaba permisos de trabajo y de estancia en el país a unos cinco millones de inmigrantes indocumentados la disputa migratoria queda en manos de los nueve magistrados de la Corte Suprema. En febrero de este año a unas semanas de que se instrumentara la orden ejecutiva, una Corte federal en el estado de Texas interpuso su autoridad judicial a nombre de 26 de los 50 estados de la Unión Americana para suspender la puesta en marcha de la medida bajo el argumento de que el poder ejecutivo estaba violando los derechos constitucionales y autónomos de los estados. Los estados apuntaron que no podían acotar la medida debido a los costos que les implicaría la instrumentación de la regulación temporal del estatus de residencia y laboral de los inmigrantes indocumentados. Por su parte el partido republicano calificó la orden ejecutiva como una imposición unilateral de Obama para crear una amnistía a favor de los indocumentados con fines político-electorales a favor de su partido: el demócrata. La Casa Blanca apeló el fallo de la Corte federal de Texas ante la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nuevo Orleans, Louisina. El pasado martes 10 de noviembre la Corte federal en Nuevo Orleans reafirmó la suspensión de la entrada en vigor de la orden ejecutiva convalidando con ello el argumento de los 26 estados demandantes. “Se entregó la petición del presidente de revisar la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito”, indicó una vocera del Departamento de Justicia en referencia a la entrega a la Corte Suprema de la petición del presidente Obama. La intervención de la Corte Suprema en el debate migratorio sin duda tendrá tintes político-electorales tomando en cuenta que el próximo año habrá elecciones presidenciales y generales en los Estados Unidos. El tema de la regularización de los 11 millones inmigrantes indocumentados que se estima viven y trabajan en Estados Unidos es un tema candente entre los aspirantes a la nominación presidencial tanto del partido republicano como el demócrata. Donald Trump, el multimillonario empresario que aspira a la nominación presidencial republicana mantiene una posición radical respecto del tema migratorio que ha exacerbado la posición del sector conservador de la sociedad estadunidense para con los inmigrantes indocumentados, especialmente los de origen mexicano. Trump considera que los migrantes mexicanos son criminales, violadores y narcotraficantes. El magnate de la industria de la construcción propone deportar a todos los inmigrantes indocumentados y obligar al gobierno de México a contribuir con el financiamiento para la construcción de un muro a todo lo largo de los más de tres mil kilómetros de la frontera sur de los Estados Unidos. La posición racista de Trump no es compartida por otros aspirantes a la nominación presidencial republicana como Marco Rubio y Jeb Bush, por ejemplo. No obstante el sentimiento antiinmigrante de Trump es compartido por un amplio sector de la sociedad estadunidense. El multimillonario se mantiene hasta ahora al frente de las encuestas de preferencia electoral entre los votantes afiliados al partido republicano. Para evitar mayores controversias por el tema migratorio en las próximas elecciones que se celebraran el martes 1 de noviembre de 2016 Obama envió su solicitud de revisión a la Corte Suprema. En el actual periodo de sesiones del magistrado supremo los nueve jueces podrían revisar el pedido presidencial a partir del próximo mes de abril y de ser ese el caso emitir un fallo en junio de 2016. Una decisión antes de noviembre del próximo año es el escenario más favorable que busca la Casa Blanca. De no ocurrir esto la medida migratoria quedaría en el limbo y sólo podría eliminarla el candidato que resulte ganador de los comicios presidenciales. Con otra orden ejecutiva para anular la de Obama el destino laboral y de residencia de los 11 millones de inmigrantes indocumentados recaería de nuevo en el Congreso federal que desde hace 14 años no ha logrado definir un proyecto de ley para reformar el sistema migratorio que sea del agrado de la Cámara de Senadores y la de Representantes.