BOGOTÁ (apro).- El expresidente colombiano Ernesto Samper y su exministro del Interior, Horacio Serpa, responsabilizaron a “sectores de la derecha” del magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, y anunciaron una demanda judicial contra los familiares de la víctima, quienes los vinculan a ese asesinato ocurrido el 2 de noviembre de 1995. En un comunicado divulgado anoche, el actual secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el hoy senador Serpa destacaron que en los últimos días los familiares de Gómez Hurtado han hecho declaraciones “calumniosas y delirantes” contra ellos, mismas que pondrán a consideración de la justicia. En la edición No. 2035 de la revista Proceso que circula esta semana, en un texto titulado Prescripción de un magnicidio, el abogado Enrique Gómez Martínez, sobrino de Gómez Hurtado, señala que de acuerdo con testimonios judiciales y con las investigaciones que ha desarrollado durante los últimos ocho años, Samper y Serpa “mandaron a matar” a su tío para librarse de su principal opositor en momentos en que ambos eran investigados por el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial que los llevó al poder en 1994. Samper, un político del Partido Liberal que gobernó Colombia entre 1994 y 1998, y Serpa, su ministro del Interior en ese periodo, fueron implicados en ese magnicidio por el narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, ‘Rasguño’, que cumple una condena de 30 años de prisión en Estados Unidos y quien en 2010 rindió una declaración judicial en Washington sobre el asesinato de Gómez Hurtado. El pasado lunes 2, el homicidio del dirigente conservador cumplió 20 años y llegó al plazo de prescripción, aunque el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, dijo que la causa permanecerá abierta hasta marzo de 2022, porque en ese crimen pueden estar involucrados exfuncionarios públicos y exmilitares. Para Gómez Martínez, la decisión de Montealegre es una “cortina de humo”, porque cualquier causa en Colombia prescribe a los 20 años, según la Constitución, y lo único que garantizaría la imprescriptibilidad de ese magnicidio es que fuera declarado como un crimen de lesa humanidad, lo cual ha rechazado la Fiscalía con el argumento de que no fue parte de un ataque sistemático contra un grupo específico. En el comunicado divulgado anoche, Samper y Serpa afirmaron que a pesar de “todas las evidencias en contrario aparecidas en los últimos años (los familiares de Gómez Hurtado) se empeñan en convertir en un crimen de Estado lo que fue un magnicidio organizado por sectores de la derecha para desestabilizar el gobierno de la época”. Y advirtieron que “como la familia Gómez persiste en torcer la verdad, acudiremos a la justicia para solicitar que se averigüen las razones por las cuales estas personas insisten irresponsablemente en desencaminar la investigación, propalando falsedades a las que se ofrece mayor eco que a las evidencias del proceso”. El abogado Gómez Martínez, representante de la familia Gómez en la causa penal por el magnicidio, espera que Samper y Serpa presenten en la Fiscalía una demanda por calumnias contra él y su primo, el periodista Mauricio Gómez Escobar, hijo del asesinado dirigente del Partido Conservador y quien defiende los resultados de las investigaciones de la familia. “Si tengo que ir a juicio, nos veremos ahí, y tendré la oportunidad de presentar en detalle todo el material probatorio que he reunido durante una investigación de ocho años. Samper y Serpa ya están en una fase de amenaza y lo que quieren es el silencio de nosotros y de la prensa, no sólo la impunidad judicial”, dijo Gómez Martínez a Proceso. De acuerdo con el abogado, la única posibilidad de que Colombia y la familia Gómez conozcan la verdad del homicidio de su tío es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admita y dé curso a una solicitud presentada el año pasado para que declare la imprescriptibilidad de la acción penal del magnicidio por tratarse de un crimen de lesa humanidad. Además, para que ordene al Estado colombiano practicar con celeridad las pruebas que sean necesarias para esclarecer de forma eficaz las responsabilidades del homicidio y asegurar la protección de los testigos vinculados al proceso ya que al menos cuatro de ellos han sido asesinados desde 1998. La semana anterior, durante una visita a Washington, sede de la CIDH, el fiscal Montealegre dijo que la institución a su cargo retomará la hipótesis de la participación de militares en el magnicidio del dirigente conservador y anunció que llamará a declarar a oficiales retirados de las Fuerzas Armadas, como el general Rito Alejo del Río, procesado por nexos con paramilitares y masacres de población civil. En el pasado, la Fiscalía desarrolló la hipótesis de que la muerte de Gómez Hurtado obedeció a que un grupo de militares lo invitó a participar en un golpe de Estado contra Samper, a fin de que encabezara un gobierno de transición, pero como éste se apartó del plan fue asesinado por los mismos oficiales golpistas. Para Gómez Martínez, esta es una línea de investigación que fue imposible sustentar judicialmente, porque fue urdida por los asesinos para desviar la investigación y encubrir a los responsables. El jurista Alfonso Gómez Méndez, quien fue fiscal general de Colombia entre 1997 y 2001, señala que durante la investigación del asesinato de Gómez Hurtado que se desarrolló en su gestión, nunca encontró “ninguna prueba ni indicio que apuntara” a Samper o a Serpa. El exfiscal, considerado cercano al círculo político de Samper, es partidario de que el magnicidio del dirigente conservador sea declarado crimen de lesa humanidad para evitar su prescripción y llegar al fondo del asunto. “Si se ha hecho en otros casos (como los magnicidios de Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro) no habría ninguna razón para no hacerlo en éste. Lo que no estaría bien es que simplemente se amplíe el término de prescripción, como ha ocurrido en otros casos, pero finalmente no se haga nada”, señala.