Nicaragua: la lucha de Leslie por despenalizar el aborto terapéutico

viernes, 6 de noviembre de 2015 · 23:02
Managua (apro).- Hace cinco años Leslie Briceño se resignó a la idea de morir. Estaba embarazada, pero no podía llevar a término la gestación porque el embrión se encontraba fuera del útero. Tenía lo que se denomina un embarazo ectópico. Un consejo médico decidió no extraerle el feto porque cuatro años antes se había penalizado en Nicaragua todo tipo de interrupción del embarazo, convirtiendo a este país centroamericano en uno de los cinco en el mundo que no permiten el aborto, ni cuando la vida de la madre está en riesgo. Por esa razón, Briceño –de 37 años de edad y periodista de profesión– y otras 14 personas recorrieron el país en busca de 6 mil firmas que respaldaran la presentación de una iniciativa de ley para restituir la interrupción del embarazo cuando la madre está en peligro de muerte, como fue su caso. Después de varios meses, finalmente el pasado 6 de octubre Briceño presentó una iniciativa de ley en la Asamblea Nacional, reabriendo el debate sobre la despenalización del aborto terapéutico. Luego de tres horas de exhaustiva revisión del anteproyecto de ley en la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, dominada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la iniciativa entró a la tubería parlamentaria. Hasta la fecha no ha sido enviada a ninguna comisión para su respectivo dictamen. El anteproyecto, denominado ‘Ley Especial para la interrupción del embarazo por causas de salud’, contiene 15 artículos, y establece que no es “punible la interrupción del embarazo por causas de salud, en las condiciones y circunstancias previstas y reguladas en la presente ley”. Dicha ley estipula cuatro circunstancias: complicaciones obstétricas potencialmente graves o graves que pueden provocar un daño en la salud o la vida de la mujer; enfermedades sistémicas que se inician o son preexistentes y que se agravan con el embarazo; productos (embrión o feto) que presentan anomalías congénitas incompatibles con la vida, y embarazos que sean resultado de la violencia sexual. En su exposición de motivos, Briceño plantea que “no puede negarse que en Nicaragua existe un avance normativo significativo en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, y a pesar de ello es necesario insistir en la necesidad de contar con una regulación que brinde especial protección al derecho a la vida de las mujeres, el cual se vulnera cuando se penaliza de forma absoluta la interrupción del embarazo. Esta penalización sin excepciones, en vez de proteger la vida, la pone en grave riesgo”. El artículo nueve de la iniciativa de ley contempla que “la interrupción del embarazo por causas de salud debe ser determinada por un comité médico que se integre por tres profesionales de la medicina autorizados por el Ministerio de Salud, y de los cuales al menos uno debe ser gineco-obstetra. Dicho comité deberá contar con dos miembros suplentes”.   Así fue Con 52 votos a favor y ninguno en contra, en vísperas de las elecciones presidenciales celebradas en noviembre de 2006, fue derogada la figura del aborto terapéutico, vigente en el artículo 165 del Código Penal aprobado en 1975. Desde 1837 se estableció en Nicaragua por primera vez el aborto como indicación médica con el fin de salvar la vida de la madre. Datos del libro de Actas del Comité de Ética del hospital Berta Calderón, centro especializado de referencia nacional para atención de las mujeres, citados por el Grupo Estratégico por la Despenalización de Aborto Terapéutico, indican que entre 1990 y 2003 las principales causas por las que se aprobó la interrupción del embarazo estaban la rubéola, problemas de salud mental, tuberculosis, varios tipos de cáncer, cardiopatías, neurologías, violación, exposición a radiación y malformación fetal. El informe agrega, asimismo, que entre las principales razones para denegar la solicitud de aborto figuraba la edad gestacional mayor a la establecida para realizar el procedimiento. Pese a eso, diputados de izquierda y de derecha votaron juntos el 26 de octubre de 2006, complaciendo de esta forma la solicitud de las Iglesias católica y evangélica, que entonces organizaron marchas denominadas “a favor de la vida”. En los últimos nueve años, organizaciones de derechos humanos y feministas agrupadas en el Grupo Estratégico por la Despenalización de Aborto Terapéutico han presionado para que se revierta esta situación, presentando una veintena de recursos por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, hasta la fecha este Poder del Estado no se ha pronunciado. El caso de Leslie Briceño resulta emblemático porque reaviva el debate justo un año antes de las elecciones generales. La periodista recuerda que cuando le fue diagnosticado el embarazo fuera de su útero, los médicos le indicaron que debían esperar que el embrión muriera. “Pasé una semana de dolor y de angustia porque yo sabía que en cualquier momento el embrión que estaba en mi ovario izquierdo iba a reventarse y yo iba a morir desangrada. Insistí muchísimo en el hospital para ser atendida, pero la respuesta fue la misma: que no podían atenderme en ese momento porque había una ley que prohibía la interrupción del embarazo, aunque sabían que era un embarazo inviable”. Pese a que un consejo de médicos resolvió tratarla hasta que el embrión muriera, una doctora no acató esa orden. “Al verme al borde de la muerte dijo: ‘este es un embarazo inviable y esta mujer no tiene por qué sufrir ni tiene por qué morir’. De ahí solo sé que me metieron al quirófano. Esta mujer fue valiente y por eso estoy muy agradecida con ella. No supe nunca cómo se llama, pero no he olvidado su rostro”, relató. En el Parlamento nicaragüense los diputados no se dan por enterados sobre la iniciativa de ley. “La iniciativa no la conozco ni ha sido enviada a ninguna comisión. No tengo comentarios específicos”, señaló el opositor Luis Callejas, quien también es médico. Callejas recordó que en 2006 la bancada del opositor Partido Liberal Independiente (PLI) “votó casi unánimemente a favor de que se penalizara (el aborto terapéutico). Creo que fui el único que no lo hice, pero como te digo, esa ley no la he leído, ni sé quien la envía ni cuál es el trasfondo”. “Creo que no son los tiempos para la despenalización”, agregó el legislador liberal. Aunque en un principio aclaró que es un católico practicante, el legislador independiente Jaime Morales Carazo sostuvo que “en lo personal soy respetuoso de ese tipo de cosas, lo dejo a la conciencia de cada quien. Es decir, respeto la decisión que tome la persona, y en cuanto a la condenación tajante como delito cabe considerar excepciones que expliquen y justifiquen”. Añadió: “Hay casos que pudieran explicarse, no digo justificarse. Casos de violaciones, padres que violan a las hijas o cualquier violación en la que la madre no está deseando tener un hijo. Un hijo debe ser algo deseado por el padre y por la madre, principalmente por la madre, sobre todo en nuestros países, en donde la madre hace funciones de padre”. Y consideró que en el debate deben participar autoridades religiosas y teólogos, entre otros.   FSLN: No son los tiempos El FSLN fue uno de los partidos políticos que apoyó la penalización del aborto terapéutico en 2006, cuando aún no había regresado al poder. Nueve años después, el diputado oficialista Carlos Emilio López sostuvo que el tema no está en discusión. “La despenalización del aborto terapéutico no es tema de discusión ni en la bancada del Frente Sandinista, ni en el plenario de la Asamblea Nacional, ni en ninguna comisión parlamentaria. La figuras ya fueron aprobadas en el Código Penal y la decisión de Estado y del Poder Legislativo es que la legislación quede como está”, dijo López. Según la más reciente encuesta de la firma M&R Consultores, aplicada a mil 698 personas a nivel nacional entre el 17 de septiembre y el 4 de octubre, 61.4% de los nicaragüenses no apoya una iniciativa de ley que permita la interrupción del embarazo. Con un margen de error de 2.43% y un nivel de confianza de 95%, los resultados revelan que 74.6% de las personas que dicen no apoyar una legislación que permita la interrupción del embarazo son más flexibles cuando se les enumeran las causas para permitir el aborto. Así, 27.5% de los que se oponen a la iniciativa de ley están de acuerdo con que se interrumpa cuando el embarazo es ectópico y 20.2% cuando la mujer padece de enfermedades como el cáncer. Para Marta María Blandón, directora ejecutiva de Ipas Centroamérica, los resultados son “alentadores” porque “dan cuenta de que la población actualmente entiende mucho mejor la diferencia entre aborto terapéutico y aborto electivo”. “Considero que estos resultados muestran a  una ciudadanía más informada, si comparamos con encuestas de hace unos cinco años atrás”, dijo Blandón a Apro. Desde su punto de vista, es importante la interpretación de los resultados y cómo se hacen las preguntas. “Considero que este alto porcentaje que en principio dice estar en contra de que exista una ley que permita el aborto terapéutico, también declara que lo aprueba en ciertas circunstancias, y hablan de ciertas condiciones como que la mujer esté informada, que lo avale una junta médica, que sea la mujer la que decida. Esto es lo mismo que han perseguido algunos grupos promotores del cambio de la ley, como el Grupo Estratégico, que plantea que se reforme la ley para quedar como estaba antes de la reforma. Es decir que se permita el aborto terapéutico bajo algunas circunstancias”. Datos de organizaciones feministas que retoman informes del Ministerio de Salud indican que entre 2005 y 2007 hubo un incremento de 13% en las muertes maternas indirectas. Esa información precisa que 12 de las 30 muertes obstétricas indirectas ocurridas en 2007 estaban relacionadas con patologías previas y agravadas por el embarazo, explicó Blandón. La mayoría eran menores de 30 años, procedentes de áreas rurales y madres de 30 niños ahora en orfandad.

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