MÉXICO, DF (apro).- Al aplicar los métodos de tortura del “Programa de Rendición, Detención e Interrogación” sobre los detenidos de la “guerra contra el terrorismo” en sus prisiones secretas, la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA, por sus siglas en inglés) violó abiertamente las reglas estadunidenses, internacionales y humanitarias y hasta incurrió en probables crímenes de guerra, planteó Human Rights Watch (HRW). En un nuevo informe sobre el tema, la organización internacional urgió al gobierno y a la justicia de Estados Unidos investigar y sancionar a los funcionarios que dieron su aval al uso de estos métodos. Entre ellos mencionó al propio expresidente George W. Bush y su exasesora en materia de seguridad nacional, Condoleezza Rice; así como a exaltos directivos de la CIA, dirigentes de los centros de detención clandestinos, funcionarios de la Casa Blanca y de la Procuraduría y hasta a los psicólogos militares que elaboraron y dieron seguimiento a dichos métodos, como parte de su contrato de 81 millones de dólares. HRW recordó que la administración de Barack Obama se rehusó a investigar a fondo la conducta criminal de los funcionarios al argumentar que “las prosecuciones tendrían efectos políticos dañinos”, pues “dividirían a la nación”. Asimismo, argumentó que los juicios “no serían viables bajo la ley de Estados Unidos”. Sin embargo, la organización recopiló la información disponible sobre el programa –entre ella, el resumen de un amplio informe que elaboró durante seis años la Comisión de Inteligencia del Senado publicado en diciembre pasado–, y desarrolló un análisis jurídico a profundidad de los mismos. Entre los métodos de tortura señalados en el informe destacan el wateboarding, práctica muy dolorosa que consiste en simular el ahogamiento de la víctima, la privación de sueño, la inmersión con agua helada o la alimentación forzada mediante un tubo insertado en el ano de los prisioneros. HRW concluyó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso judicial con base en los delitos de tortura y conspiración para perpetrar tortura, abuso sexual, homicidio y crímenes de guerra. Aseveró que los funcionarios involucrados no podrían defenderse con el argumento de que ignoraban la ilegalidad de sus acciones. Para que la ley reconozca una “conspiración”, dijo, se requiere de un acuerdo entre dos o más personas para perpetrar un delito. Y resaltó: “Funcionarios de la CIA y de la Casa Blanca supieron, o debieron saber, desde el momento en que se les propusieron estas técnicas, que violaban el Estatuto sobre la Tortura (…) El manual de inteligencia de campo del ejército estadunidense prohibía muchos de los métodos que la CIA consideraba y terminó usando”. Según HRW, a lo largo de la existencia del programa se elevaron voces en la administración que señalaron la ilegalidad del programa. En julio de 2002, un funcionario del Departamento de Justicia rechazó una solicitud de la CIA, en la que pedía a la dependencia el compromiso de no inculpar a los agentes que incurrieran en “métodos agresivos” de interrogación. Un semestre después, un consejero de la Marina informó a altas esferas de la administración que muchas técnicas eran ilegales. Y en mayo de 2004, el consejero legal de la procuraduría Jack Goldsmith “recomendó fuertemente” a la CIA suspender el uso de la tortura. Desde un principio, el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) se negó a participar en los interrogatorios que llevaba a cabo la CIA mediante la tortura, así como a “participar en cualquier discusión sobre el tema”. Sin embargo, la administración de Bush negó –y encubrió– la existencia del programa hasta abril de 2006, y la CIA proveyó de información falsa al Departamento de Justicia respecto a sus protocolos y su aplicación, pues el informe del Senado demostró incluso que sus agentes torturaron “más allá” de lo planteado en el documento. A mediados de 2004 se difundieron a nivel global las fotos en las que se observaron los tratos inhumanos a los que militares sometieron a los reclusos de la cárcel militar de Abu Graib, en Irak. Además, se filtró a los medios de comunicación un memorándum confidencial que justificaba la tortura en la CIA. Para el año siguiente, otro memorándum estableció los protocolos de tortura que preveían –entre otros–, la presencia de un quirúrgico durante las sesiones de waterboarding para “realizar una traqueotomía si era necesario”. Aun antes de que la tortura saliera a la luz pública, la propia contraloría de la CIA calificaba de “no autorizadas” ciertas técnicas de interrogatorio empleadas. “El presidente Bush y el vicepresidente Cheney también deberían ser investigados en su papel de aprobar la tortura. De acuerdo con el resumen del Senado, Bush no fue informado del programa de la CIA hasta el 8 de abril de 2006 y en ese entonces expresó su ‘malestar’ ante la imagen de un detenido encadenado, en pañales y forzado a hacerse el baño sobre él mismo. Sin embargo, Bush admite en su biografía que discutió del programa con Tenet en 2002” y que aprobó “personalmente” las primeras técnicas. “Los funcionarios de la CIA que entregaron información falsa pueden ser considerados como partes de la conspiración”, dijo HRW. La agencia, agregó, también destruyó 92 videos de los interrogatorios de tortura a dos de sus detenidos. La organización recordó que la CIA abrió un número desconocido de prisiones secretas –también llamados “sitios negros”– en varios países del mundo, donde encerró y torturó a 119 detenidos. La propia agencia admitió que 26 de ellos fueron capturados “de manera errónea” y al menos uno falleció de hipotermia. Según la información disponible, existen cárceles operadas por la agencia en Afganistán, Lituania, Polonia, Romania y Tailandia. De hecho, durante sus visitas, oficiales de la Agencia Federal de Cárceles se impactaron ante el grado de privación sensorial allí, subrayó HRW. Además hay centros de detención en Marruecos, Jordania, Pakistán y Egipto donde “colaboran” agentes de la CIA. Aun así, HRW precisó que al menos 9 mil 400 documentos internos de la CIA permanecen clasificados. Por ejemplo, un memorándum fechado el 17 de septiembre de 2001 –seis días después de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York–, que confiere a la CIA el poder de capturar y detener de manera encubierta a cualquier individuo que represente una “amenaza seria y continua”. Durante su segundo día como presidente de Estados Unidos, Barack Obama firmó un decreto con el que prohibió la aplicación del programa de interrogatorio de la CIA. Sin embargo, esta medida resultó “inadecuada” para HRW, que subrayó que “podrá ser revocada por los presidentes ulteriores”. La administración Obama realizó una investigación sobre los métodos de la CIA, la cual se mantuvo superficial –según HRW–, pues los peritos no entrevistaron a los detenidos y en varias ocasiones se evocó el secreto de estado para negar el acceso a la información. Dicha investigación tampoco satisfizo al comité de las Naciones Unidas contra la tortura, organismo que estimó que en México este método es una práctica “generalizada”. Hasta la fecha, ningún detenido víctima de la tortura de la CIA ha obtenido medidas de reparación por parte del gobierno estadunidense y, según HRW, ello resulta poco probable en el futuro, pues existe “la creencia de que la ‘guerra contra el terrorismo’ justificó las acciones del gobierno y que los detenidos se involucraron en el terrorismo aun cuando no fueron inculpados por este delito”.