MÉXICO, DF (apro).- El líder de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha –uno de los principales opositores al gobierno y a quien se acusa de lavado de dinero, participación en la corrupción de Petrobras y de poseer cuentas millonarias en Suiza–, autorizó la apertura de un juicio político con fines de destitución contra la presidenta de ese país, Dilma Rousseff. En conferencia de prensa, Cunha consideró procedente la acusación contra la mandataria por irregularidades fiscales registradas este año, ya que –dijo– no encontró ninguna objeción para rechazarla. “No hago esto por motivación política y la rechazaría (la acusación) si no estuviese de acuerdo con la ley”, afirmó el presidente de la Cámara baja, quien en septiembre pasado se declaró “independiente” y desde entonces apoya causas defendidas por la oposición. Según Cunha, hasta ahora había rechazado 27 de 34 peticiones que recibió para autorizar el inicio de un juicio político contra la sucesora de Luiz Inacio Lula da Silva porque no cumplían con la ley o bien porque se referían a hechos ocurridos en el primer cuatrienio de Rousseff, que asumió su segundo mandato de cuatro años en enero pasado. “Rechacé todas las peticiones que se referían a hechos ocurridos en el mandato anterior para respetar la Constitución, pero tengo que aceptar esta solicitud porque su argumentación es correcta, no tiene errores formales y acusa a la mandataria de crímenes de responsabilidad ocurridos este año”, aseguró. Admitió que la petición presentada por varios juristas, entre ellos Helio Bicudo, uno de los fundadores del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), se refería a maniobras fiscales del año pasado, pero que sus autores presentaron un anexo para incluir en la acusación irregularidades supuestamente ocurridas este año. “Mi responsabilidad es únicamente autorizar la apertura del proceso, pero no la de proferir juicio de mérito sobre la acusación”, aclaró Cunha, y dijo que lamentaba tomar esa decisión. “No lo hago con felicidad, incluso porque se trata de una decisión delicada en momentos en que el país atraviesa una situación difícil, con la economía en crisis y una crisis política”, afirmó. Cunha dijo que el juicio político es un proceso que de cualquier forma tenía que ser enfrentado por el país, que no podía aplazarse por más tiempo, y destacó que Brasil cuenta con un Congreso “soberano” para hacerse cargo. “Lamento profundamente lo que está ocurriendo y no tengo ninguna felicidad con el acto que estoy practicando. Espero que el país pase por este proceso”, apuntó. Según el reglamento del Congreso, una vez acogida la acusación contra la presidenta de Brasil, la Cámara tiene un plazo de diez sesiones legislativas para notificar al jefe de Estado la acusación y para crear una Comisión Especial de diputados que tendrá que emitir un parecer sobre si acepta o rechaza el inicio del proceso. El presidente de la Cámara de Diputados anunció su decisión de aceptar la solicitud de juicio político contra Dilma Rousseff precisamente el día en que el PT informó de que apoyará la apertura de un proceso en el Consejo de Ética que puede despojarlo de su mandato.