MÉXICO, DF (apro).- La “Jurisdicción especial para la paz” prevista en el acuerdo de paz que firmaron el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el martes 15 en La Habana, Cuba, garantiza la impunidad a los responsables de las atrocidades perpetradas durante el conflicto, pues muchos de ellos eludirán el encarcelamiento, acusó hoy Human Right Watch (HRW). De acuerdo con un análisis que publicó hoy la organización, si bien el pacto prevé la creación de un Tribunal de la Paz en el que comparecerán los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y a las leyes de la guerra, también permite a los perpetradores que confiesen sus atrocidades escapar a cualquier forma de detención. El acuerdo de paz estipula que las autoridades monitorearán a los “confesos”, pero les garantizarán la libertad de movimiento “compatible con el cumplimiento de las sanciones” --las cuales no rebasarán los ocho años para las personas que tuvieron una “participación decisiva” en los crímenes— y no perderán sus derechos políticos, incluso el de presentarse a una elección, lamenta HRW. La organización deplora que el acuerdo queda ambiguo respecto al no cumplimiento de las sanciones por parte de los criminales “confesos”, pero asevera que existe la posibilidad de que “sigan gozando de los beneficios de la jurisdicción especial, aunque no cumplieran con las condiciones que ordena el Tribunal”. Según HRW, el texto deja un margen de interpretación que podría permitir a los mandos militares –tanto del ejército colombiano como de las FARC-- eludir la cadena de mando y los crímenes perpetrados bajo sus órdenes. Estas ambigüedades, abunda la organización, ponen al pacto en contradicción con las obligaciones internacionales de Colombia. HRW se dice “particularmente alarmada” ante la ausencia de criterios que definan el nombramiento de los miembros de la jurisdicción especial –sólo estipula que los mecanismos de selección se decidirán “por acuerdo mutuo y antes de la firma del acuerdo final”--, con lo cual el texto no garantiza que la justicia se proporcione de manera efectiva e independiente. Lo anterior cobra relevancia, pues el tribunal determinará las sanciones que aplicará contra los responsables de los crímenes y las medidas de reparación a las víctimas, cuya cifra rebasa los 6 millones y medio en los últimos 50 años, entre ellos 220 mil muertos y 25 mil desaparecidos.