MÉXICO, D.F., (apro).- La presidenta Dilma Rousseff “mintió a la nación” la noche del miércoles pasado cuando negó la existencia de negociaciones para evitar un juicio político que podría derivar en su destitución, acusó el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha. El legislador, quien autorizó el mismo miércoles el inicio del juicio político contra Rousseff, reveló que emisarios del gobierno le plantearon un acuerdo mediante el que ellos le ofrecía apoyo en las investigaciones sobre su presunta implicación en la red de corrupción de Petrobras a cambio de que él no aceptara que la presidente fuera juzgada. De acuerdo con la agencia EFE, Cunha dijo que la negociación propuesta también incluía la aprobación parlamentaria de un nuevo impuesto que el gobierno pretende crear para aumentar su recaudación fiscal y enfrentar la crisis económica del país. El legislador afirmó que se negó a aceptar el trato. La noche del miércoles pasado Rousseff rechazó que participara en negociaciones para evitar su juicio pero “le mintió a la Nación y eso es grave”, afirmó Cunha quien insistió en que su decisión sobre al juicio contra Rousseff fue “absolutamente constitucional” y basada en “hechos” ante los que el gobierno tendrá “el más amplio derecho a la defensa”. Cunha pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), pero es uno de los rivales más importantes de la mandataria. Por su parte el PT, indicó que acusará a Cunha de abuso de poder en una presentación ante la Corte Suprema para frenar el proceso de la acusación. En tanto Cunha dijo que a partir de ahora no tendrá ninguna participación en el proceso que inicia contra la mandataria pues su papel como presidente de la Cámara de Diputados era solamente aceptar o no un pedido formulado por un grupo de juristas y cuatro partidos opositores. “Recibir la denuncia es la única atribución constitucional del presidente de la Cámara y ahora un colegiado decidirá sobre lo que ocurrirá o no”, subrayó Cunha al referirse a una comisión especial del Congreso que analizará las denuncias contra la mandataria. Reiteró en que la acusación se basa en “violaciones de las leyes de presupuestos” aunque también se mencionan asuntos de corrupción en la empresa estatal Petrobras. “Ahora le cabe a la presidenta hacer su propia defensa y será el Congreso el que decida qué pasará”, concluyó. Luego de ser aceptado, el pedido de juicio político deberá ser analizado por una comisión parlamentaria que será creada para estudiar las acusaciones. Si aprueba la apertura del proceso dicha comisión fijará un plazo para la defensa de Rousseff y luego elaborará un informe que deberá ser votado por el pleno de los Diputados. Si el proceso avanza en esa instancia Rousseff tendrá que separarse del cargo durante 180 días plazo que tendrá el Senado para realizar juicio.