MÉXICO, D.F., (apro).- Mujeres de toda América que se atreven a promover el aborto sin riesgos, educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos modernos y otros derechos sexuales y reproductivos son víctimas de amenazas y campañas de difamación cada vez más despiadadas alertó Amnistía Internacional (AI). “Atreverse a hablar del aborto y la educación sexual en Latinoamérica parece ser razón suficiente para que te tachen de 'delincuente', 'asesina', e incluso 'terrorista'. Si los gobiernos no asumen su responsabilidad de proteger a estas valientes defensoras de los derechos humanos y respetar su trabajo, tal situación seguirá empeorando peligrosamente en el futuro inmediato”, advirtió Érika Guevara Rosas, directora del programa de AI para América. En su más reciente informe, Guevara Rosas destacó que las “implacables” campañas de difamación emprendidas contra mujeres cuyo trabajo es promover los derechos y el bienestar comunes “revelan el peor aspecto de una región que dice estar avanzando en materia de derechos humanos.” Al no proteger el trabajo inestimable de estas activistas de los derechos humanos, dijo, “los gobiernos de toda América están perpetuando las condiciones que hacen posibles estas terribles campañas de difamación”. “¿A qué extremos tienen que llegar estos ataques y actos de violencia para que las autoridades tomen medidas?”, cuestionó. La organización internacional ha hablado con decenas de defensoras de toda Latinoamérica que han sufrido hostigamiento en público, amenazas de muerte y agresiones físicas por su trabajo. Y las agresiones públicas, señaló el organismo, han sido obra de particulares y representantes de los gobiernos. Por si fuera poco, raras veces se investigan estos delitos y casi nuca se enfrentan los responsables a los tribunales. “Las campañas de difamación son una táctica bien conocida de las autoridades para intentar impedir que se hable de asuntos que les resultan incómodos. Suelen ser también un primer paso para llevar a quienes lo hacen a los tribunales. “El hecho de que se emprendan estas campañas no es sorprendente, pero ver a las autoridades cruzadas de brazos mientras se aterroriza a activistas y a sus familias hasta el punto de hacerles abandonar su trabajo es absolutamente estremecedor”, lamentó Guevara Rosas. Y México no es la excepción. De acuerdo con AI, en Yucatán, donde el acceso a los servicios de aborto es legal en determinadas circunstancias, una “brutal” campaña contra las integrantes de la única organización que presta servicios de aborto legal y sin riesgos obligó a la gran mayoría de sus miembros a renunciar a su trabajo. Temían que les pasara algo si se sabía que trabajaban en la clínica. Activistas de la organización paraguaya de derechos humanos CLADEM que apoyaban la petición de un aborto formulada por la familia de una superviviente de violación de 10 años también han sido sometidas a intimidación, hostigamiento y vigilancia, denunció AI. Desde que adoptaron ese caso, las activistas de la organización paraguaya han denunciado la intervención de sus teléfonos y sus computadoras: en sólo unos meses encontraron en sus portátiles 14 programas informáticos maliciosos. Algunas denunciaron que ellas y sus familias han sido fotografiadas por desconocidos y amenazadas por teléfono y que les han causado destrozos en sus automóviles. A lo largo de este año y 2014 integrantes de las organizaciones de derechos de las mujeres de El Salvador Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y Colectiva Feminista para el Desarrollo Local fueron víctimas de una “cruel” campaña de hostigamiento por apoyar públicamente a 17 mujeres condenadas a prisión por complicaciones relacionadas con el embarazo, señaló AI. Grupos antiabortistas, medios de comunicación conservadores y políticos acusaron públicamente a esas defensoras de El Salvador de ser “pro-muerte”, “capaces de multiplicar la sangre que ya corre como ríos en nuestra patria” y promotoras de “la cultura de la muerte”, lamentó la organización internacional.