BUENOS AIRES (apro).- La indagatoria al exjefe de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SI), Antonio Stiuso, es una incógnita. La fiscal Viviana Fein, a cargo de la investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, anunció el lunes 9 que Stiuso declararía como testigo, en un lugar reservado, a lo largo de la semana. Con el correr de los días, parte de la prensa especuló acerca de que Stiuso ya había declarado. Incluso, el jueves 12 el diario Clarín sostuvo que la indagatoria se pospondría una semana, debido a la dificultad de los investigadores para encontrar un lugar seguro. Stiuso fue citado a declarar cuando se confirmó que Alberto Nisman lo había llamado varias veces por teléfono el sábado 17 de enero. Un día después, el fiscal fue encontrado con un tiro en la cabeza en su departamento. Stiuso trabajó codo a codo con Nisman durante los últimos diez años y podría aportar información decisiva sobre la real causa de muerte de Nisman. Sin embargo, la prensa desconfía de lo que pueda decir Stiuso, pues se trata, en primer lugar, de un espía. Su situación es además comprometida, ya que el gobierno lo considera una figura central en la muerte de Nisman. Para asegurarse de que Stiuso declarara en la causa, el gobierno lo liberó de la obligación legal que impide a los agentes revelar información sobre su actividad y sobre los secretos de Estado a los que haya tenido acceso. Y la restricción se extiende a los espías retirados como Stiuso, quien se jubiló el 5 de enero último con 61 años. “Queremos que cuente todo”, había dicho Oscar Parrilli, jefe de la SI desde diciembre último, cuando Stiuso fue desplazado del organismo. La fiscal Fein anticipó, sin embargo, que no ahondaría en temas vinculados a la causa el presunto encubrimiento de la participación de iraníes en los atentados perpetrados en 1994 contra la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA) y tampoco en puntos oscuros de la trayectoria del espía que hoy salen a la superficie. Su propósito, advirtió, se restringiría a esclarecer cómo murió Nisman. La bala que acabó con la vida del fiscal ingresó por encima de su oreja derecha con una “trayectoria ligeramente ascendente de menos de 30 grados”, sostiene el peritaje divulgado por la fiscalía el martes 10: “El recorrido del proyectil y el orificio de ingreso son compatibles con una lesión autoinfligida”. Además, el Cuerpo Médico Forense había determinado en un primer momento que no intervinieron terceras personas en el hecho, aparte de que el perfil genético hallado en la ropa interior, la pistola, el cargador y los cartuchos coincide con el de Alberto Nisman. Sin embargo, la carátula de la causa sigue siendo “muerte dudosa”. El segundo peritaje sobre las manos del occiso en busca de rastros de pólvora dio una vez más negativo, aunque los expertos no descartan que en efecto Nisman se haya disparado. Las pistolas de bajo calibre suelen no dejar rastro de pólvora. Por otro lado, el informe toxicológico no estará listo antes del miércoles 18, luego de que estudios preliminares hallaron una sustancia química compatible con algún fármaco. La precisión de este dato es necesaria para discernir si el fiscal actuó bajo los efectos de una droga o si, por el contrario, podría haber sido sedado. Diego Lagomarsino prestó al fiscal Nisman el arma de la que salió el disparo que acabó con su vida. El técnico informático, despedido a comienzos de febrero de la Unidad Fiscal AMIA, debió dar su muestra de ADN. Por ello, su perfil genético se comparará con el encontrado en una taza de café, hallada en la cocina del departamento de Nisman. La inexistencia de muestras de ADN de Lagomarsino en el arma siembra asimismo dudas. El técnico informático declaró ante la justicia que había explicado a Nisman el funcionamiento de la pistola antes de dejársela. Por todo ello, el gobierno ha sugerido que la muerte de Nisman forma parte de una operación gestada desde la SI. En diciembre último, la presidenta Cristina Kirchner había descabezado a la conducción política, y a su jefe de hecho, Antonio Stiuso. Luego desde el propio gobierno se sugirió que Stiuso había redactado la denuncia de Nisman contra la presidenta por supuesto encubrimiento a favor de Irán. Una denuncia endeble que será investigada por el juez Daniel Rafecas. Por lo pronto, el fiscal Gerardo Pollicita decidió este viernes 1|3 imputar por dicha denuncia a Cristina Kirchner y a otros dirigentes políticos, y enseguida el Gobierno habló de “golpismo judicial”.   Un “James Bond” argentino   No es posible asegurar que Antonio Horacio Stiuso se llame así, ni tampoco que su apellido sea Stiusso, con dos eses. Dentro del ambiente en el que se desempeñó durante 43 años se lo conoce como “Jaime”. El nombre falso aludiría al James Bond del escritor británico Ian Fleming. Otro de sus apodos es “El ingeniero”, carrera que cursó en su juventud. Aunque en realidad el exjefe de los espías se llamaría Antonio Horacio Stiles, tal como lo afirma el periodista Gerardo Young en su libro SIDE, la Argentina secreta (Ed. Planeta, 2006). Antonio Stiuso nació en San Justo, en el Gran Buenos Aires, el 21 de junio de 1953. Ingresó a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) en 1972 y llegó a estar activo durante la dictadura. Luego ascendió durante los gobiernos constitucionales hasta arribar a la Dirección General de Operaciones en diciembre de 2001, es decir, durante el pico de la peor crisis argentina. El agente concentraba la información que produce cada área de la SI y que después, a través del secretario de Inteligencia –un cargo político– se transmite a la Presidencia. Stiuso es un especialista en interceptar telecomunicaciones, pues antiguos responsables políticos del área lo describen como “profesional”, “claro y preciso”, con un poder que derivaba de su “experiencia” y su “gran capacidad” de trabajo. “La versión más repetida apunta al conocimiento y control que tenía sobre las ‘carpetas’, la información producida por la SI sobre la vida privada de políticos, funcionarios judiciales, policías, periodistas y empresarios”, sostiene La Nación en su edición del domingo 1. Para el dueño de muchos secretos ajenos, el anonimato es el bien más preciado. El diario Perfil publicó una foto en su portada del domingo 8 con el título: “Exclusivo: éste es Stiuso hoy”. El primer plano de su cara redonda, el pelo blanco y muy corto, la mirada dura bajo unos párpados entreabiertos, circula hoy por la web y los medios. En las comisuras de los labios del depuesto jefe espía hay una expresión acre. Sin embargo, éstas rematan en arrugas que ascienden por las mejillas, sugiriendo la expresión de quien contiene una sonrisa. El rostro de Stiuso había tenido un fugaz paso por los medios de comunicación hace una década. Justo el 24 de julio de 2004, el exministro de Justicia Gustavo Beliz mostró su foto en un programa televisivo. Un día antes, el funcionario había sido despedido de su cargo por el entonces presidente Néstor Kirchner. Beliz dijo que la SI era manejada por “un hombre al que todo el mundo le tiene miedo y es bueno que todos conozcan su cara”. Sosteniendo en alto su retrato, Béliz denunció que Stiuso “manejaba un ministerio de seguridad paralelo que operaba como la Gestapo”. Luego acusó al espía de “haber embarrado la investigación en la causa AMIA”. Tiempo después Béliz tuvo que irse del país y enfrentar un juicio por haber violado secretos de Estado, proceso del que fue absuelto. Tras el incidente, Stiuso volvió en un soplo a su habitual invisibilidad pública, pues podía contar con la colaboración de la “cadena de la felicidad”. “Así se llama comúnmente a los pagos a periodistas y medios con los fondos secretos de la SI, sea para terciar en sus internas o para incentivar una mirada optimista sobre el gobierno de turno”, destacó La Nación el 1 de febrero. “Algunos extienden la ‘cadena de la felicidad’ a jueces y funcionarios de los tres poderes que actúan como informantes de la SI”, precisó. En su momento, Béliz acusó a Stiuso de “enriquecimiento ilícito a través de empresas” en las que se lavaba dinero non sancto. En la misma dirección apunta la denuncia presentada contra Stiuso, el 2 de febrero último, por el senador nacional Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur-UNEN) y el diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Vera (Bien Común).   Ruptura   “La investigación de la pista iraní en el atentado de la AMIA era una política de Estado que atravesaba a la oposición y al gobierno, a los medios antikirchneristas y a los kirchneristas, a los principales dirigentes de las organizaciones de la comunidad judía y al juez de la causa. Se basaba en no cuestionar la investigación de Stiuso y Nisman. Es decir, no cuestionar todo lo que se venía haciendo, y dejando de hacer, en la investigación”, alertó el periodista Santiago O’Donnell a la Agencia Paco Urondo, el 4 de febrero. O’Donnell es el autor del libro Argenleaks (Ed. Sudamericana, 2010). Allí revela, a través de los cables de Wikileaks, la injerencia de la embajada estadunidense sobre Nisman y la causa AMIA. La pista iraní supone que una célula de Hezbolá, financiada por Irán, hizo volar la sede de la mutual judía en Buenos Aires, en 1994, a través de un coche-bomba. Enseguida Argentina, a instancias de Estados Unidos e Israel, culpó a Irán desde el principio de la investigación. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, los ingentes recursos, el aporte de las agencias de inteligencia de dichos países, a la justicia argentina le resultó imposible probar siquiera la existencia del coche-bomba. Las evidencias fueron mucho más sólidas en lo que hace al encubrimiento del atentado. Hubo manipulación y destrucción de evidencias. Se “plantaron” pruebas y testigos falsos. Y entre los acusados que este año enfrentarán un juicio oral se encuentra el expresidente Carlos Menem (1989-1999); su jefe de inteligencia, Hugo Anzorreguy; el entonces titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rubén Beraja; el primer juez de la causa, Juan José Galeano, y los fiscales Eamon Mullen y Ricardo Barbaccia, entre otros. En 2004, el presidente Néstor Kirchner puso al fiscal Nisman y al agente de inteligencia Stiuso a cargo de la investigación, y se mantuvo el alineamiento a rajatabla con la hipótesis de Estados Unidos e Israel. El entonces presidente estadunidense George W. Bush había colocado a Irán en el denominado “Eje del Mal”. Incluso, Estados Unidos difundía la imagen de Irán como un país que patrocinaba el terrorismo. “Decir que la pista iraní es la única que se investigó no implica que no sea verdadera”, clarifica el propio periodista O’Donnell. Quizá el espía Stiuso, en su indagatoria, podría “explicar por qué, si los responsables que imputó Nisman son iraníes, se montó en la Argentina un descomunal encubrimiento horas después del estallido del 18 de julio de 1994, un encubrimiento por el que están acusados los primeros investigadores de la causa”, reclama el periodista Jorge Urien Berri en La Nación el 6 de febrero. En enero de 2013, el gobierno de Crisitna Kirchner firmó un acuerdo con Irán, y en él se proponía que los acusados pudieran declarar en Teherán ante una Comisión de la Verdad. Tanto Nisman como Stiuso vieron peligrar su trabajo de décadas. A partir de entonces, algunos jueces federales comenzaron a desempolvar causas judiciales que involucran al gobierno. Y a partir de ahí Cristina Kirchner ve detrás la sigilosa mano de Stiuso, el jefe de los espías que fue despedido en diciembre. Nisman se quedó así sin la fuente que guiaba su trabajo al frente de la fiscalía, y bajo esa premisa se mueven quienes abonan la hipótesis del suicidio. Por lo pronto, la muerte de Nisman está hoy en el centro de la disputa política luego de que un grupo de fiscales ha llamado a marchar el 18 de febrero, cuando se cumpla un mes de la muerte de Nisman. A la convocatoria se han sumado algunos candidatos de la oposición, invitando a la población a que concurra. Curiosamente, dos de los fiscales que llaman a marchar fueron denunciados por su actuación en el marco de la causa AMIA. No obstante, el gobierno sostiene que se trata de un acto político, que forma parte, al igual que la imputación contra la presidenta, de un intento de “golpe blando”. Por todo ello teme que se lo etiquete como culpable de la muerte del fiscal antes de que se determine la causa real de su muerte, e incluso después, si finalmente se comprueba que Nisman se suicidó, llevándose a la tumba los motivos de su trágica determinación.