MÉXICO, DF, (apro).- El fiscal Gerardo Pollicita imputó de manera formal a la presidenta Cristina Kirchner, así como a otros altos funcionarios, como el canciller Héctor Timerman, al reabrir hoy la investigación que llevó a cabo el fallecido fiscal Alberto Nisman sobre el presunto encubrimiento de la participación de iraníes en los atentados perpetrados en 1994 contra la Asociación Mutualista Israelita Argentina. Cuatro días antes de que su cuerpo fuera encontrado sin vida en su departamento de Buenos Aires, con un balazo en la cabeza, el pasado 18 de enero, Nisman presentó a la justicia argentina una denuncia de 289 páginas en contra de Kirchner y de varios de sus cercanos. Nisman tenía una década investigando el atentado con coche-bomba del 18 de julio de 1994, el cual dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos entre la comunidad judía argentina, la más numerosa de América Latina. Según la AFP, 70% de los argentinos no cree en la hipótesis del suicidio del fiscal. En las 62 hojas de la causa 775/2015 del Ministerio Público de la Nación, el fiscal Pollicita expuso los principales hallazgos de Nisman, como la falta de cooperación por parte de las autoridades iraníes con la justicia argentina, hasta la existencia de un “plan de encubrimiento”, negociado durante encuentros secretos entre diplomáticos iraníes y argentinos en 2011. Este plan se concluyó por la firma de un memorando de entendimiento, el 27 de enero de 2013, el cual consideraba la participación de los iraníes en las investigaciones del atentado a través de una “comisión de verdad”. Esta comisión, según Nisman, sustituiría a la justicia argentina para reorientar las pistas hacia grupos fascistas locales, todo lo anterior con el objetivo de reanudar las relaciones comerciales entre Argentina e Irán. Según el fiscal Pollicita, la figura de “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la especial gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionarios públicos” prevé de seis meses a tres años de cárcel. Contraataque oficial El gobierno de Kirchner, enfurecido tras el anuncio de la reapertura de las investigaciones, denunció una “maniobra de desestabilización”, y reiteró que la acusación de Nisman “no tiene alguna prueba”. Así, el jefe del gabinete Jorge Capitanich aseveró que la denuncia “no persigue una finalidad judicial sino política” ya que, reiteró, “no existe prueba ni siquiera indiciaria respecto de eventual culpabilidad”. Y sostuvo que representaba más bien una estrategia “activa de desestabilización, de golpismo judicial activo”, mientras que el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, declaró que “la imputación no tiene ningún valor jurídico”. El gobierno, a través de la procuradora del Tesoro, publicó un documento en el que desmintió, punto por punto, la acusación de Nisman, al afirmar que Kirchner siguió exigiendo a Irán que extradite a Argentina a los acusados y nunca solicitó a Interpol que eliminara las “notificaciones rojas” en su contra. El documento estipuló además que era imposible importar petróleo iraní –lo que, según Nisman, formaba parte del acuerdo comercial-- porque “incumplía con la calidad del crudo requerida por las refinerías locales”. De este documento, el medio favorable a la presidenta Kirchner Página 12, interpretó que “se desprende la idea de que la causa debería cerrarse por inexistencia del delito”. Fernández negó de forma categórica que el gobierno ejerció presiones sobre algunos fiscales para que no participen a la marcha silenciosa en homenaje a Nisman convocada para este sábado 14. “Ahora, todavía que se manifiestan (pretenden) que uno los trate como héroes”, declaró, al añadir que “la libertad (de manifestarse) la conquistamos entre todos y nadie va a decirle quién tiene que manifestarse o dejar de manifestar”. Investigaciones Durante un congreso de la oposición, la exesposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, exhortó ayer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a intervenir en la investigación por determinar la causa de la muerte del fiscal. Desde el jueves 5, la justicia argentina busca interrogar al extitular de la Secretaría de Inteligencia, Antonio “Jaime” Stiusso –jubilado el 5 de enero-- para determinar su relación con Nisman, ya que ambos hombres se comunicaron varias veces antes de la muerte del fiscal. Sin embargo, el hombre no se encuentra en ninguno de sus tres domicilios registrados, y su abogado confesó que ignoraba dónde se encontraría Stiusso.