Cuando el "conflicto de interés" es sancionado... en otros países

viernes, 6 de febrero de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- En 2012 el presidente alemán Christian Wulff se vio obligado a renunciar porque perdió la confianza de la ciudadanía tras un escándalo de supuesto “conflicto de interés” en el que, a la postre, sólo se pudo demostrar que un empresario amigo suyo le había financiado un viaje por un monto de… 719 euros. En España los órganos judiciales tienen mil 661 causas abiertas en contra de 500 personas por diversos delitos de corrupción y sus pesquisas alcanzan a la hermana del rey Felipe VI: la infanta Cristina. En Francia –donde el presidente en funciones goza de fuero— no parece existir consideración alguna cuando éste deja su cargo: el exmandatario Nicolas Zarkozy es objeto de 11 investigaciones judiciales por diversos delitos, entre ellos conflicto de intereses y financiamiento ilícito de su campaña electoral. Y en Colombia, diputados de partidos de oposición buscan crear un tribunal que no sólo investigue al presidente y al vicepresidente sino que pueda imponerles condenas… Salvo en este último, en los países anteriores existen leyes y mecanismos institucionales para investigar y sancionar a los funcionarios públicos –incluidos los más importantes— por “conflicto de intereses” o por lo que se esconde detrás: “Tráfico de influencias”, “sobornos”, “cohecho”, “prevaricación”, “blanqueo de dinero”, “financiamiento ilegal de campañas”… A continuación se exponen brevemente la manera en que cuatro naciones enfrentan y resuelven los conflictos de interés y otros delitos relacionados de sus principales funcionarios públicos. Alemania: por 719 euros Christian Wulff tenía una vida casi de sueño. Con sólo 51 años se había convertido en junio de 2010 en el presidente de Alemania más joven en la historia del país y conducía una gestión que algunos medios calificaban de moderna y glamorosa al lado de su joven y hermosa esposa Bettina. Pero el 12 de febrero de 2012 todo cambió para él cuando la fiscalía de Hannover solicitó al Parlamento levantar su inmunidad como presidente y comenzar un juicio en su contra sobre posibles delitos que rondaban el cohecho y el tráfico de influencias. La revelación a lo largo de dos meses de una serie de hechos sospechosos y que ponían en duda su conducta no sólo legal sino moral generaron una presión incontenible de parte de los medios de comunicación y de la opinión pública que concluyó el 16 de febrero de ese año con la renuncia a su cargo. "Nuestro país necesita a un presidente que pueda dedicarse en absoluto a sus tareas nacionales e internacionales, un presidente que cuente con la confianza no sólo de una mayoría sino de una amplia mayoría de los ciudadanos. El desarrollo de las semanas y días pasados demuestran que esa confianza y mi capacidad de influencia están dañadas. Por esa razón no es más posible responder al cargo como éste lo requiere y dimito a mi encomienda", dijo en su discurso de renuncia. Y es que, a pesar de que el propio Wulff negó haber cometido ilegalidad hasta el final --y de hecho luego de dos largos años la Corte lo absolvió-- su permanencia en el cargo era insostenible. En Alemania la función de presidente federal es meramente representativa y sobre él no recae ningún poder político. Pese a ello y más bien por ello la figura debe contar con una autoridad moral que la haga merecedor a sustentar un puesto como representante del Estado alemán. El escándalo Wulff comenzó en diciembre de 2011 cuando salió a la luz el préstamo por 500 mil euros que un empresario amigo, Egon Geerkens, le había hecho en 2008 para comprar una casa. En ese entonces Christian Wulff se desempeñaba como ministro presidente del estado de Baja Sajonia. El acto, que en realidad no tenía nada de ilegal, se tiñó de opacidad cuando al ser interrogado todavía durante su gestión en Baja Sajonia por el Parlamento regional, Wulff negó el hecho. El periódico sensacionalista Bild reveló en ese diciembre de 2011 los detalles del préstamo oculto que, en ese momento, hizo saltar a la clase política alemana. La bola de nieve empezó entonces a crecer. Días después de la revelación, el mismo diario publicó el contenido de una llamada telefónica en la que más que amenazante el entonces ya presidente federal pedía al director del diario, Kai Diekmann, no revelar la información. El incidente le cobró una alta factura a Wulff, quien públicamente tuvo que reconocer que había cometido un error al realizar la llamada. Sin embargo su mala racha no terminó ahí. La prensa alemana siguió publicando información sobre numerosos viajes que los Wulff habrían realizado para vacacionar en casas de acaudalados amigos empresarios, así como donaciones indirectas que habría recibido cuando se desempeñaba como ministro presidente de Baja Sajonia. La fiscalía de Hannover inició entonces un procedimiento en contra del entonces presidente federal al sospechar que éste, durante su anterior gestión, habría recibido favores y regalos de amistades empresariales como sobornos. De todos los casos, la fiscalía sólo logró sostener la acusación contra el empresario cinematográfico y amigo personal de Wulff, David Groenewold, quien financió un viaje de la familia del expresidente a la Fiesta de la Cerveza en Munich en 2008. Durante los tres días de vacaciones, Groenewold pagó 500 euros (unos 8 mil 700 pesos) por el hospedaje de los Wulff y 210 más (unos 3 mil 600 pesos) por una cena. En total 719.40 euros. A cambio, aseguró la fiscalía, Wulff habría contactado inmediatamente después del viaje a Munich al consorcio alemán Siemens para que éste financiera el proyecto cinematográfico de su amigo. Dos años después, sin embargo, Christian Wulff fue declarado inocente de las acusaciones. El Código Penal alemán establece con claridad los delitos de corrupción y cohecho para funcionarios públicos, en cuyos casos las penas alcanzan la privación de la libertad. España: la ruta del “dinero negro” El presidente Mariano Rajoy destituyó a su ministra de Salud, Ana Mato, la noche del 26 de noviembre pasado. No tenía opción porque horas antes el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, emitió un auto sobre la trama de corrupción Gürtel, en el que la exministra fue acusada de ser “partícipe a título lucrativo” de las prebendas ilegales que recibió su exesposo, Jesús Sepúlveda, siendo alcalde de Pozuelo. El juez Ruz encontró las pruebas en la contabilidad del empresario Francisco Correa, cabecilla de la red de corrupción, de que la exfuncionaria se benefició de los 730 mil euros de “dinero negro” que recibió Sepúlveda, del pago de viajes familiares, fiestas de cumpleaños, en la adquisición de autos de lujo y de bolsos para uso de ella. Rajoy se vio en la disyuntiva de destituirla para evitar que se mantuviera en el cargo porque, al día siguiente, presentaba en el Congreso de los Diputados una batería de reformas legales de “regeneración democrática”, enfocadas a combatir la corrupción. Entre las medidas destaca la prohibición de donaciones de personas jurídicas a las fuerzas políticas, mientras las donaciones de particulares tendrán un tope de 50 mil euros y serán notificadas al Tribunal de Cuentas; prohibir a los bancos condonar deudas de los partidos fuera de las condiciones de mercado; se establece el delito de financiación ilegal de los partidos; se aumenta los plazos de prescripción de delitos graves y se controla el tema de las “puertas giratorias”, entre otras. El dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez se negó a apoyar la propuesta porque el auto del juez Ruz concluye que el PP, como institución, se benefició de la trama Gürtel y puso obstáculos a la investigación judicial. “Usted no está en condiciones de abordar la tarea de regeneración democrática”, le reprochó. “(Yo) no me siento en un despacho pagado con dinero B, ni tengo un tesorero en la cárcel, ni he recibido dinero en sobres”, fustigó Sánchez a Rajoy, al confirmarse que las reformas arquitectónicas en el edificio del PP se pagaron con “dinero negro”. El Consejo General del Poder Judicial registró al cierre de 2014 un total de mil 661 causas abiertas en los tribunales españoles por delitos relacionados con la corrupción política, como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias hasta revelación de secretos y blanqueo de capitales. Por estas causas hay 500 personas imputadas, sin embargo, sólo hay 23 personas en prisión purgando penas, debido a que los juicios son lentos y pueden tardar hasta diez años para que surja una resolución final. La mayoría se relacionan al periodo de expansión económica (1993) por el tema urbanístico. Los casos de corrupción alcanzan a la Casa Real, con el caso Nóos. La Audiencia de Palma mantuvo la imputación en contra la hermana del rey Felipe VI, la infanta Cristina y su pareja, Iñaki Urdangarín. Pero otros casos incluyen exministros, presidentes de comunidades autónomas, alcaldes, líderes sindicales, banqueros, deportistas y artistas. El Estado español cuenta con una Fiscalía Anticorrupción y la Criminalidad Organizada, creada en 1995, durante el gobierno de Felipe González –gestión también aquejada por casos de corrupción— que depende de la Fiscalía General del Estado. Aparte de contar con el respaldo de las áreas de investigación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción tiene el apoyo técnico de la Agencia Tributaria. Los casos se procesan en los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional y en los juzgados de instrucción de las Audiencias provinciales, cuyos magistrados integran las investigaciones y dan cauce legal a los juzgados penales y administrativos. El juez Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, advierte que España “tiene el mayor número de corruptos de Europa y el menor número de jueces para atender los casos”. Por esa razón, el 5 de noviembre cinco asociaciones de jueces y fiscales propusieron, mediante un comunicado, ocho medidas contra la corrupción, ante la situación de “máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que nos sobresaltan en los últimos tiempos”. No sólo exigieron reformas a la Ley del Suelo, la tipificación del delito de financiación ilegal de los partidos, la reducción del número de cargos públicos con fuero, sino una mayor dotación de medios adecuados a los funcionarios que combaten la corrupción. También criticaron las “inaceptables injerencias” del poder político en la elección de los integrantes del órgano de Gobierno del Poder Judicial, para lo cual propusieron cambios legales. “Los episodios de corrupción política”, concluyeron, “socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro estado de derecho”.   Francia: Sarkozy, en la mira   En 2012, la justicia francesa esperaba con impaciencia que se terminara la presidencia de Nicolas Sarkozy, la cual inició en 2007: si bien su estatuto de presidente le garantizaba una inmunidad jurídica prácticamente absoluta --una tradición heredada de la monarquía en la cual “el rey no podía hacer mal”--, el nombre de Sarkozy solía aparecer con frecuencia en escándalos político-financieros. Tan sólo un mes después de su derrota electoral, en abril de 2012, Nicolas Sarkozy volvió a ser un “ciudadano normal” en términos jurídicos. Y en los últimos dos años y medio, once investigaciones judiciales, incluidos posibles conflictos de intereses, apuntan de manera directa e indirecta hacia el exmandatario galo. Así, el exjefe de Estado sigue atrayendo la atención de jueces de instrucción, un tipo de juez-detective, en el supuesto financiamiento de su campaña presidencial de 2007 por el régimen del entonces dictador de Libia Muhammar Gadafi. A raíz de esta investigación, los jueces descubrieron en febrero de 2014 que el ahora ciudadano Sarkozy tenía una segunda línea telefónica, abierta bajo el pseudónimo de “Paul Bismuth”, y a través de la cual sostenía pláticas privadas con su abogado. En una de ellas sugirió a su defensor que sobornara a un magistrado para conseguir información acerca de los avances de las indagaciones en su contra, lo que llevó al procurador de Justicia de abrir una carpeta de investigación por supuesto tráfico de influencias. Asimismo, la justicia sigue esclareciendo la supuesta responsabilidad de Sarkozy en la decisión de arreglar un pleito entre el Estado y un famoso empresario mediante un generoso arbitraje, que acabó en la entrega de 403 millones de euros –equivalente a más de 6 mil millones de pesos-- al empresario. Durante la indagación los jueces se percataron de que Sarkozy recibió en varias ocasiones el empresario en el palacio nacional antes de llevar a cabo el arbitraje. La justicia también evalúa el posible favoritismo en la firma de contratos, asignados sin licitación previa y de dudosa utilidad pública, por la oficina de Sarkozy a distintas empresas especializadas en comunicación y en encuestas pertenecientes a cercanos del entonces presidente. El predecesor de Sarkozy, el conservador Jacques Chirac, fue condenado en 2011 a dos años de encarcelamiento condicional por los delitos de “desvío de fondos públicos”, “abuso de confianza” y “toma ilegal de intereses”, debido a la creación de 21 falsos empleos durante su mandato como alcalde de París, en la década de los noventa. Pese a sus repetidos esfuerzos para evitar su comparecencia en el juicio –hasta invocar problemas de senilidad--, Chirac se convirtió en el primer expresidente galo en ser condenado. Es costumbre que la opinión pública francesa –ya desconfiada del mundo político-- exija la destitución de los altos funcionarios salpicados por escándalos. Muchas veces obtiene satisfacción a su reclamo. Así, en diciembre de 2012, la página en línea Mediapart reveló que el subsecretario de finanzas encargado del presupuesto nacional, Jérôme Cahuzac, poseía cuentas bancarias secretas en Suiza y en Singapur. Durante cuatro meses, el funcionario desmintió la información, incluso ante los diputados de la Asamblea Nacional, hasta que, el pasado 19 de marzo el presidente Francois Hollande anunció su dimisión. Dos semanas después, Cahuzac reconoció que era el titular de las cuentas en los paraísos fiscales, y los jueces de instrucción abrieron una carpeta de investigaron por lavado de dinero y evasión fiscal en su contra. En la administración de Sarkozy, Eric Woerth se desempeñaba también como subsecretario encargado del presupuesto nacional cuando, en junio de 2010, Mediapart destapó un escándalo en el que Woerth parecía actuar como intermediario entre Liliane Bettencourt, la dueña del grupo de cosméticos L’Oréal, y Nicolas Sarkozy, para el supuesto financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2007. La esposa de Woerth era entonces la contable de Bettencourt, la mujer más adinerada de Francia. El gran ruido mediático que rodeó el caso provocó la salida del subsecretario del gobierno de Sarkozy en noviembre de 2010. En diciembre de este mismo año, la secretaria de la Defensa, Michèle Alliot-Marie, se encontraba de vacaciones en Túnez con su pareja, invitados por un empresario tunecino cercano al entonces dictador Ben Alí cuando estallaron las primeras manifestaciones de repudio al régimen –que luego se contagiarían a la región y provocarían las “primaveras árabes”. El 11 de enero de 2011, Alliot-Marie ofreció su ayuda a la dictadura para reprimir las manifestaciones, y enseguida autorizó el envío de material antimotín a Túnez. Pero el 27 de febrero de este año, un mes después de que Le Canard Enchaîné reveló la estancia de Alliot-Marie en Túnez, y que ella sostuvo una plática telefónica con Ben Alí, debió renunciar a su cargo. El pasado 18 de abril no fue su conflicto de intereses con un laboratorio farmacéutico que le costó su puesto a Aquilino Morelle, el consejero político del presidente Francois Hollande, sino la revelación de que había contratado a un lustrabotas al que convocaba en un salón del palacio nacional. El secretario de Estado para el desarrollo de la región de París, Christian Blanc, tuvo que renunciar a su cargo en agosto de 2010 por haber comprado 12 mil euros –alrededor de 200 mil pesos-- de puros finos, con dinero público. Un mes después, otro secretario de Estado, Alain Joyandet, renunció cuando se supo que benefició ilegalmente de un permiso de obra para renovar su casa.   Colombia: un tribunal sancionador La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (diputados) de Colombia, la instancia encargada de investigar al presidente por corrupción o ejercicio indebido de funciones, tiene sus días contados. Y no es por falta de trabajo. Tiene más de mil 500 casos radicados en espera de dictamen, pero nadie en el país espera que avance uno solo. El único presidente sometido a investigación ha sido Ernesto Samper, en 1996, por el supuesto ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña que dos años antes lo había llevado al poder. El pleno de la Cámara lo exoneró tras un ríspido debate más político que jurídico. “La Comisión de Acusaciones es un completo fracaso”, dice a Apro la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barros, quien ha elaborado varios estudios sobre el tema. La opinión de Barros es compartida por la gran mayoría de colombianos, pese a que el Congreso aprobó, en diciembre pasado, en primera vuelta, una reforma de “equilibrio de poderes” que crea un Tribunal de Aforados para investigar al fiscal, al procurador, al contralor, al defensor del pueblo y a los magistrados de las altas cortes. La oposición política buscará que en la segunda vuelta del debate, programada para marzo y junio próximos, se amplíen las potestades de ese tribunal para investigar al presidente y al vicepresidente de la república y para realizar no sólo labores de investigación sino también de juez, con facultades para emitir condenas. La senadora de la Alianza Verde (AV), Claudia López, indica que en las discusiones legislativas que se avecinan la oposición insistirá en que el Tribunal de Aforados sea un organismo independiente, con integrantes electos por el Congreso a partir de ternas presentadas por los diferentes poderes del Estado, la sociedad civil y las instituciones académicas. La AV anexó una salvedad al proyecto de reforma aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado en la primera vuelta legislativa y expresó la necesidad de robustecer el sistema de investigación y sanción de conflictos de intereses de los altos funcionarios públicos mediante la creación de un Tribunal de Aforados con más independencia que la que le otorga el proyecto avalado por la mayoritaria bancada oficialista. De acuerdo con el texto de salvedad publicado en la Gaceta del Congreso, tal como está la reforma, el Tribunal de Aforados “lejos está de ser una garantía de control institucional de poderes, lo que nos lleva a ahondar más en la impunidad y la falta de control entre los poderes públicos, agravándose con lo que nosotros hemos denominado la ‘feria de fuero’”. Esto es porque la iniciativa amplía los cargos con fuero al procurador general, al contralor general y al defensor del pueblo (el equivalente al comisionado nacional de derechos humanos). Barros considera que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ha demostrado su inoperancia desde 1991, cuando se reactivaron sus funciones, lo que la ha hecho ser conocida popularmente como “comisión de exoneraciones”. La directora del MOE y experta en asuntos electorales y reforma del Estado, indica que el mejor camino para investigar los eventuales conflictos de intereses y actos de corrupción o de abusos de poder en que incurra un presidente es un Tribunal de Aforados “verdaderamente independiente, con integrantes de probada capacidad profesional en el campo de las investigaciones judiciales y el derecho y cuya elección no sea por motivos políticos, sino por sus méritos”. Afirma que resulta “inentendible” que el proyecto de ley aprobado en primera vuelta haya ampliado el fuero a altos funcionarios del Estado, porque “eso no tiene nada que ver con el mejoramiento del sistema de investigación y juzgamiento de aforados”. “Antes bien –agrega-- podría calificarse esto como un mayor número de funcionarios propensos a garantizarle impunidad en sus actuaciones. Recordemos que de los procesos que se adelantan ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, cerca de 94% se encuentra en investigación preliminar, y en 90% de ellos aún no se ha determinado el delito o la conducta por la que se realizaría una posible acusación”. Barros sostiene que el Tribunal de Aforados sólo debe juzgar al presidente y al vicepresidente y que el resto de funcionarios no deberían tener fuero especial. Según la reforma aprobada el año anterior y que será sometida a nuevos debates en los próximos meses, el Tribunal de Aforados estará integrado por cinco miembros que deberán tener el mismo perfil profesional de los magistrados de las altas cortes y su elección corresponderá al Congreso. Además, el presidente y el vicepresidentes serían investigados por una comisión legislativa que reemplazaría a la actual Comisión de Acusaciones pero que, en la práctica, sólo se trataría de un cambio de nombre. Para el abogado especializado en derecho penal, Fabio Humar, el hecho de que los magistrados del Tribunal de Aforados sean electos por el Congreso es un error, pues “sería reproducir los criterios políticos sobre los legales y van a ser electos por cuotas políticas, de acuerdo con la correlación de fuerzas en el Legislativo”. “Y mantener la actual Comisión de Acusaciones, aunque sea con otro nombre, para investigar al presidente y al vicepresidente, sería perpetuar la inoperancia para fiscalizar a esos altos dignatarios”, agrega. Humar considera razonable la propuesta opositora acerca del Tribunal de Aforados independiente y con facultades no sólo para investigar, sino también para juzgar. En la reforma que debatirán los legisladores en el periodo de sesiones que se inicia en marzo, se establece que el Tribunal de Aforados sólo podrá investigar y, si encuentra méritos para formular acusaciones, deberá turnar el caso a la Cámara de Representantes, que a su vez lo someterá a la consideración final del Senado si encuentra los cargos procedentes. La bancada de la coalición política del gobierno es mayoritaria en ambas cámaras del Congreso pero los opositores Polo Democrático Alternativo, Alianza Verde y Centro Democrático –cuyas ideologías van de izquierda a derecha— esperan que la presión de la opinión pública produzca modificaciones sustantivas en la iniciativa de ley. (Con información de Yetlaneci Alcaraz, Alejandro Gutiérrez, Mathieu Tourliere y Rafael Croda)