MADRID (apro).- España vive un año muy agitado. Cuatro elecciones marcan su calendario político de 2015, lo cual significa que el gobierno de Mariano Rajoy y las demás fuerzas políticas tendrán que pasar el examen de las urnas repetidamente y que el pronóstico sobre cómo quedará el escenario político de este país hacia final del año es impredecible. Cuatro elecciones en que la distancia entre ciudadanía y clase política es abismal. En un momento en que se respira un hartazgo social contra las políticas de austeridad, los recortes en los programas sociales y, en contraste, los cotidianos casos de corrupción que retratan de cuerpo completo a la clase política y empresarial de este país. No es un escenario fácil para que las formaciones políticas tradicionales traten de convencer a un electorado, después del vuelco que vivió Grecia, donde la rabia de los ciudadanos lanzó al bote de la basura a los anteriores gobernantes para dejar llegar al poder a Syriza, una fuerza cuyo origen es la izquierda radical. Aquí, las dos fuerzas principales, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que son el sostén del bipartidismo castizo, se ven amenazados por una fuerza social emergente. Se trata de Podemos, el nuevo partido que canaliza la rabia social en España, con una propuesta ideológica y programática más cercana a Syriza, de Grecia, a cuyo candidato apoyaron con su presencia en el cierre de campaña. Sus mensajes calan en la calle, como combatir la corrupción, poner la lupa y controlar a “la casta” y regresar a los programas sociales recortados por el bipartidismo, pero es sumamente ambiguo en otros temas porque su objetivo es llegar al mayor espectro de ciudadanos posible. La otra amenaza emergente para el establishment es Ciutadans (así llamado en catalán, de donde surge, aunque ahora renombrado Ciudadanos), que es una suerte de Podemos de corte conservador, neoliberal 100%, cuya apuesta es un “cambio de terciopelo”, que trata de capitalizar el malestar social, pero sin llegar a la radicalidad con los que se identifica a Podemos. Con una ambigüedad similar a la de Podemos en sus propuestas centrales, pero con un discurso blando, Albert Ribera, el líder de Ciutadans, no puede ocultar que en 2009 se presentó a las elecciones europeas con una coalición de partidos “xenófoba y eurófoba”, acusa Rosa Díez, la dirigente de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). Se refiere a Libertas, la plataforma de partidos ultraderechistas europeos vinculados al movimiento ultracatólico del francés Phillippe de Villiers, a la que se unió Ciutadans. En esa ocasión, quien encabezó la lista de candidatos era Miguel Durán, el ultraconservador expresidente de Telecinco, una de las dos televisoras privadas más fuertes, cuyo capital matriz es de Silvio Berlusconi. Un sector de la prensa española –en particular las televisoras—, muy habituada a “coincidir” con los dictados de las grandes multinacionales que cotizan en el IBEX-35, sus anunciantes, se volcó en exaltar a Ribera y Ciutadans como la gran alternativa. Alberto Garzón, dirigente de Izquierda Unida, dice en entrevista con corresponsales extranjeros que este partido es apoyado por los grandes capitales españoles representados en el IBEX-35, como una alternativa para impedir que Podemos llegue al poder. Paro, precariedad… Los partidos españoles tendrán que echar mano de sus mejores herramientas para intentar convencer a una población que entra a su séptimo año en crisis, en el que cerca de 13 millones de personas (el 27.3% de la población de España) están en riesgo de pobreza o exclusión social. Son 9.6 millones por debajo del umbral de la pobreza y 2.8 millones con severa falta de recursos, de acuerdo con los datos del informe sobre la evolución de la exclusión social que dio a conocer en enero la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. El informe explica que de 2009 a 2013 cerca de millón y medio de personas que viven en España vio cómo disminuyeron sus condiciones de vida, deslizándose hacia las capas más desprotegidas de la sociedad; muchos de ellos víctimas de la ola de despidos. Esta medición –la tasa Arope— no solo mide la pobreza y el hundimiento generalizado de los ingresos básicos, sino la carencia material severa y la baja intensidad en el empleo. En este informe se desgrana que al menos 800 mil personas tienen retrasos en el pago del alquiler, no pueden sufragar la calefacción y les es difícil llegar a fin de mes; ello sin contar con su incapacidad para hacer frente a gastos imprevistos. Creció el número de personas que vive en hogares donde ninguno de sus integrantes trabaja: hasta el 15.7%, más del doble de 2009. El estudio revela que el empleo no es una garantía frente a la vulnerabilidad social porque 11,7% de la población tiene trabajo y son pobres. Los datos de la desigualdad muestran que el norte del país es donde menos pega, en especial en Navarra, País Vasco y Aragón, con tasas inferiores al 20%, mientras que en la zona de Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía los valores rondan el 35% y 39%. Uno de los casos más dramáticos es la ciudad autónoma de Ceuta –en el norte de África—donde prácticamente la mitad de su población (47%) está en riesgo de pobreza y exclusión social. La ong Intermón Oxfam también hizo público un informe donde señala que España es uno de los mayores ejemplos de desigualdad social en Europa. Es “el segundo país más más desigual del continente, sólo por detrás de Letonia”, dice de la organización en un comunicado. Señala que esas desigualdades se incrementan día a día y que hoy el 1% más rico de la población mundial tendrá más dinero que el 99% restante en 2016. En el caso de España, señala, “el 1% de la población española concentra más riqueza que el 70% más pobre”. El informe presentado de cara a la pasada Cumbre Mundial de Davos, sugería a los partidos políticos de los países más desarrollados que sus programas electorales incorporen medidas para combatir la desigualdad. Estación: Andalucía El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, lamentó que tanto Susana Díaz y Artur Mas, los presidentes de Andalucía y de Cataluña, respectivamente, decidieran convocar a elecciones anticipadas en sus territorios. En su opinión, ambos gobernantes convocaron a elecciones anticipadas en Andalucía y Cataluña “por intereses personales y partidarios”, lo que le preocupa ya que tendrán que celebrarse cuatro procesos electorales en 2015. Se refiere a las elecciones andaluzas, que se celebraron el pasado 22 de marzo; las municipales y autonómicas, en mayo; las catalanas en septiembre y las elecciones generales a fines de año, tentativamente en el mes de diciembre. Rajoy sugirió que esta acumulación de elecciones podría afectar el desempeño de su administración para superar la crisis. La noche del 22 de marzo los televidentes no sólo vieron el clásico de fútbol Real Madrid-Barca, sino que siguieron los programas especiales sobre la elección en la comunidad de Andalucía, porque podría marcar un inicio de los cambios políticos en el país. El bipartidismo PP-PSOE logró pasar esa primera prueba; termina este primer trimestre golpeado, pero no hundido. Este territorio, que es feudo del PSOE, le permitió preservar los 47 escaños en el Parlamento que consiguió en los comicios de 2012. El PP se mantiene como segunda fuerza con 33 escaños, es decir, 17 menos que en los comicios anteriores. Esta elección marca la irrupción de Podemos, como tercera fuerza, con 15 escaños, y de Ciutadans, con mueve más. Algunos tuvieron una debacle, como IU, con apenas cinco, y otros casi desaparecieron, como UPyD, sin escaños. Alberto Garzón, originario de Málaga y dirigente de Izquierda Unida a nivel nacional, advierte que el caso andaluz es muy sintomático, porque es la principal región de latifundios del país, incluidos apellidos como los familiares de la extinta Cayetana Alba, la polémica duquesa de Alba. Es de aquí de donde surge el término “los señoritos” de Andalucía, referida a esa casta de latifundistas que definen la economía de la comunidad autónoma y también un asunto de ámbito cultural, porque los trabajadores mantienen un espíritu de resistencia y de lucha contra las imposiciones de los latifundistas. Es una comunidad gobernada desde hace décadas por el PSOE, partido que “mantiene unas redes clientelares espectaculares, con administración pública y agencias donde recolocaban a sus cuadros. Son redes clientelares que los socialistas movilizan a la hora de votar y pagan a medios de comunicación, como el Canal Sur y otros, para tener capacidad de controlar la información”, dice Garzón. Es en este contexto, que la presidenta andaluza Susana Díaz adelantó las elecciones, cuyo término natural era en 2016, dando así un golpe de gracia a la coalición de gobierno que mantenía con Izquierda Unida, bajo el argumento de que tenían intereses distintos. Como una figura emergente dentro del PSOE, Díaz afrontó los comicios para afianzarse en Andalucía y como la esperanza del PSOE rumbo a las elecciones generales para ir por La Moncloa. El buen resultado en las elecciones del día 22, colocan a Susana Díaz como una figura central dentro del PSOE nacional, cuyo secretario general, Pedro Sánchez, no logra consolidar una política de partido. Ella heredó el cargo hace poco más de un año, del expresidente José Griñán y éste de Manuel Chaves, las dos máximas figuras socialistas de Andalucía. Sin embargo, Díaz tiene un problema frente a sí: sus antecesores. Tanto Griñán como Chaves son dos expresidentes—con acta de diputado y senador, respectivamente—que están imputados en una trama de corrupción por el desvío de fondos públicos para los cursos de formación de los desempleados en esa comunidad. Las otras fuerzas políticas advirtieron a Díaz que no se opondrán a su investidura, sólo si obliga a dimitir a Cháves y Griñán, independientemente de la decisión que emita el pleno del Tribunal Supremo (TS) que estudia su caso. Podemos y Ciudadanos fueron claros con esa exigencia de la destitución, “por responsabilidad política”. Sin embargo, el PP le planteó permitir que asuma el poder, pero a cambio de un pacto que garantice gobierno a las fuerzas más votadas en algunos ayuntamientos, para permitirle al PP mantener algunos de sus ayuntamientos. Por lo pronto, en Andalucía Susana Díaz consiguió afianzarse en el PSOE, además de dar un freno al efecto Podemos. Calendario electoral La próxima cita electoral en España será el 24 de mayo. Confluyen en la misma fecha las elecciones municipales y las autonómicas. En las municipales los españoles pueden votar desde el extranjero en aquellos países con los que mantienen acuerdos, como son Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Podemos anunció que no concurrirá a estas elecciones con su nombre, pero sí lo hará en algunos ayuntamientos bajo la marca paraguas de Ganemos, donde participan en alianza con otros partidos y plataformas ciudadanas. En las elecciones autonómicas se celebrarán en Asturias, Cantabria, Navarra, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Canarias, Islas Baleares, Aragón y Extremadura, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (norte de África). Las excepciones son el País Vasco, Andalucía y Cataluña, esta última porque su elección se celebra el 27 de septiembre. Luego de negociar con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el presidente catalán Artur Mas anunció que las elecciones en su comunidad autónoma serán en esa fecha de septiembre, que tiene un enorme simbolismo, porque fue cuando firmó, hace un año, la convocatoria a la fallida consulta del 9 de noviembre. Pero también porque es cuando iniciarán la vigilia para la celebración de la Diada, el día nacional de Cataluña. Esta decisión tiene como fin desbloquear el proceso soberanista. Por último, este año se celebrarán las elecciones generales, donde se renovarán los 350 diputados del Congreso y los 208 miembros del Senado, aunque aún no existe una fecha definida. Serán las primeras elecciones generales que recibirán el fallo del rey Felipe VI, después de la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos I. De acuerdo con la ley, éstas deberán celebrarse el 20 de noviembre y como fecha máxima el 20 de diciembre. El escenario es muy complejo, convulso, y es difícil predecir qué sucederá electoralmente, porque algunos barajan la posibilidad de alianzas electorales y otros se suman a la convergencia postelectoral, sobre votación de leyes puntuales o acuerdos programáticos a la hora de votar cuando se compartan puntos de vista o propuestas electorales. Sin embargo, los primeros resultados en Andalucía dejan ver que habrá una fragmentación del voto, aunque desde las grandes empresas se impulsa la necesidad de que haya coaliciones para mantener “la estabilidad”. Pero no hay nada escrito, porque una coalición PP y PSOE podría provocar una penalización del voto al PSOE no tanto al PP, que regularmente ha vendido esta coalición como una decisión para salvar al país. En este estado de incertidumbre política el juego está echado en España.