Legalización de mariguana en EU y Uruguay en menoscabo de la fiscalización: ONU

martes, 3 de marzo de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- Al legalizar el uso recreativo de la mariguana, los gobiernos de Uruguay y de distintos estados de EU “podrían menoscabar la integridad del sistema de fiscalización internacional de drogas”, aseveró la Organización de las Naciones Unidas. En su Informe 2014, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) del organismo, afirmó que estas medidas son violatorias de los textos que esos mismos países ratificaron. Recordó que el uso de la cannabis con fines médicos “racionales” está permitido. Aún así, se decomisan “más de un millón de kilogramos anualmente” de mariguana –con una concentración en THC, su sustancia activa, cada vez mayor– en la frontera entre Estados Unidos y México. Esa actividad en 2013 representó 94% de las incautaciones de esta droga a nivel mundial. Del mismo modo, las incautaciones de metanfetaminas en la misma frontera se multiplicaron por cinco en cuatro años. Pasaron de dos toneladas en 2008 a 10 en 2012, con una pureza en aumento de 130%. La JIFE recordó que en Estados Unidos los consumidores de droga adictos a los opiáceos recurren “cada vez más” a la heroína –de origen mexicana–, la cual “es más fácil de obtener y más barata que los opioides de venta con receta”. Esta situación generó un aumento en el número de muertes por sobredosis, así como un crecimiento de 770% del número de ingresos a centros de tratamiento de adicciones a opiáceos desde el año 2000. Por el contrario, las autoridades estadunidenses confiscaron una cantidad cada vez menor de cocaína desde 2007. Según la Junta, además de continuar como la ruta por donde transita 80% de la cocaína que se introduce a Estados Unidos, los países de Centroamérica y el Caribe se convirtieron a su vez en productores de drogas. Por ejemplo, la adormidera –o planta del opio– en Guatemala o las llamadas “nuevas sustancias psicoactivas” derivadas de precursores químicos legales. Entre los precursores utilizados para “cocinar” metanfetamina se encuentra la metilamina, que en distintas ocasiones fue incautada por autoridades mexicanas mientras era traficada a Guatemala y a Nicaragua. La Junta afirmó que en la región, “el problema de la droga ha contribuido a elevar los niveles de violencia callejera y de corrupción relacionada con las drogas, lo que ha sobrecargado aún más el sistema de justicia penal”. Entre las zonas más preocupantes por sus niveles de violencia vinculados con el tráfico de drogas, la Junta destacó las fronteras de México con Guatemala y Belice, así como la de Honduras y Guatemala y el litoral hondureño. Enfoque integral La JIFE abogó en favor de un enfoque “integral” hacia las drogas, el cual consiste, “no solo en prevenir (o al menos reducir considerablemente) la producción, el tráfico y el consumo ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, sino también agilizar la disponibilidad de las drogas para su uso médico, más específicamente para el tratamiento del dolor”. Dentro de este ámbito, por ejemplo, observó que “el nivel de consumo de opioides y analgésicos (para uso médico) en México sigue siendo muy bajo”, debido a los costos elevados de los procedimientos administrativos, su escasa disponibilidad y la mala preparación de los profesionales de la salud respecto a los psicotrópicos. Entre las medidas que preconizó la Junta para reducir la oferta de drogas –desde los cultivos ilícitos hasta los grupos de traficantes– se encuentran “los programas de represión, cooperación judicial y desarrollo sostenible”. Sin embargo, insistió en que esta estrategia debe caminar a la par con programas de reducción de la demanda. Al respecto, la Junta subrayó la importancia de los factores socioeconómicos como la pobreza o la exclusión social en el fenómeno de las drogas aunque, precisó, “no existe ninguna casualidad directa entre estos factores y el consumo ilícito y el uso indebido de drogas”. Y detalló: “Sería contraproducente recurrir al desarrollo alternativo para reducir la oferta de drogas ilícitas sin establecer programas de prevención y tratamiento de los drogodependientes”. La Junta recomendó a los estados incorporar su política de drogas en los programas de desarrollo socioeconómico, con una importante vertiente de derechos humanos. Por lo anterior, rechazó las incitaciones “a librar una guerra indefinida contra las drogas”, a “imponer un régimen puramente prohibicionista” y a “la represión de los derechos humanos”. El organismo de la ONU analizó que la violencia vinculada a la economía de las drogas se observa en países con instituciones débiles. En estos países, consideró, “las leyes parecen beneficiar solamente a determinados grupos y la población no confía en las instituciones que tienen el mandato de aplicarlas debido a la corrupción, impunidad y parcialidad que imperan en ellas”. Y añadió: “al igual que sucede con la existencia de grupos delictivos organizados, las condiciones que facilitan la violencia y la corrupción suelen preceder al surgimiento del problema de las drogas”. La Junta también destacó el papel mayor del lavado de dinero en el tráfico internacional de drogas. Éste, dijo, se ve facilitado por la existencia de los paraísos bancarios, el uso de Internet “y las nuevas técnicas de blanqueo de dinero que impiden la detección”.