España: Detrás del combate al terrorismo, la criminalización de la protesta social

viernes, 6 de marzo de 2015
MADRID (apro).- Todavía se escuchaban los ecos del lema Je suis Charlie, surgido tras el atentado en París, el 8 de enero, y en España el gobierno del presidente Mariano Rajoy consiguió el respaldo del líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, en la firma de un pacto antiterrorista para impulsar una amplia reforma legislativa para combatir las expresiones yihadistas, la cual es casi íntegra la propuesta que el Partido Popular (PP) impulsaba desde antes. Incluye que se penalizará el adiestramiento y el adoctrinamiento para perpetrar actos terroristas y una regulación del fenómeno de los llamados “lobos solitarios” o los activistas que viajan a zonas de conflicto para recibir adiestramiento. No obstante, esta reforma del PP, ahora respaldada por el PSOE, está siendo muy criticada por los notables recortes a libertades básicas como la de expresión, de información y de reunión pacífica, y cuya redacción es tan vaga que puede elevar a actos terroristas delitos menores. Uno de los términos más criticados es que se incluyera en la definición de terrorismo referencias poco detalladas como “perturbar la paz social” y actuaciones de colaboración con el terrorismo a hechos que no exigían conocimiento de la actividad de la persona ayudada. Esteban Beltrán, director general de Amnistía Internacional (AI) España, denunció que esta legislación antiterrorista tras el ataque a la revista satírica Charlie Hebdo, es la primera en Europa, porque se venía preparando con antelación, sin embargo, países como Francia están revisándola, para aplicar nuevos mecanismos de vigilancia electrónica masiva o escuchas telefónicas, violando los controles judiciales. El gobierno de Rajoy también presentó al Congreso, y está en trámite parlamentario, una reforma a la Ley de Seguridad Ciudadana, encaminada a combatir la protesta pacífica, dotando de mayores poderes a las fuerzas de seguridad, mientras que a los ciudadanos les resta garantías frente a la administración, con sanciones más severas. Impedir un desahucio, manifestarse frente al Congreso o grabar a la policía y difundir las imágenes alcanzarán multas de 30 mil euros y manifestarse en infraestructuras de servicio público podría llegar a 600 mil euros. Esta ley autorizó las llamadas “devoluciones en caliente” de inmigrantes en Ceuta y Melilla, medida que ya fue criticada por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks. Partidos políticos, organizaciones sociales y plataformas ciudadanas expresaron su repudio a estas medidas enfocadas a mantener un mayor control ciudadano, aunque los medios de comunicación afines al gobierno insisten en el falso dilema de o libertades o mayor seguridad, para justificar los cambios propuestos. Estas modificaciones son impulsadas principalmente desde los ministerios de Interior y de Justicia, el primero a cargo del ultraderechista Jorge Fernández Díaz y el segundo a cargo de Rafael Catalá. El 21 de enero pasado, la mayoría calificada del PP aprobó en solitario la reforma al Código Penal, con la oposición del resto de partidos, siendo el punto más crítico la inclusión de la prisión permanente revisable, que en la práctica será una cadena perpetua, porque abre la puerta al internamiento de por vida. A esa reforma el PP extrajo el capítulo relativo al terrorismo, con el fin de poderlo presentar con el acuerdo del PSOE, como sucedió el 4 de febrero pasado, con la firma protagonizada por Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. En pleno año electoral, el líder socialista recibió duras críticas de todos los sectores, incluido de su partido, porque el PSOE en sus propuestas programáticas tiene una posición contraria a la cadena perpetua. Aun cuando por Twitter y en declaraciones posteriores, Sánchez y su equipo pretendieron deslindarse de ese punto, no han iniciado ninguna actuación ante el Tribunal Constitucional para eliminar la prisión permanente revisable. Poderes ilimitados En opinión de organizaciones como Amnistía Internacional la definición de terrorismo es “tan vaga y tan amplia” que derechos como la libertad de expresión e información podrán verse limitados. Esteban Beltrán advierte que “esta reforma amplía de manera tan vaga los delitos de terrorismo que es difícil reconocer qué conductas pueden ser sancionables y, por lo tanto, tenemos serias dudas de que se respete el principio de legalidad y se incurra en la arbitrariedad, que no debería caber en una reforma de tal calado como el Código Penal”. A AI le preocupa que puedan conducir a “sancionar la protesta, tanto en la calle como en Internet, o conductas que no tienen naturaleza terrorista”, dijo durante la presentación del más reciente informe sobre el estado de los derechos humanos en 160 países. Amnistía Internacional, partidos políticos y plataformas ciudadanas critican que entre las numerosas enmiendas antiterrorista se incluyan términos como la “subversión” del orden constitucional; la resistencia a las autoridades (claramente enfocada a las manifestaciones callejeras) y apoyar de forma imprudente incluso involuntaria, una empresa terrorista. La propuesta prohibiría viajar o planear viajar fuera de España a fin de colaborar con grupos extremistas o recibir adiestramiento de ellos, incluso si no se produce dicho adiestramiento o no se comete un acto calificado de terrorista. “El intercambio de información, incluida la procedente de servicios de inteligencia extranjeros, aumenta la posibilidad de que se intercambien y se empleen con fines de inteligencia pruebas obtenidas bajo tortura”, apunta un análisis de AI. Quedaría prohibido en España hacer una declaración en las redes sociales que pueda percibirse en el sentido de que incita a cometer ataques violentos, aunque no pudiera relacionarse con un acto de violencia. Sobre la prisión permanente revisable, Esteban Beltrán sostiene que se elude mencionar de tal manera que se remite, “de manera genérica al tiempo máximo previsto en el Código Penal, sin especificar la pena correspondiente ni que los mecanismos de revisión de la misma sean efectivos”. Esta organización recurrió a su experta en antiterrorismo y derechos                                                                                                                                                     humanos, Julia Hall, quien criticó las enmiendas al Código Penal español, que amplían 21 delitos más a los tipificados como terrorismo. “La definición propuesta de terrorismo incluye tantos delitos que carece prácticamente de sentido y violaría derechos humanos. Parece que cualquier cosa, desde ciertas formas de expresión y de asociación hasta el pirateo informático y los viajes (a países en conflicto), pudiera etiquetarse y enjuiciarse como terrorismo. Es tan amplia y vaga –prosigue—que incluso un abogado experimentado tendría dificultades para saber con certeza qué constituiría un acto terrorista”, dijo en una declaración institucional. En su opinión, España necesita justo lo contrario para combatir el terrorismo: Una definición exacta y legalmente precisa de los delitos que constituyen terrorismo. Y cualquier nueva medida debe ser necesaria y proporcional a la amenaza real”. “Las enmiendas impulsadas, de ser aprobadas, podrían amenazar los derechos a la libertad de expresión y de asociación, la presunción de inocencia, la libertad de circulación, el derecho a la vida privada y el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”, dijo Hall. Pobreza técnica Otras agrupaciones como la plataforma No Somos Delito, Greenpeace y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), entre muchos otros, se han movilizado en contra de estas reformas. Destaca el posicionamiento público que hicieron 60 catedráticos penalistas de 35 universidades españolas, en el que exigen el retiro de la reforma al Código Penal y la reforma a la Ley de Seguridad Ciudadana, porque ambas rebasan preceptos impuestos por la Constitución española, su redacción es ambigua poniendo en riesgo derechos ciudadanos y porque tienen como fuentes desde el punto de vista “político-criminal”, las corrientes “más reaccionarias, más autoritarias” que en el pasado ya han sido denostadas. Critican que el gobierno de Rajoy, abusando de una mayoría absoluta obtenida legítimamente en las últimas elecciones, está impulsando unas reformas penales que padecen, al menos, de “una enorme pobreza técnica”, pese a la calidad de la actual doctrina penal española. En opinión de los especialistas, por sus propuestas de fondo y por sus términos ambiguos en la redacción, “compromete seriamente exigencias básicas del principio de legalidad penal”. Critican el incremento de la gravedad de no pocas conductas, especialmente por la conversión de faltas en delitos y un aumento de las penas de prisión, que incrementará la población penitenciaria pero no se traducirá en una mayor seguridad ciudadana. “Pero quizá lo más grave de esta iniciativa legislativa es el claro abandono que se produce del principio de culpabilidad y su sustitución por criterios de peligrosidad: La dignidad humana va a resultar pisoteada en aras de un defensismo a ultranza, y los ciudadanos van a verse entregados no a la seguridad de la norma sino a la indeterminación de los criterios personales con los que se va a ‘administrar’ la peligrosidad”, dicen. Los especialistas dicen que con el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, el gobierno pretende restringir el derecho de reunión y manifestación. Para ello eleva a concepto de referencia no el de “orden público” entendido como normalidad en las manifestaciones colectivas para poner en relevancia una cierta opinión, sino el de mero “orden en las vías públicas” que bajo la lógica del proyecto de ley resulta siempre alterado por el ejercicio de derechos fundamentales. “De ahí las fortísimas sanciones con las que se amenaza a los participantes en las manifestaciones y los exorbitantes poderes reconocidos a las fuerzas de seguridad, que podrán estar apoyadas por miembros de policías privadas. Se trata, en definitiva, de un intento de poner sordina a las protestas ciudadanas indignadas ante el constante recorte del Estado de Bienestar. Se trata de una ley claramente regresiva, con la que se pretende convertir en papel mojado buena parte de la declaración de derechos contenida en la Constitución”, denuncian. Obsesión de occidente Jesús Núñez, exmilitar y codirector del Instituto de Estudios Sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) consideró que existe una “obsesiva atención” centrada en la amenaza del terrorismo internacional. “No digo que el terrorismo yihadista sea una amenaza inventada. Es real y hay que hacerle frente, pero no hay que perder de vista que es cada vez más acusada y obsesivo el clima de terror en nuestras sociedades que facilita cada vez más clara el recorte de derechos y libertades”, explicó. Hasta ahora, dice, 119 países han adoptado normas que restringen libertades y se implanta la idea que el terrorismo yihadista es la mayor de las amenazas que se tiene en los países occidentales, y que en ese delicado equilibrio entre libertad y seguridad, con una población crecientemente atemorizada, esta ceder sus marcos de libertad, sus derechos, pensando que va a tener garantizada su seguridad. Entre los años 2000 y 2013, explicó, de los 107 mil atentados terroristas registrados, solo el 5% se registró en un país occidental. “A la luz de esos datos, yo creo entonces que ni España ni Europa es el principal objetivo del terrorismo yihadista”, aseguró. Ley Mordaza La reforma de Ley de Seguridad Ciudadana, ya popularmente conocida como “Ley Mordaza”, por su clara intención de contener el permanente malestar social por las medidas de choque impuestas para atajar la crisis económica, tiene una creciente oposición en la calle. Y es que el plan de choque de Rajoy provocó una salida masiva de todo tipo de colectivos para repudiar los efectos que esa política tiene en su economía familiar. En enero de 2013, el gobierno de Rajoy dio a conocer que el primer año de su gobierno se saldó con más de 36 mil manifestaciones y concentraciones en toda España, lo que suponía una media diaria de casi 120 protestas. La información fue en respuesta a un cuestionamiento del portavoz de Interior de Izquierda Plural en el Congreso, Ricardo Sixto. Los datos arrojados señalan que Andalucía era la comunidad autónoma con más protestas: siete mil 141 registradas. Castilla y León registró cuatro mil 435; la Comunidad Valenciana tres mil 147; Cataluña, Tres mil 116; Baleares con tres mil 112; Navarra con dos mil 842; Madrid con dos mil 846 y Galicia con dos mil 213. En el caso de la capital española, Madrid, supuso diez movilizaciones cada día en ese período. Por eso, hubo declaraciones con extremos como los de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que propuso a principios de 2014 “reducir” y “modular” el número de las manifestaciones que se autorizaban en la Puerta del Sol acogiéndose al hecho de que esa plaza emblemática para las protestas es un Bien de Interés Cultural. La “posibilidad” planteada por la esposa del expresidente José María Aznar fue ampliamente rechazada. Como esto no tuvo éxito, Rajoy optó por ampliar los poderes policiales sin establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, sino que además incluye nuevas infracciones, uno de estos ejemplos, no solo afecta a los manifestantes sino a los medios de comunicación, porque se prohíbe grabar imágenes de las fuerzas de seguridad, resistirse a la autoridad o negarse a disolver una concentración. Las redes sociales están atestadas de videos que registran los excesos de las policías antidisturbios de todos los países, incluida España y México, rebasando los límites de su actuación en reprimir manifestaciones. Ahora en España, grabar un video de esas actuaciones se hará acreedor de una sanción de 30 mil euros.

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