Washington, (apro).- El presidente Barack Obama declaró emergencia nacional ante la amenaza “inusual y extraordinaria” que representa para Estados Unidos la situación que se vive en Venezuela, y ordenó la aplicación de sanciones a siete funcionarios del gobierno del presidente bolivariano Nicolás Maduro. “Esta nueva orden se enfoca en personas involucradas en o responsables por la erosión de las garantías de los derechos humanos, la persecución de oponentes políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y la violación de los derechos humanos”, señaló Obama en una orden ejecutiva que emitió este lunes. El mandatario estadunidense explicó que la imposición de la “emergencia nacional” responde a que la situación que se vive en Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. Su determinación y orden de aplicación de sanciones, resaltó, es para responder a la orden que emitió e implementó el 18 de diciembre de 2014 el presidente Maduro, conocida como Ley de Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil. “Estamos comprometidos a hacer avanzar el respeto a los derechos humanos, y proteger las instituciones democráticas y el sistema financiero de Estados Unidos de los flujos financieros ilícitos provenientes de la corrupción pública en Venezuela”, subrayó Obama. La Casa Blanca explicó que las sanciones que instrumentará el Departamento del Tesoro por medio de la Oficina Para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyen únicamente a los siete funcionarios del gobierno de Maduro y no a la economía ni población venezolana. En parte, el mandatario estadunidense enfatizó que su determinación también responde a las detenciones y arrestos arbitrarios que realiza el gobierno venezolano de integrantes de la oposición gubernamental, y la creciente corrupción en las esferas del gobierno bolivariano. A su vez, y en consulta con el Departamento de Estado, la orden ejecutiva de Obama podría ampliarse en su instrumentación sobre funcionarios venezolanos que, bajo el criterio estadunidense, cometan actos políticos que debiliten los procesos democráticos. Y también quedarían sujetos a la confiscación de sus bienes y congelación de cuentas bancarias en Estados Unidos, bajo la jurisdicción estadunidense, los funcionarios venezolanos que lleven a cabo actos significativos de violencia que representen serios abusos a los derechos humanos, sobre todo de las personas que pacíficamente se manifiestan contra el gobierno de Maduro. De igual manera se castigaría a los funcionarios que prohíban, limiten o penalicen la libertad de expresión en Venezuela y que caigan en delitos de corrupción. Y en general a los funcionarios del gobierno de Maduro y del expresidente Hugo Chávez. Los siete funcionarios sancionados por Obama son: Antonio José Benavides Torres, comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral; Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, y Justo José Noguera Pietri, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. También Katherine Nayarith Harrington Padrón, fiscal de nivel nacional del Circuito 20; Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela; Manuel Gregorio Bernal Martínez, jefe de la 31ª Brigada Blindada de Caracas de la Armada Bolivariana de Venezuela y exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y Miguel Alcides Vivas Landino, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela y excomandante de la región de los Andes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A los siete funcionarios del gobierno de Maduro, el gobierno de Obama les canceló el visado estadunidense (en caso de que lo tuvieran) y les prohibió la entrada a cualquier territorio de Estados Unidos o que esté bajo su jurisdicción.