MÉXICO, D.F. (apro).- Palestina se convirtió hoy, de manera oficial, en el 123 Estado miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), lo cual “merece el respaldo internacional” pues enfrentó a la oposición fuerte de los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Canadá para incorporarse al órgano de justicia internacional, según la organización Human Rights Watch (HRW). Cuando Palestina depositó ante la Secretaría de las Naciones Unidas el formulario de adhesión a la CPI, el pasado 1 de enero, el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu –recientemente reelecto– congeló aproximadamente 400 millones de dólares de los ingresos fiscales que destinaba a la Autoridad Palestina. En consecuencia, subrayó HRW, 160 mil funcionarios palestinos dejaron de percibir 40% de su salario. Además, Washington condenó la decisión del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, de adherir a la CPI con el argumento de que Palestina no es un Estado. HRW recordó que en diciembre pasado, el presidente estadunidense Barack Obama aprobó una ley presupuestaria que “cancelaría ciertas ayudas a la Autoridad Palestina si los palestinos inician o sostienen de manera activa una investigación de la CPI”. Balkees Jarrah, jurista en la organización, declaró: “Los gobiernos que intentan sancionar a Palestina por su decisión de adherir a la CPI deberían poner fin de manera inmediata a estas presiones y los países favorables a la aceptación universal del tratado de la CPI deberían afirmar con voz alta su apoyo a la adhesión palestina”. Luego de presentar su formulario de adhesión a la CPI, el gobierno palestino depositó el pasado 1 de enero una declaración en la que urgía al órgano de justicia internacional abrir una investigación sobre probables crímenes de guerra perpetrados durante el operativo militar “Margen Protector”, que dejó a la Franja de Gaza en ruinas el verano pasado. Durante la guerra fallecieron más de mil 500 civiles y se destruyeron las casas de más de 100 mil palestinos, mientras que los combatientes del Hamas dispararon cohetes de manera arbitraria hacia centros de población israelíes, añadió HRW. La procuradora de la CPI, Fatu Bensuda, aceptó la petición el pasado 16 de enero y lanzó un periodo de “examen preliminar”, a raíz del cual determinará si efectivamente llevará a cabo investigaciones por crímenes de guerra –sobre los temas que ella misma planteará-- y posteriormente, un juicio internacional. A pesar de que la denuncia fue interpuesta por el gobierno palestino, la investigación por crímenes de guerra abarcaría tanto al ejército israelí como a los combatientes del Hamas. “Quizá nosotros también seremos el blanco de investigaciones, pero no tenemos miedo”, aseveró ayer Nabil Abuznaid, jefe de la delegación palestina en La Haya, sede de la CPI. Y concluyó: “tal vez terminamos como vecinos de celda en Scheveningen (el centro de detención de la CPI), pero esta vez no tendrán las llaves”.