Demandas por espionaje electrónico acorralan a Washington

viernes, 10 de abril de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones no gubernamentales y empresas han presentado demandas legales contra el gobierno de Estados Unidos por el delito de espionaje masivo y, pese a que aún no han logrado resultados significativos, aspiran a regular de forma más adecuada esa práctica. El caso más reciente es la querella que el martes 7 presentó Human Rights Watch (HRW) en contra de varias dependencias federales estadunidenses: la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA) y su administradora Michele Leonhart; el Buró Federal de Investigación (FBI) y su director James Comey; el Departamento de Justicia (DOJ), el fiscal general Eric Holder; el Departamento de Seguridad Interior y su titular, Jeh Johnson. El expediente 2:15-cv-2573, de 23 páginas y consultado por Apro, cuestiona la recolección masiva, la retención, búsqueda, uso y distribución de registros telefónicos estadunidenses realizados por los acusados. Señala que los programas espías del gobierno estadunidense abarcan indiscriminadamente esas comunicaciones con ciertos países específicos, como Irán, México, Colombia, Ecuador y Afganistán, entre otros. “El programa barre los registros de HRW y su equipo, sin sospechas de ilícitos y sin ninguna autorización judicial o supervisión”, denuncia la demanda presentada ante la Corte del Distrito Central de California. Esos registros permiten a las agencias estadunidense conocer la red de socios de HRW en los países vigilados, entorpeciendo sustancialmente su habilitad para involucrarse en su misión de defender y promover los derechos humanos globales. La intromisión recopila el número telefónico de origen, el receptor, la fecha, hora y duración de la llamada, así como su forma de pago. La DEA cuenta con 11 oficinas en México, dos en Colombia, dos en Ecuador y una en naciones como Afganistán, Guatemala, Honduras, Perú y Venezuela, donde HRW tiene a investigadores y monitores sobre derechos humanos. Desde al menos 2011, la DEA ha enviado citatorios a los proveedores estadounidenses de telecomunicaciones solicitándoles que le transfieran los datos de las llamadas a los países objetivos. El programa, ejecutado desde los años noventa, fue suspendido en septiembre de 2013 y ya no se realizan búsquedas en la base de datos construida. Doble juego Los conflictos entre el gobierno estasdunidense y diversas organizaciones y empresas se han agudizado desde que la prensa mundial empezó a revelar las intimidades de la vigilancia indiscriminada ejecutada por varias agencias de seguridad de Estados Unidos. Ha sido un proceso gradual. Inició en junio de 2013 cuando el estadunidense Edward Snowden, excontratista de la Agencia Central de Inteligencia y actualmente asilado en Moscú, filtró información sobre los sistemas de vigilancia masiva. En ese contexto, las compañías han asumido un doble juego acorde con su conveniencia: colaboración o antagonismo. El 7 de octubre último la red social Twitter demandó a Holder, el DOJ, el FBI y a Comey ante la Corte del Distrito Norte de California, pues desea difundir más detalles sobre las solicitudes de entrega de datos de usuarios y a lo cual el gobierno de Estados Unidos se opone. En su respuesta del 4 de marzo para el caso 4:14-cv-04480, consultada por Apro, el gobierno arguye que las obligaciones de secrecía apegadas a las disposiciones de la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC, por sus siglas en inglés) y las cartas de seguridad nacional (NSL, por sus siglas en inglés) –unas peticiones administrativas-, establecen que una vez que una empresa las ha recibido queda prohibido revelar de qué tipo se trata. Pero las querellas han cosechado pocos resultados, aunque sus promotores confían en recoger mejores frutos. “Son intentos de encontrar una forma de rediseñar las políticas de privacidad. Una demanda es una de las pocas cosas que puede influir en la ruta de cómo van las cosas. Es un asunto político. Las leyes que han sido formuladas han creado un ambiente favorable para que el gobierno (espíe)”, dice en entrevista con Apro Joy Olson, directora ejecutiva de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas inglesas). Wola no está sóla en esta demanda. La acompañan Wikimedia, organización creadora de Wikipedia; la Asociación Nacional de Defensores Penales, HRW, Amnistía Internacional USA, el PEN American Center, el Fondo Global para las Mujeres, la revista The Nation y el Instituto Rutherford. Todos ellos interpusieron la demanda el pasado 10 de marzo contra la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas inglesas), la oficina del director de Inteligencia Nacional, el DOJ y sus respectivos titulares. Lo hicieron ante la Corte de Distrito de Maryland. La demanda –con clave 1:15-cv-00662-RDB y revisada por Apro--, cuestiona el decomiso injustificado y rastreo de tráfico de Internet por parte de la NSA en territorio estadunidense. “La NSA realiza esta vigilancia al interceptar directamente dentro de Estados Unidos la red de cables de gran capacidad, interruptores y ruteadores que trasladan grandes cantidades de comunicaciones entre los estadunidenses y el resto del mundo”, argumenta el pliego de la demanda, de 42 páginas de extensión. Los demandantes denuncian que la NSA se apropia de comunicaciones en masa mientras están en tránsito y explora los contenidos de todas las comunicaciones internacionales de texto –así como en muchas comunicaciones domésticas- para decenas de miles de términos de búsqueda. Por ello, la vigilancia excede el alcance de la autoridad que el Congreso de Estados Unidos estableció en las enmiendas a la la Ley de Espionaje para Inteligencia en el Extranjero (FISA, por sus siglas en inglés) de 2008, el marco legal que envuelve la intrusión. Las actividades ejecutadas incluyen copiado, filtrado, revisión de contenido, retención y uso de información. Con la ayuda de los proveedores, la NSA intercepta una variedad de comunicaciones, incluyendo e-mails, mensájes instantáneos, sitios web, llamadas y videochats. En 2014, Wikipedia, cuyos servidores se ubican en California, Texas y Virginia, ofreció más de 33 millones de artículos en 275 idiomas, con un rango de visitas mensuales entre 412 millones y 495 millones. La querella explica dos tipos de espionaje masivo. Uno de ellos depende del programa informático Prism y para el cual Google, Gmail, YouTube, Facebook, Apple y otros proveedores entregaron datos globales a la NSA. La segunda consiste en conectar dispositivos a múltiples cables de Internet, interruptores y ruteadores en Estados Unidos. Estos puntos de acceso son controlados por los mayores proveedores de telecomunicaciones, incluyendo Verizon Communications, Inc., y AT&T, Inc. Los proveedores pueden ejecutar algunas fases de la vigilancia en nombre del gobierno. “Ha habido algunas reformas para limitar los poderes ejecutivos sobre la vigilancia, pero tenemos un poco más de fe en los litigios”, declara a Apro Katitza Rodríguez, directora del Programa Internacional de la Fundación Frontera Electrónica (EFF, por sus siglas en inglés). EFF ha entablado cuatro juicios en contra del gobierno por la interceptación masiva, uno de ellos en 2008 en contra de la NSA y otras agencias gubernamentales por el almacenamiento y desvío de tráfico de Internet que hacía AT&T hacia una instalación controlada por la NSA. Pero el juez Jeffrey White, de la Corte del Distrito Norte de California, resolvió el 10 de febrero último que los acusadores no podían perseguir el caso, pues implicaba la revelación de secretos de seguridad nacional. EFF está en la apelación. Un denominador común de las demandas es apelar a la violación de la Primera y Cuarta enmiendas a la Constitución de Estados Unidos, que protegen la privacidad y la libre expresión. Alcance extraterritorial Otra compañía litigante es Microsoft, propiedad de Bill Gates, el hombre más rico del planeta, y que rechaza la entrega de información de usuarios almacenada fuera de Estados Unidos. El gobierno estadunidense presentó el 4 de diciembre de 2013 un affidavit al magistrado James C. Francis IV, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con la causa probable de que una cuenta del servicio de correo de Microsoft servía para el tráfico de drogas. El caso 14-2985 trata de los contenidos de todos los correos guardados en la cuenta, incluyendo copias de los mensajes enviados desde ella; registros u otra información de la cuenta, como nombre completo, dirección postal, números de teléfono, registro de hora de las sesiones y su duración, fecha de creación, la direccion de Internet empleada para registrar la cuenta, e-mail alternativo, números de tarjeta de crédito o cuenta bancaria, así como lista de contactos, fotos y archivos. Francis IV emitió la orden de entrega de datos en diciembre de 2013, luego de concluir en que había causa probable para respaldar esa transferencia. La empresa solicitó luego la anulación del caso con el argumento de que el requerimiento implicaba una búsqueda extraterritorial en su centro de datos en Dublín. En su alegato del 9 de marzo, de 73 páginas, el gobierno arguye que ninguna parte de la Ley de Almacenamiento de Comunicaciones indica que la entrega se limite a aquellos guardados domésticamente. Además, alega que la medida no implica que un agente ingrese a la instalación en Dublín, sino que compele a Microsoft a dar registros bajo su custodia. El caso envuelve cuestiones fundamentales, como si el gobierno puede forzar a Microsoft u otros proveedores de Internet a entregar correos de otras comunicaciones privadas embodegadas en el extranjero, las ramificaciones sobre la habilidad de Estados Unidos para proteger las comunicaciones privadas almacenadas en sus fronteras y las implicaciones del papel del gobierno para acceder a evidencias en el extranjero. Durante meses, Twitter trató de negociar, sin éxito, con el gobierno para ampliar el tipo de información que ella y otras compañías pueden revelar en sus reportes de transparencia. Los acusados informaron a Twitter el 9 de septiembre que la información contenida en el reporte es confidencial y no puede ser difundida públicamente porque no cumple con el marco para reportar datos sobre solicitudes gubernamentales bajo la Ley FISA y los estatutos de las NSL. Twitter quiere reportar números agregados sobre la cantidad de NSL y órdenes de FISA que ha recibido y clasificar en pequeños tramos cada forma de solicitud. El gobierno ya aceptó por primera vez que algunas corporaciones tienen el derecho a publicar esos avisos en un documento presentado ante el tribunal. En enero de 2014, el DOJ y Microsoft, Facebook, Yahoo!, LinkedIn y Google acordaron que éstas pudieran revelar información sobre la vigilancia de sus redes bajo dos formatos predefinidos, pero Twitter quiere ir más allá. “No esperamos cambios en el corto plazo. Va a tomar tiempo. El espionaje global es un buen ejemplo de cómo la tecnología se ha alejado de leyes nacionales y tratados internacionales. No es sólo un asunto de preocupación para Estados Unidos, pues se recurre más y más al espionaje. El problema crece más rápido que las medidas del derecho a la privacidad. No hay suficientes controles en ninguna parte”, cuestiona Olson. La activista señala que debe haber un balance entre la preocupación por la seguridad y los derechos y libertades. “Hay una tendencia a recolectar la mayor cantidad de información posible, en nombre de la seguridad, pero sólo recolectar lo más que se pueda no nos vuelve más seguros”, advierte. Por el espionaje, los acusadores no pueden desarrollar sus tareas, como reunir y transmitir información, representar a sus clientes e involucrarse en asesoría nacional e internacional como lo harían si no existiera la vigilancia. Sin presentar evidencias, los acusadores señalan que es “altamente probable” que la NSA retenga, lea y disemine las comunicaciones internacionales de Wikimedia, porque ésta se comunica con y sobre personas que el gobierno vigila. “Las comunicaciones son interceptadas, copiadas y revisadas en el transcurso del espionaje, que invade la privacidad de la organización, su staff y sus usuarios, así como viola su derecho a controlar esas comunicaciones y la información que contienen”, denuncia la querella. “Buscamos la reforma legal. Pedimos detener el programa y sancionar a quienes lo autorizaron. No se han visto cambios desde el legislativo o desde el gobierno”, sostiene Rodríguez.