MADRID (apro).- El exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, consideró que la corrupción en España es “sistémica” y que pese a los instrumentos legales e institucionales para su combate, el poder judicial lo hace casi de manera “artesanal”. Al presentar hoy su libro de nueva aparición, “El Fango. Cuarenta años de corrupción en España” (Debate.2015), Garzón cargó contra “la persecución de los jueces por el Partido Popular”, institución política en el gobierno, porque ha “obstaculizado” desde el principio el pleno desempeño de las investigaciones sobre la trama “Gürtel”. Juez de la Audiencia Nacional responsable de la primera etapa de la investigación del caso Gürtel —que le costó su carrera como magistrado—, Garzón considera que este caso y el GAL, que fue la acción parapolicial del gobierno de Felipe González para asesinar miembros de la banda terrorista ETA, son los más graves que España ha enfrentado. Sobre este último caso, GAL, opinó que es “por suponer actos de corrupción dentro de la lucha contra el terrorismo”, mientras que el Gürtel “por su impresionante extensión vertical y horizontal” en comunidades autónomas bajo el gobierno del PP. El exmagistrado sostiene que su libro es una suerte de “enciclopedia de la corrupción”, que aborda los escándalos de corrupción en la época final de la dictadura franquista y durante los años de la actual democracia española. Entre los 61 casos que aborda y son conocidos por la sociedad, están los casos Roldán, Gal, Juan Guerra, y actuales como el caso Gürtel (y su derivación Bárcenas), Nóos, Matas, Pujol y Púnica, entre otros. Garzón afirmó que “no existe voluntad” de combatir la corrupción si de entrada se obstaculizan unos casos en favor de otros, en alusión a la lista Falciani, donde surgieron más de dos mil casos de evasores fiscales de este país. Explicó que la impunidad y la indiferencia fueron las principales características de la corrupción en España, hasta que en 1995 se formalizaron las primeras herramientas para su combate, con la creación de la fiscalía anticorrupción. No obstante, sostiene que es creciente el rechazo ciudadano en contra de la corrupción en este país, aunque advierte que aún no hay un castigo social suficiente contra la clase política o empresarial involucrada en esas actividades.