Abusos sexuales en bases militares de EU son mayores a los que reconoce el Ejército: senadora

lunes, 4 de mayo de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- La senadora demócrata Kirsten Gillibrand reveló que el número de delitos sexuales en los centros militares de Estados Unidos es mucho mayor de lo que el Departamento de Defensa ha admitido públicamente. En un informe presentado este lunes, la senadora por Nueva York precisó que las esposas de los miembros del servicio y mujeres civiles que viven o trabajan cerca de instalaciones militares son especialmente vulnerables a las agresiones sexuales. No obstante, apuntó, estos casos “siguen en las sombras” porque no se cuentan en los estudios del Departamento de Defensa para analizar la prevalencia de agresiones de ese tipo en el ejército. “No creo que el ejército esté siendo franco sobre este problema“, dijo Gillibrand en una entrevista, luego de destacar que el Pentágono se negó a dar información sobre las agresiones sexuales en varias bases importantes. De acuerdo con información publicada por The Associated Press (AP), la senadora indicó que su análisis de 107 casos de agresión sexual halló castigos demasiado suaves, y que era más probable que se creyera al supuesto agresor que a la víctima. Menos de un cuarto de los casos fueron a juicio y apenas 11 terminaron con una condena por un delito sexual, dijo, y resaltó que las mujeres civiles eran las víctimas en más de la mitad de los casos. En su informe anual sobre agresiones sexuales en el ejército, publicado el sábado 2, el Departamento de Defensa aseguró que hay progresos para combatir la epidemia de agresiones sexuales. Indicó que los delitos se han reducido y cada vez más víctimas optan por denunciar, un indicio de que, subrayó, hay más confianza en que los agresores responderán por sus actos. En uno de los casos analizados por Gillibrand, un miembro de la Fuerza Aérea fue acusado de derribar a su exnovia, sujetarla en el suelo y violarla. Durante la investigación, otras dos víctimas civiles acusaron al mismo hombre de agresión sexual. Una de ellas, esposa de otro militar, se despertó de noche y encontró al hombre en la cama con ella, con dos dedos dentro de su vagina. El oficial que lo investigó, recomendó que el hombre fuera sometido a un Consejo de Guerra. De ser condenado se hubiera enfrentado a una larga pena de cárcel. No obstante, sus superiores decidieron no celebrar un juicio y emplearon un proceso administrativo para licenciarlo bajo “condiciones diferentes a honorables”. La Fuerza Aérea sostuvo que las víctimas habían preferido ese resultado. Dos de ellas, apuntó, decidieron que “no querían participar en el caso”, mientras que la tercera manifestó que no deseaba testificar. Según la senadora, ese resultado es sospechoso y las víctimas podrían haberse visto intimidadas. “Es frustrante porque miras los hechos en estos casos y ves testigos dispuestas a dar un paso adelante, pasar el examen médico y, o bien terminan retirando las acusaciones, o los investigadores deciden que su testimonio no era válido o creíble”, subrayó. El informe de la senadora afirma que los documentos sobre los casos contradicen la afirmación del Pentágono, en el sentido de que los comandantes serán duros con los soldados acusados de delitos sexuales. Gillibrand ha apoyado leyes que apartarían a los comandantes del proceso de decidir si los delitos graves, incluyendo los casos de delitos sexuales, van a juicio. Esa decisión dependería de experimentados abogados militares con experiencia judicial, pero el Pentágono se opone a ese cambio. La legisladora reclamó los archivos sobre varis casos después de una investigación de AP, en febrero de 2014, sobre la gestión que hacía el ejército en casos de agresiones sexuales en Japón, y que reveló un patrón de decisiones aleatorias e inconsistentes en el que la mayoría de los infractores no eran encarcelados. A través de una solicitud amparada por la ley de Libertad de Información, AP tuvo acceso a más de mil informes sobre delitos sexuales relaciones con personal militar destinado en Japón entre 2005 y principios de 2013. Para determinar si se producía la misma situación en las grandes bases en Estados Unidos, la senadora neoyorquina pidió al entonces secretario de Defensa, Chuck Hagel, detalles sobre casos de agresión sexual investigados y resueltos entre 2009 y 2014 en cuatro grandes bases militares: Fort Hood en Texas, la base naval Norfolk en Virginia, el campamento de marines Pendleton en California y la base aérea Wright-Patterson en Ohio. Casi 10 meses más tarde, en diciembre, el Pentágono proporcionó sólo los datos de 2013, dijo Gillibrand, y esos 107 casos se entregaron sólo después de la intervención del exsenador Carl Levin, entonces presidente del Comité de Servicios Armados del Senado. En ese momento, Gillibrand dirigía el comité de personal militar del comité. La resistencia a proporcionar los datos, señala el informe de la senadora, “pone en cuestión el compromiso del Departamento con la transparencia y llegar a la raíz del problema”. Por separado, Laura Seal, portavoz del Departamento de Defensa, manifestó que el volumen de la petición de Gillibrand era “extraordinario”, y aseguró que la senadora y el Departamento “llegaron a un acuerdo para proporcionar una parte de los documentos solicitados en un principio”. Gillibrand dijo que todavía quiere los archivos de los demás años, y puso en duda que los 107 casos supongan de verdad el total de esas cuatro bases. Los documentos incluían cuatro incidentes en Wright-Patterson, a pesar de que la base dijo a AP que su oficina legal había recibido nueve acusaciones de agresiones sexuales en 2013. Hubo 15 casos ese año en la base naval de Norfolk, la mayor instalación de una Marina en el mundo con 43 mil efectivos destinados allí.  

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