El futuro del presidente de Guatemala en manos del Congreso

jueves, 11 de junio de 2015
GUATEMALA (apro).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó ayer la solicitud promovida por el diputado Amílcar Pop Ac, del partido indígena Winaq, de retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina para que enfrente un proceso penal por su posible involucramiento en dos casos de corrupción que han provocado siete semanas consecutivas de protestas multitudinarias, la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti y la remoción de varios ministros. El futuro de Pérez Molina queda ahora en manos del Congreso, el cual deberá integrar una comisión investigadora conformada por cinco diputados que examinarán las pruebas y decidirá si existen razones suficientes para retirarle la inmunidad al mandatario. Los diputados deberán conocer los argumentos expuestos por el diputado Pop, cualquier documento o prueba que los respalde y escuchar la versión de Pérez Molina. La comisión será conformada mediante un sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el presidente del Congreso. Ninguno de los diputados electos puede negarse a integrar la commisión, hacerlo constituiría una falta grave sujeta a sanciones. Una vez que la comisión haya alcanzado una decisión, todos los diputados del pleno deberán avalarla por mayoría de votos y ninguno puede excusarse de participar. Este proceso se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del Congreso mañana a las dos de la tarde. A pesar de las presiones que enfrenta, Pérez Molina se niega a dejar el cargo. “Me voy a mantener en el cargo, es un mandato constitucional, así que voy a enfrentar estos procesos”, dijo hoy en conferencia de prensa. Las acusaciones en contra del mandatario se basan en conversaciones telefónicas interceptadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante la investigación de una enorme red de defraudación aduanera conocida como “La Línea”. Si Pérez Molina llegara a perder la inmunidad y se viera obligado a renunciar para enfrentar un proceso penal, su cargo sería ocupado por el recién nombrado vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre, un hecho sin precedentes en la historia política del país.

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