Chile: Incentivos perversos para la violencia policiaca

viernes, 12 de junio de 2015
VALPARAÍSO (apro).- Las graves heridas provocadas por Carabineros a un estudiante en la protesta del 21 de mayo, en Valparaíso, generó consternación nacional y puso en evidencia la excesiva violencia con que las Fuerzas Especiales de Carabineros (FFEE) reprimen las manifestaciones pacíficas. También, que el Estado ha incumplido compromisos internacionales que le obligan a reformar su legislación para que este tipo de abusos sean juzgados por la justicia civil y no por tribunales militares. Ese 21 de mayo, como es tradición, la presidenta Michelle Bachelet rendía la Cuenta Anual ante el Congreso Nacional. A eso de las 12 horas, cuando la mandataria culminaba su discurso, miles de manifestantes, que a pocas cuadras protestaban contra el gobierno, comenzaron a retirarse en medio de la represión policial e incidentes provocados por pequeños grupos de encapuchados. Minutos después de las 12, en avenida Pedro Montt, un carro lanza-agua –conocido popularmente como “guanaco”– agredió con un violento chorro disparado a corta distancia a militantes de la Unión Nacional Estudiantil (UNE), que se apretujaron para soportar mejor la embestida. De pronto el estudiante de Letras de la Universidad Católica de Santiago, Rodrigo Avilés, se despegó del grupo y comenzó a caminar con su bandera roja de la UNE. Fue entonces que un segundo guanaco le lanzó sorpresivamente, a 4.5 metros de distancia, un chorro de agua sobre la cabeza que lo arrojó violentamente contra el piso. Avilés quedó inconsciente, casi sin signos vitales. A las 12:33 horas de ese día ingresó al hospital Van Buren, de Valparaíso, con “un tec grave y un hematoma subdural, es decir, una herida intracerebral”, indicó el director del nosocomio, Juan Castro. Tras varios días en que estuvo al borde de la muerte, el lunes 8 recuperó “milagrosamente” la conciencia y su pronóstico es esperanzador. Otros 20 manifestantes llegaron a ese recinto con lesiones atribuibles a la represión policial. La mayoría presentaba quemaduras provocadas por el agua de los guanacos, que venía mezclada con elementos químicos altamente irritantes. Compañeros de Avilés informaron que el carro lanza-guas 044 fue el causante de lo sucedido. Sin embargo, el Alto Mando de Carabineros negó toda responsabilidad. En la tarde de ese día, el jefe de zona de Carabineros en la Región de Valparaíso, general Julio Pineda, sostuvo que “no habría participación de Carabineros” en lo ocurrido. El 27 de mayo, el diario ‘El Mercurio’ adelantó segmentos de la investigación interna que dicha institución policial realizaba respecto de este incidente. Allí se sostiene que Avilés “cayó en medio de un tumulto y se golpeó en el suelo” como resultado de “la poca adherencia de sus zapatillas” y de “lo resbaladizo del piso”. Un día antes el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, expresó a periodistas apostados en el gubernamental Palacio de La Moneda, que las lesiones del universitario se debían “a un hecho fortuito”. Sin embargo, estas versiones se fueron al despeñadero luego que el informativo 24 Horas, del canal estatal TVN, mostró el 28 de mayo imágenes captadas desde un ‘drone’ en que se constata el ataque policial contra Avilés. A media tarde de ese 28 de mayo, el general en jefe de Orden y Control Público de Carabineros, Ricardo Cartagena, anunció la exoneración de Manuel Noya, “pitonero” del carro lanza-guas que provocó la caída de Avilés. El fundamento: no respetar el protocolo policial de manifestaciones que indica que el chorro de agua debe ser lanzada sobre los manifestantes y “la caída del agua debe ser en forma similar a la lluvia”. En consideración de esta evidencia y de la enorme malestar ciudadano por la brutalidad policial, el subsecretario Aleuy emplazó –el miércoles 2– al Alto Mando de Carabineros a entregar a los responsables de este hecho en las próximas 24 horas". Al día siguiente dicha institución entregó un preinforme, pero éste no contemplaba nuevos responsables, además del sancionado “pitonero” Noya. En reacción a la violencia policial, el 28 de mayo la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile (Confech) congregó en Santiago a cerca de 150 mil estudiantes en una marcha nocturna contra la represión y en solidaridad con Rodrigo Avilés. Al finalizar esta manifestación, grupos de encapuchados saquearon comercios y prendieron fuego a la puerta de la iglesia de la Gratitud Nacional, ubicada a cinco cuadras de La Moneda. Tal como ocurrió en la protesta del 21 de mayo en Valparaíso, las FFEE reprimieron casi exclusivamente a quienes pacíficamente se retiraban de la protesta. No hizo lo propio con aquellos que provocaron la violencia. Hubo cerca de 200 detenidos, casi en su totalidad jóvenes y adolescentes. La prensa hizo su parte para desviar la atención de las razones que motivaron esta nueva gran protesta: informó casi únicamente de los desórdenes. Esta movilización se replicó en las principales ciudades de Chile. El miércoles 10 hubo otra gran “Marcha por la educación y contra el terrorismo de Estado”, como la definió la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), Marta Matamala. En esta protesta, a la que se sumaron el Colegio de Profesores, gremio que está en paro indefinido desde el 1 de junio, participaron unas 400 mil personas en todo el país, lo que demuestra que la represión no ha mermado los ánimos de los manifestantes. Práctica habitual Lo ocurrido con Avilés no es un hecho aislado sino parte de una práctica represiva que ha afectado a estudiantes y en las que no sólo están involucrados Carabineros. Ese mismo 21 de mayo, a sólo 50 metros del lugar en que fue herido Avilés, la estudiante Paulina Estay, de 19 años y contextura leve, fue atropellada por un Carabinero de gran envergadura quien le propinó, a mansalva, un violento golpe con su escudo, provocando que azotara su cabeza contra la cuneta. Su imagen inconsciente en el piso, al igual que las de Rodrigo, recorrieron las redes sociales originando repudio contra la represión policial y una gran solidaridad con los agredidos. Estos hechos se producían muy cerca de la Plaza Simón Bolívar, donde otros dos estudiantes, Diego Guzmán y Gonzalo Borbarán, fueran asesinados por un joven de inclinaciones fascistas, en otra manifestación estudiantil registrada el 14 de mayo. Ese día el estudiante de ingeniería civil de la Universidad de Santiago (Usach), Luciano Debrott, resultó herido, con severo riesgo de pérdida de la vista, luego que un efectivo de FFEE le disparó a corta distancia una bomba lacrimógena. La sensación de impunidad en relación con la violencia policial se vio agravada por un fallo de la justicia militar, el 20 de mayo, en que la Corte Marcial rebajó la condena que afectaba al exsargento de carabineros Miguel Millacura, autor del asesinato del estudiante Manuel Gutiérrez, perpetrado el 2 de agosto de 2011, en medio de una protesta nacional estudiantil. No deberá pasar ningún día en prisión. El 22 de abril, con ocasión de la Tercera Marcha Nacional por el Agua y la Vida, en Valparaíso, se verificó otro episodio de abuso policial que afectó seriamente a niños que participaban de la iniciativa. Según informó el Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, mediante comunicado público, “al finalizar la movilización, un grupo de danzantes y músicos del bloque andino de Santiago se encontraban descansando en la Plaza del Pueblo. De pronto aparecen Carabineros y uno de sus carros lanza agua dirigió el chorro en contra del grupo. El nivel de toxicidad y acidez del líquido obligó a los danzantes a quitarse la ropa. Franchesca Astorga, de cinco años, resultó con su lengua quemada. Además se encontraban en ese lugar otros niños que también fueron afectados: Alonso, de tres, Dafne, de nueve, Nicolás, de 12, y Sebastián, de 14 años”. Esta información ni siquiera apareció en la prensa. En entrevista, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), abogada Lorena Fríes, expresó que Carabineros ha mostrado falencias “tanto en los protocolos que regulan su accionar en las manifestaciones como en el criterio para el uso de determinadas ciertas”. Se explaya: “El carro lanzaaguas, a primera vista parece un arma inofensiva, pero lo es dependiendo de la fuerza del golpe, de la cercanía del chorro de agua y eso implica tener un criterio fino que Carabineros no necesariamente tiene”. Añade: “La forma en que se usan estas herramientas pasa a ser central para que no se conviertan en armas letales”. En relación con esto, informa que desde 2011 hay al menos cinco personas que tuvieron pérdida ocular “producto de las distintas armas eventualmente disuasivas de las manifestaciones”. Además sostiene que le consta que el agua de los guanacos “está más fuerte que en tiempos de dictadura: lo digo con conocimiento de causa”. La jurista Fries afirma que uno de los problemas centrales que existe en materia de libertad de reunión tiene relación con que en Chile “no existe una ley que regule el derecho fundamental de manifestarse pacíficamente”. Las manifestaciones en Chile son reglamentadas por una normativa de la dictadura de Augusto Pinochet: el Decreto Supremo (DS) del Ministerio del Interior, 1086 de 1984, en el que se exige “que toda manifestación debe hacerse previa solicitud a la Intendencia Regional respectiva, donde se debe precisar los motivos de la misma, los responsables, los oradores y los contenidos de sus discursos”. Fries afirma que otra dificultad es que en los casos de violencia policial contra civiles, estos son juzgados por la Justicia Militar. Estima que eso constituye “un incentivo perverso” a la violencia policial. Estos delitos, en la práctica, no son castigados. Agrega: “Nosotros (como INDH) hemos dicho que la autoridad política está al debe con el envío de un proyecto que regule las manifestaciones y con la reforma a la Justicia Militar. Estamos retrasados, retrasadísimos, la verdad es que ya no se aguanta más el uso que se le da a la Justicia Militar”. Con estas palabras, la directora del INDH alude al Caso Palamara Iribarne versus Estado de Chile, en el que este país fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (noviembre de 2005) por haber prohibido la circulación del libro ‘Ética y servicios de inteligencia’, del oficial naval Humberto Palamara, y por haber condenado a éste, mediante tribunales castrenses, por desacato, al insistir en su publicación. La Corte-IDH ordenó a Chile poner "límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares". Chile ha desacatado este punto de dicho fallo. Enemigo interno El abogado y reconocido activista medioambiental Luis Mariano Rendón también participa en este debate. En entrevista con este corresponsal afirma que tras los últimos casos de violencia de la policía “se ha planteado de parte de algunos parlamentarios que el problema radicaría en los protocolos que regulan el accionar policial”. Él no está de acuerdo con dicha premisa: “En los protocolos se establece el uso escalonado de la fuerza para el control de desordenes públicos y una serie de principios que plantean que es necesario resguardar la integridad física de carabineros pero también de los manifestantes”. Asegura que el problema es que estos documentos “se violan flagrantemente y se hace esto sin que haya una reacción enérgica del gobierno”. Afirma que “cuando ocurrió la lesión a Luciano Debrot --el 14 de mayo en la USACH-- debió haber una reacción enérgica del gobierno condenando el hecho y exigiendo sanciones penales que correspondan contra el autor directo, pero también contra el Alto Mando de Carabineros que no está ejerciendo su labor de fiscalizar que la labor de disuasión se haga conforme a los protocolos”. En relación con la vigencia del DS 1086 de 1983 acusa: “Es una vergüenza que todavía se regulen las manifestaciones públicas con un decreto firmado por Pinochet y por el ministro de Interior de la época, Sergio Onofre Jarpa… Es una contradicción que se use un decreto de la dictadura para regular el orden público en democracia”. Rendón, que fue uno de los líderes de las gigantescas manifestaciones que en 2011 dieron un jaque mate al megaproyecto hidroeléctrico Hidroaysén, aborda otro tema que –según su parecer-- estaría en la raíz del problema: “Carabineros se sigue formando dentro de una doctrina que ve a un sector de los chilenos como enemigos. Eso queda claro si tú ves que la Escuela de Suboficiales de Carabineros se llama Fabriziano González Urzúa, que fue un carabinero golpista que murió en combate el 11 de septiembre de 1973”. Según este jurista “a través de este tipo de símbolos se instala en la mentalidad de Carabineros una posición frente a los grandes conflictos que ha habido en Chile, por lo que no puede extrañar que cuando salen a la calle y están en contacto con personas que son herederos de ese sector de los chilenos a la que su institución combatió, usen violencia desmedida, porque han sido formados en ver a ese sector como sus enemigos”.