MÉXICO, D.F. (apro).- En el marco de la “guerra contra el narco”, la administración estadunidense vinculó la legislación en la materia a sus leyes migratorias, con consecuencias graves sobre las familias de indocumentados, pues entre 2007 y 2012 más de 260 mil residentes extranjeros fueron deportados del país por presuntos delitos relacionados con las drogas, a veces cometidos años atrás, denunció hoy la organización Human Rights Watch (HRW). En un amplio informe que publicó hoy la organización, afirmó que 38% de los 266 mil extranjeros deportados por delitos relacionados con la droga durante este periodo sólo habían sido procesados por posesión de droga –esencialmente cocaína y mariguana– y no por narcotráfico. Además, HRW recolectó decenas de testimonios de exadictos o abogados, quienes narraron que aun décadas después de cumplir con sentencias por delitos relacionados con drogas, los extranjeros no ciudadanos se encuentran bajo la amenaza de ser detenidos y expulsados, dejando atrás familias enteras. La organización reprodujo la historia de Raúl Valdez, un residente permanente quien cruzó con sus padres la frontera entre su México nativo y Estados Unidos cuando apenas cumplía un año. En 2003 se encontraba en sus 20 años y solía fumar mariguana, cuando policías entraron a su casa y encontraron el producto, por lo que pasó dos meses en la cárcel. En 2014, Valdez trabajaba en una empresa de construcción y contaba con la confianza de su patrón cuando agentes migratorios lo detuvieron “en medio de la nada” y lo deportaron por el delito de “tráfico de droga agravado” perpetrado 11 años antes. Entre los casos documentados por la organización resaltan historias de adultos que fueron deportados a raíz de su inculpación a los 18 años de edad por poseer un cartón de LSD o cigarros de mariguana. “Represento a muchas personas inculpadas por tráfico de drogas, pero nunca he defendido a un narcotraficante”, aseveró un abogado a la organización, la cual recordó que los adictos a las drogas suelen transportar cantidades de producto suficientes para que se les atribuya el delito de tráfico, cuando en realidad se trata de su consumo personal. “Expulsión irreversible” A contrapelo de otros ilícitos, que se podrían considerar como más graves –como los asaltos o los fraudes–, los delitos relacionados con la droga, incluso la simple posesión, llevan prácticamente a la expulsión irreversible del extranjero, sobre todo si a éste no le alcanza el dinero para contratar un abogado privado. Además, los antecedentes penales relacionados con drogas cierran las puertas de Estados Unidos, ya sea para el regreso o para solicitar un estatuto de refugiado, advirtió HRW. Desde que entró en función el presidente Barack Obama, en 2009, el número de deportaciones se incrementó en 80%, subrayó HRW, al precisar que el mandatario declaró en noviembre pasado que las autoridades migratorias deportan prioritariamente a los criminales que representan una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, HRW aseveró que sólo 12% de los 2.3 millones de deportados durante la administración Obama había cometido crímenes graves. Lo anterior llevó a la organización a plantear que esa política “exacerbó las consecuencias de la represión severa de las drogas e impidió a centenas de miles de personas reunirse con sus comunidades por la inculpación de delitos no violentos relacionados con las drogas”. Es por ello que HRW se opone a la criminalización de la posesión de las drogas, ya que “el arresto, el encarcelamiento y el reporte criminal llegan a ser una respuesta desproporcionada del gobierno a una persona que no ha hecho más que consumir drogas”. El gobierno estadunidense implementó políticas antinarcóticos desde la década de los veinte, pero no fue sino hasta los ochenta que declaró oficialmente la “guerra contra las drogas”. Desde entonces se endureció la represión contra los traficantes y consumidores de sustancias prohibidas. HRW observó que las políticas antidrogas implementadas en Estados Unidos siempre han sido acompañadas de una vertiente migratoria, y más precisamente de acciones de expulsión de los extranjeros condenados por delitos relacionados con las sustancias prohibidas. La Ley de de Responsabilidad del Migrante y la Reforma de la Inmigración Ilegal, aprobadas en 1996, sirvieron de pretexto para expulsar a miles de extranjeros del país, ya que extendieron la definición de “crimen agravado” a delitos que anteriormente no estaban considerados como tales. Además, suspendieron la posibilidad para muchos extranjeros a gozar de una audiencia directa con los jueces. El origen de la Mara Entre otros, estos textos legales permitieron a la administración estadunidense deportar a El Salvador a miles de rijosos exprisioneros, quienes al llegar a su país de origen conformaron las pandillas de la Mara. La lucha contra las drogas desembocó, en 2013, a que cerca de 500 mil personas ocuparan las cárceles federales por delitos relacionados con las drogas, recordó HRW, al observar que en los años recientes se legalizó la posesión y consumo recreativo de la mariguana. Aun así, la organización observó que cualquier delito relacionado con las drogas ilegales impide la obtención de un estatuto migratorio legal, por lo que en teoría todos los abogados deben informar a sus clientes que reconocer su culpa en un delito relacionado con los narcóticos llevará consecuencias sobre su futuro en el país. Un defensor legal comentó a HRW que “la única forma para sus clientes de evitar la deportación por delitos relacionados con los estupefacientes consiste en evitar desde el principio ser inculpados por ilícitos relacionados con la droga”.