MÉXICO, D.F. (apro).- La compañía mixta Empresa Exportadora de Sal (ESSA) está atrapada en un conflicto de interés, causa principal de sus tropiezos mercantiles, que se suma a la crisis interna, demandas del sindicato y los ejidatarios, y baja en la producción. Esos son los ingredientes del menú que debe enfrentar el nuevo director general de la paraestatal, Xavier Lazcano Díaz, hombre de todas las confianzas de Enrique Peña Nieto y que asumió el cargo el pasado 13 de mayo. El cisma inició en diciembre último con la decisión del Consejo de Administración de remover fulminantemente al entonces director general, Jorge Humberto López Portillo Basave, y luego entronizar temporalmente al director de Finanzas, Jorge Guillermo Esquivel. La cúpula de ESSA pretendía que López Portillo no se enterara, pero terminó por desatar una crisis en la corporación, propiedad en 51% del Fideicomiso al Fomento Minero –dependencia de la Secretaría de Economía (SE)– y el resto de la japonesa Mitsubishi Corp. La tormenta quedó expuesta en la sesión del Consejo de Administración (CA) del 30 de enero pasado, según documentos y fuentes consultadas por Apro. Durante esa sesión salió a luz que no había habido una entrega formal del puesto de parte de López Portillo, quien se rehusaba a reconocer la destitución. “Incluso días después de que esa decisión ya había sido comunicada a la empresa, López Portillo continuaba ostentándose como director general y enviaba comunicados oficiales a las áreas, señalando que seguía en el cargo, lo cual ha dificultado en gran medida poder tener conocimiento de la situación de la administración general”, citan documentos analizados en esa junta. Finalmente, el 19 de enero último se materializó la transmisión del puesto al director de Operaciones, Daniel Couttolenc, quien a su vez lo transfirió interinamente a Esquivel. Luego de la destitución de López Portillo, quien ancló en la dirección de ESSA en julio de 2013, la jerarquía de la empresa procedió a revisar todas las áreas de ESSA, ante lo cual topó con “resistencia y falta de colaboración de varias áreas”. La administración la considera “falta de institucionalidad”, que perjudica la operación de ESSA y es la matriz de la decisión de ese 30 de enero de remover a los gerentes de Recursos Humanos, Promoción Comercial, Adquisiciones y Almacenes, Comunidad y Servicios, Conservación y Obra Pública, así como el Jurídico. El examen preliminar arroja “diversas irregularidades”, pero se requiere de un “análisis a detalle”, con la necesidad de más tiempo y personal especializado, refiere el informe presentado ante el Consejo de Administración. La salinera, fundada en 1954 y localizada en la costa de Guerrero Negro, explota 88 mil hectáreas de materia prima, la cual exporta principalmente a Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, América Central, Nueva Zelanda, Canadá y Taiwán. La corporación, cuyas ventas anuales rondan los 150 millones de dólares, produjo 7 millones 200 mil toneladas de sal en 2012, 8 millones en 2013 y más de 9 millones en 2014. ESSA produce sal industrial, de tipo regular, fina, gruesa, deshielo y baja en bromo, y de mesa. La empresa no respondió a la consulta de Apro. Pulso dañino Conocedor de su reemplazo, López Portillo apostó en diciembre último a una movida sagaz: demandar en nombre de ESSA al Consejo de Administración, integrado por representantes de la SE, Hacienda, el gobierno de Baja California Sur y Mitsubishi, por decisiones arbitrarias y violación de derechos laborales. Pero el amparo no prosperó, como consta en los expedientes 2486/2014 del 26 de diciembre y 2477/2014 del 30 de diciembre. El Ministerio Público no notificó a ESSA por atravesarse el descanso navideño y Esquivel optó por no ratificar la querella, por lo cual el caso fue desestimado. López Portillo dijo a medios locales que su destitución provino de su rechazo al nombramiento de Esquivel como director de Administración y Finanzas de la empresa mixta. El personaje arrastraba el antecedente de ser el contralor en la construcción de la Estela de Luz, una de las herencias penosas de la administración de Felipe Calderón. Esquivel estuvo a cargo del órgano interno de control de III Servicios o Triple I en esa obra, que costó mil 200 millones de pesos –por encima de su presupuesto inicial de 393 millones–. De hecho, la Secretaría de la función Pública (SFP) avisó a Los Pinos que no era aconsejable ese nombramiento. ESSA contrademandó a López Portillo ante la Procuraduría General de la República (PGR) y el Órgano Interno de Control (OIC) por incumplimiento en las labores de los servidores públicos. “Me quieren culpar de todo lo malo en ESSA. Mis prioridades eran aumentar la productividad, mejorar la situación de los trabajadores y modernizar la planta, algo se logró”, comentó el exfuncionario a Apro. Sal amarga En su ‘Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013’, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desnudó el conflicto productivo, de precios y de venta de la paraestatal. La dependencia de la Cámara de Diputados revisó 26 contratos con Mitsubishi Corporation (MC) y Mitsubishi International Corporation (MIC) en 2013 por venta de sal industrial al extranjero. En 25 de ellos no se estipula que el precio de la sal se pueda modificar o actualizar. De hecho el CA, presidido por Mario Cantú, coordinador general de Minería en la SE, decidió que los vínculos suscritos iban a respetarse tal cuales. ESSA vendió sal industrial a precios inferiores al costo promedio de producción (de 15.25 dólares) en siete contratos, y una oferta en firme de China entre 10 y 14.55 dólares por tonelada métrica, cuando la cotización internacional alcanzó 70 dólares, una merma superior a cinco mil millones de pesos. Por ello, ESSA dejó de percibir 3 millones 400 mil dólares, casi 44 millones de pesos, para cubrir dicho costo. La ASF halló 264 mil dólares (3 millones 400 mil pesos) pagados a MIC que la salinera dejó de embolsar por la aplicación de precios de venta distintos a los fijados en dos contratos con MIC y MC, así como ajustes en precio y calidad del producto en otros tres contratos. ESSA careció de documentos que justifiquen esos ajustes. La compañía devolvió a MIC 10 millones 800 mil dólares –más de 137 millones de pesos– por ajustes al precio de venta de sal industrial, sin evidencias de los motivos para avalarlos ni de su aprobación por el Consejo de Administración. Además, pagó por demoras 366 mil 600 dólares –4 millones 700 mil pesos– a Baja Bulk Carriers (BBC), propiedad a partes iguales del gobierno y de Mitsubishi, sin contar con pruebas de su justificación. El contralor concluyó que ESSA carece de “capacidad de compra, distribución y comercialización”, lo que limita su margen para acceder a nuevos mercados y evaluar otras alternativas de venta. Además, la ASF resaltó que dos personas de MIC contaron con la designación en el Consejo de Administración como consejeros, pero se desempeñaron como director adjunto y gerente de Apoyo Productivo, lo que “denota presuntos intereses en conflicto”. El órgano se refiere a Takuya Hamaguchi, director adjunto en ESSA, y Yuji Fujitake, gerente de Apoyo Productivo en la salinera, ambos miembros del CA. En el consejo también figuran Takahisa Miyauchi, representante de MIC; su suplente Taku Nakajima, presidente y director general de MC en México; Takashi Yoshida, gerente general de cloro-alcalí de la División de Químicos de MC; Toru Hagiwara, por MC, y su suplente Hideko Adachi, por MC. “Los funcionarios japoneses manejan la producción, distribución y venta”, refirió una fuente del sector a Apro. En noviembre de 2014, MC envío su propuesta de precios a ESSA y en la cual el precio promedio era de 18.80 dólares por tonelada métrica, apenas superior a los 17.52 de 2014. En el pliego llama la atención que MC calcule costos logísticos superiores para Estados Unidos (17 dólares) que para Corea del Sur, Japón o China. Para 2016, la proyección es de 19 dólares por tonelada. MC estimó que la producción para 2015-2016 oscilaría entre 9.2 millones y 9.5 millones de toneladas. La propuesta no fue aceptada. De 15 contratos firmados por ESSA, por seis millones 342 mil toneladas de sal de grano a granel, que totalizan 2 millones 224 mil dólares, el precio mínimo pactado es de 18.6 dólares por tonelada y el máximo de 20.08 dólares. Dos vencieron en marzo y abril últimos, otro más caducará en junio, otro en diciembre y el resto entre 2016 y 2024. En los primeros, ESSA tendrá que obtener mejores precios, para cumplir con las sugerencias de la ASF. El contralor sugirió al OIC que investigue la fijación de precios, la autorización de los contratos y si existen “intereses en conflicto a la luz de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”. El entramado de ESSA está tejido para que MC se beneficie. La salinera le encarga a BCC el traslado del material y esa empresa renta, a su vez, barcos a la japonesa Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), filial de MC. El movimiento financiero se realiza a través del estadunidense MUFG Union Bank, subsidiaria de Mitsubishi UFJ Financial Group. ESSA no alcanzó la meta proyectada en el primer semestre de este año, periodo en el cual la producción totalizó un millón 785 mil 900 toneladas de sal, en comparación con el objetivo planificado de dos millones 72 mil 858. En el primer trimestre de 2014, la salinera fue exitosa, pues produjo dos millones 28 mil 195 toneladas, superiores al millón 962 mil 916 esperadas. En la sesión de abril del CA, Esquivel recibió una dura reprimenda por las estadísticas obtenidas. La proyección para junio es de cuatro millones 254 mil 605 toneladas. El CA le solicitó a Esquivel un informe sobre la auditoría practicada por la ASF, que debe contener una copia de las observaciones de esa dependencia, de la respuesta de la salinera a esas observaciones y de las acciones tomadas al respecto. De igual manera, autorizó realizar una auditoría operacional de los ejercicios 2013 y 2014, así como una de control interno. ESSA adelantó que una vez concluido el estudio, procederá con “las acciones administrativas y legales que correspondan”. En su respuesta del 1 de diciembre último a las observaciones de la ASF, ESSA reconoció que las notas de crédito y débito por ajustes de precio, pago por demoras y precio de venta inferior al del mercado afectan su rentabilidad. Las cuitas de ESSA no terminan ahí, pues se enfrenta a demandas judiciales del sindicato y de los ejidos a los cuales les renta tierra para explotar la sal. La Gerencia Jurídica ha alertado de ese conflicto. “Se considera relevante que el Consejo tenga conocimiento de que estamos ante un ambiente álgido respecto a la relación con los ejidos”, indican los documentos consultados. ESSA usufructúa 44 mil hectáreas de los ejidos Benito Juárez (EBJ), Presidente Gustavo Díaz Ordaz, Niños Héroes y Gómez Palacios, a razón de 700 pesos anuales por hectárea. “Queremos renovar el contrato. Estamos viendo lo de la medición y las áreas que ocupa la empresa, y luego sigue el avalúo”, dijo Juvenal Muñoz, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de EBJ, a Apro. ESSA le renta 16 mil 700 de sus 144 mil hectáreas. En 1987 le pagaban 17 pesos, y 500 en 2006. EBJ presentó una demanda en 2014 para obtener un mejor contrato. “No quieren pagar más. Esperamos resolver esta situación con el nuevo director. Vamos a ver qué propuestas hay. Se las vamos a rentar a un precio justo. La empresa se amplía cada día más, sin que veamos beneficios”, señaló Muñoz. Además, desde 2013 enfrenta una querella del Sindicato Industrial de Trabajadores Salineros, Marineros, Maquinistas, Cargadores Similares y Conexos de la Baja California por el reparto de utilidades y que se encuentra en manos del Sistema de Administración Tributaria (SAT). El litigio se originó cuando ese gremio detectó que no coincidían las facturas con los pedimentos de sal y los reportes entregados al SAT entre 2008 y 2013.