BUENOS AIRES (apro).- “Vivir con el esmog de la ciudad es perjudicial para la salud pero no nos queda otra. Para que se escuche nuestra voz tenemos que estar en el acampe. Aun así, la presidenta no quiere oír los reclamos de los pueblos indígenas. Mientras tanto, nos siguen sacando los territorios”. Israel Alegre es el vocero de la organización Qopiwini Lafwetes, que reúne a 46 comunidades qom, pilagá, wichí y nivaclé de la provincia de Formosa. Instaló un campamento junto con otros 40 indígenas en una plazoleta ubicada en pleno centro de Buenos Aires. Ahora está sentado en una silla de plástico, junto a una mesita improvisada, donde se apoyan el termo para cebar mate y una caja de cartón con una hendija para que los transeúntes puedan realizar su aporte solidario. El reclamo busca ser visible para los miles de conductores que circulan cada día por la intersección de las avenidas de Mayo y 9 de Julio. “¡Derechos indígenas ya!”, se lee en una pancarta. “Sra. Presidenta, no se vaya sin recibirnos”, reza una manta. Los indígenas llevan más de cinco meses en el lugar. Casi el mismo tiempo que le queda a Cristina Fernández de Kirchner hasta completar su mandato el 10 de diciembre. “Lo esencial para nosotros es el territorio: la tierra forma parte de nuestra vida, nosotros somos parte de ella, no la vemos como un recurso para ganar dinero”, explica Israel Alegre a Apro. “En el caso mío, todavía mantengo viva mi cultura ancestral milenaria: vivo de la caza, de la pesca, de ir al monte y traer las medicinas tradicionales y las materias primas para el arte y la renovación espiritual. El gobierno, al sacarle el territorio a los pueblos indígenas, los asfixia, obligándolos a vivir de la dependencia”. Los originarios de Formosa exigen que se respeten sus derechos consagrados tanto en leyes argentinas como en los tratados internacionales a los que el país adhiere. Sostienen que el otorgamiento de la titularidad efectiva de las tierras donde viven ayudaría a solucionar también otros reclamos. En las 110 comunidades indígenas de la provincia de Formosa falta salud, educación bilingüe, acceso al agua. A medida que algunas de ellas han incrementado la protesta, con cortes de ruta y manifestaciones, ha crecido la represión policial. Los indígenas han sufrido algunas muertes violentas y otras dudosas. Varios de sus dirigentes se encuentran procesados por la justicia de la provincia. Formosa está situada a mil 200 kilómetros al norte de Buenos Aires. Es la tercera más pobre entre las 24 provincias argentinas. Los indígenas enfrentan el avance de emprendimientos privados y estatales en sus tierras. Gildo Insfrán, el gobernador de la provincia desde 1995, es un aliado de la presidenta Fernández. El defensor del pueblo de Formosa, José Gialluca, define a los indígenas opositores como “holgazanes con fines políticos”. Los originarios instalados en el campamento reciben en Buenos Aires el apoyo del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen de la Iglesia Católica (Endepa), Amnistía Internacional, Federación Universitaria de Buenos Aires y diputados de diferentes partidos. Esperan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declare competente en el conflicto. Así lo aconseja la Procuración General de la Nación, en lo que respecta al reclamo de devolución de tierras de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). La protesta indígena incluso podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Campamento La tienda de campaña es azul y blanca y tiene unos seis metros de diámetro. Adentro hay colchones, frazadas, montañas de ropa, sillas de plástico, dos mesas, una alacena repleta de utensilios de cocina, bolsas con donaciones, una pila de cajones con hortalizas, garrafones de agua que cargan en edificios vecinos. “Cocinamos y comemos todos juntos –explica Alegre–. Los conciudadanos nuestros nos acercan alimentos, agua, alguno trae carne. Los hermanos en el campamento vamos rotando, En este momento hay ocho niños. Y hay una que nació acá. Se llama Qopiwini. Tiene tres meses”. Afuera hay algunas carpas más pequeñas. Un brasero de carbón para calentar agua. Dos baños químicos. La bandera multicolor de los pueblos originarios ondea junto a las pancartas. Allí se resume la queja. El listado de leyes y tratados cuyo incumplimiento perjudica a los originarios es extenso. En 2007 Argentina suscribió la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ésta garantiza a los pueblos la libre determinación y la autonomía o el autogobierno en los asuntos internos. Las autoridades suelen ser reacias a reconocer la forma de representación indígena: “El órgano máximo de las comunidades indígenas desde tiempos inmemoriales es la asamblea, donde participan todos los miembros de la comunidad, lo que nosotros hacemos es cumplir como voceros de esa comunidad: transmitir lo que se definió en esa asamblea”, explica Alegre. De acuerdo con el artículo 75, inciso 17, de la Constitución argentina, corresponde al Congreso “reconocer la personalidad jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. Israel Alegre recita el texto de memoria. A su juicio la palabra “ocupan” es entendida como comodato: “Te presto la tierra hasta que la necesito, entonces te la saco y arréglate”, ejemplifica. La ley 26.160, aprobada en 2006, ordenaba relevar en tres años todos los territorios indígenas del país. Echar luz sobre el objeto del conflicto era un buen punto de partida. Nueve años más tarde, la ley sigue sin cumplimentarse. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 fue ratificado por Argentina en 2000. Exige que los pueblos indígenas sean consultados en relación con los temas que los afectan y que puedan participar de manera informada previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afecten. Alegre resume una queja usual entre los indígenas argentinos: “Dicen que los pueblos indígenas se oponen al desarrollo del país. Firman un negocio con una empresa, a veces extranjera, sin consultar con la comunidad. Ahí va la pregunta: ¿Para quién el desarrollo? La empresa se lleva toda la riqueza mientras que nosotros nos empobrecemos”. La Primavera Una sucesión de noches frías ha traído problemas al campamento en Buenos Aires. Una mujer enfermó y debió ser hospitalizada. Félix Díaz, qarashé (autoridad) de los qom de Formosa, se repone de una gripe en una vivienda prestada. Díaz agradece la solidaridad de quienes desinteresadamente se acercan al campamento. Pero aclara frente a Apro: “Nosotros no estamos mendigando comida ni ropa. Lo que queremos es que el Estado resuelva el problema y volvamos a nuestras casas, con las manos vacías, pero con la garantía de devolución del territorio –sostiene–. Ahí está nuestra esperanza, porque el territorio ha sido como un refugio para nosotros, que nos cobija mediante la fruta, las raíces, la miel, las medicinas, ahí está la vida”. Su comunidad se llama Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Surgió a partir del decreto nacional 80.513, que otorgaba 5 mil 187 hectáreas a los qom de la zona. El despojo desde entonces ha sido permanente. Hoy les quedan sólo unas 2 mil quinientas. Piden la restitución de las restantes. Algunas fueron ocupadas por la familia Celia, bajo el amparo de los gobernantes de turno. Otras se sumaron al parque nacional Pilcomayo en 1951. En 2007, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, hizo edificar, en un predio de 600 hectáreas, una sede de la Universidad Nacional de Formosa. Insfrán hizo modificar en 2003 la Constitución de la provincia, que desde entonces le permite la reelección indefinida en el cargo. “El gobierno divide a los indígenas de la zona a través de los recursos del Estado como los subsidios, las pensiones o la caja alimentaria”, explica Díaz, quien fue electo como autoridad de su comunidad en junio de 2011 con 62% de los votos. El gobierno provincial respalda sin embargo a otro miembro de la comunidad, Cristino Sanabria, quien decidió arrendar unilateralmente parte de las tierras para plantar soya. Los cultivos de soya y algodón transgénicos, con su uso intensivo de agroquímicos, se extienden cada vez más en esta provincia de clima tórrido. Félix Díaz es el originario más conocido por la opinión pública argentina. Fue recibido por el papa Francisco en el Vaticano. Aparece en los grandes medios de comunicación que históricamente han dado la espalda al indígena. “Los grandes medios tienen su propia política, su interés económico –sostiene–. Los medios alternativos tienen una posibilidad de difusión limitada. A pesar de saber que los grandes medios no están interesados en los indígenas, sino en atacar al gobierno, en este momento son ellos los que muestran las carencias de los pueblos indígenas”, explica. Corte Suprema El 23 de noviembre de 2010 el gobierno provincial decidió reprimir violentamente el corte de la Ruta Nacional 86 que llevaba a cabo la comunidad. En la refriega murieron el anciano Roberto López y el efectivo policial Héber Falcón. Varios originarios sufrieron heridas de gravedad. En noviembre de 2011 Félix Díaz y otros miembros de la comunidad acamparon durante cinco meses en el mismo lugar que hoy lo hacen. Finalmente fueron recibidos por el entonces ministro del Interior, Florencio Randazzo. Los compromisos asumidos no se cumplieron, En los últimos seis años, ocho indígenas qom, vecinos en su mayoría de La Primavera, murieron en diversos hechos que las autoridades tildan de accidentes y los indígenas denuncian como atentados. El pasado 14 de febrero, Félix Díaz se instaló solo, en una carpa, en la plazoleta donde está el campamento. De a poco se le sumaron miembros de su comunidad y de otros pueblos indígenas de la provincia. El 10 de marzo, los originarios, acompañados por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, elevaron notas en las mesas de entradas de la Casa Rosada –sede del Ejecutivo–, el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia. Han tenido ya tres reuniones con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien por su parte es hijo de desaparecidos. Alegre critica la actitud supuestamente dilatoria del funcionario. “Fresneda pide que le digamos puntualmente qué es lo que los ministerios pueden solucionar con respecto al tema de salud, de educación –dice Alegre–, cuando nosotros lo que planteamos es la regularización de la propiedad comunitaria de las tierras”. La justicia de la provincia de Formosa reclama su competencia en el conflicto. La Procuración General de la Nación le recomendó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervenga como “competencia originaria” en el reclamo de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) por la posesión de tierras. Entiende que el proceso constituye una causa indígena de carácter federal, ya que la demanda alcanza al Estado Nacional, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a la Administración de Parques Nacionales (APN), a la Universidad Nacional de Formosa y al gobierno de la provincia. Los dirigentes originarios no descartan recurrir a la CoIDH. El 15 de julio, en la plaza que está detrás de la Casa de Gobierno, la presidenta Fernández inauguró junto a su par boliviano Evo Morales el monumento a Juana Azurduy. La luchadora de las guerras de la independencia ocupa ahora el sitio donde estaba la estatua de Cristóbal Colón. Con la presencia de agrupaciones indígenas cercanas al gobierno, entre el 15 y el 18 de julio se llevó a cabo en el lugar la Fiesta Popular de la Integración. Los originarios del campamento, ubicado a escasos mil metros de Casa Rosada, lamentan que esta importante reparación simbólica no se acompañe de una efectiva reparación histórica en los territorios.