Chile: El secreto de los 50 años

viernes, 11 de septiembre de 2015
VALPARAÍSO, Chile (apro).- La persistencia de mantener en secreto la identidad de los torturadores de la dictadura militar ha centrado el debate en el marco de nuevo aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Dicho secreto fue establecido en la ley 19.992, de 2004, que fija la reparación que recibirán los presos políticos y torturados, calificados como tales por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”, en honor al sacerdote Sergio Valech, quien la presidió. El artículo 15 de esa normativa afirma que “son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”. Agrega que la reserva “se mantendrá durante el plazo de 50 años, periodo en que los antecedentes quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior”. Además de expresar que quienes infrinjan este secreto serán castigados con penas establecidas en el Código Penal, dicho artículo establece que ni siquiera los jueces podrán acceder a la información proporcionada por las cerca de 40 mil víctimas de torturas, reconocidas como tales por el Estado. Como justificación de esta medida, el presidente Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) adujo que su fin era proteger la “dignidad de las víctimas”. Y así lo reafirmó el pasado 15 de julio durante una entrevista con Canal 13 que ofreció en medio de una creciente polémica respecto de esta materia. Citó el testimonio de una mujer --que no identificó-- quien le habría señalado: “Me vejaron y no quiero que mis nietos se enteren de esto, hasta que yo muera”. Lagos acotó que fue esa mujer la que le pidió que se decretara un secreto de 50 años respecto de sus testimonios. Y que él accedió a dicho pedido. Sin embargo, existen otras versiones que explican el porqué de este secreto. Un reportaje La verdad de la Comisión Valech, publicado el 2 de agosto en el sitio de Radio Villa Francia (RVF), expresa que, cuando terminaba el trabajo de la Comisión Valech, el gobierno de Lagos “coordinó reuniones con el alto mando del Ejército” puesto que los resultados de dicho ente despertaron gran preocupación en el Ejército. La nota asegura que la tensión se disipó luego de que el gobierno aseguró al Ejército que “la Comisión Valech saldría a la luz pero que ésta no abriría procesos judiciales ni comenzaría una cacería de brujas“. En 2004 la Comisión Valech calificó a 28 mil 459 personas como víctimas de torturas. En 2010, luego de la promulgación de la ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se instaló una nueva entidad calificadora, la Comisión Valech II, la que incorporó cerca de 10 mil torturados a los registros oficiales, completándose una cifra de 38 mil 254 personas como reconocidas víctimas de este flagelo. Los torturados por la dictadura fueron recompensados por el Estado con pensiones que, al momento de ser anunciada la Comisión Valech (11 de noviembre de 2003), fueron definidas como “austeras” por el presidente Lagos. Su bajo monto, inferior a los 200 dólares, ha estado en el centro de la polémica luego que en abril de este año una huelga de hambre que se fue extendiendo por todo Chile, y que duró 40 días, dejó al descubierto la miserable realidad socioeconómica que sufren los exprisioneros políticos y torturados por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). En la actualidad toda la documentación de las comisiones Valech se encuentra en una bodega del Museo de la Memoria. Incluso los jueces no pueden acceder a ella.  “No más archivos secretos” El tema del secreto de las declaraciones de los torturados comenzó a tener repercusiones en marzo de 2014. Entonces el sitio de memoria Londres 38 –nombre que alude a un domicilio de Santiago donde funcionó un centro de detención de la policía política de Pinochet (la DINA)-- comenzó la campaña “No más archivos secretos”.             El manifiesto fundacional de esta campaña, a la que se han unido decenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, expresa: “El secreto es antidemocrático y entorpece los procesos de verdad y justicia, perpetuando la impunidad de los culpables”.             El pasado 30 de julio, durante una reunión sostenida en el Palacio de La Moneda, la célebre activista de los derechos humanos, Carmen Gloria Quintana, planteó a la presidenta Michel Bachelet la necesidad de acabar con el secreto de los Informe Valech, además de exigir que se degrade a los oficiales de las fuerzas armadas responsables de las violaciones a los derechos humanos. Según expresó Quintana al finalizar la reunión, Bachelet se comprometió a “estudiar” estas medidas.             Bachelet prometió en campaña “revisar” este secreto, tal como se expresa en su programa de gobierno: “Revisaremos lo referido a los archivos judiciales de las violaciones a los derechos humanos que tienen un periodo de 50 años para que puedan poder ser conocidos y revisados”. Sin embargo, nada de esto se ha concretado.            Carmen Quintana, que es sicóloga y reside en Canadá, se hizo mundialmente conocida luego de que el 2 de julio de 1986 fue quemada viva por una patrulla militar junto al joven fotógrafo Rodrigo Rojas Denegri, quien falleció. La causa judicial por este crimen se reactivó luego de que el programa “En la mira”, de Chilevisión, dio a conocer el 22 de julio pasado el testimonio de un militar de bajo rango que desmintió la versión de la Junta Militar que sostenía que lo sucedido con ella y Rojas Denegri había ocurrido como resultado de un accidente. La valentía y sabiduría con que Quintana ha enfrentado desde un principio su dura situación la han instalado como una de las principales referentes de la defensa de los derechos humanos en Chile.   “Denegación de justicia” Las críticas contra el secretismo en materia de violaciones a los derechos humanos, en específico en lo referido con la identidad de los torturadores, no se ha limitado al campo de las víctimas.             El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en su informe anual de 2013, afirmó que “(…) establecer restricciones, prohibiciones y otras formas de secreto sobre antecedentes, archivos o testimonios que dan cuenta de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos podría constituir una infracción a las obligaciones de garantizar el derecho a la verdad y el acceso a la justicia, en la medida en que se priva a la sociedad, y a los encargados de impartir justicia, de información eventualmente relevante para el esclarecimiento de los hechos”.             Del mismo modo, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales expresó en su informe anual 2014 que “los antecedentes Valech, una vez recopilados, fueron transformados en objetos secretos, cuya no revelación ante el requerimiento de autoridades judiciales o administrativas encargadas podría constituir (…) una nueva denegación de justicia”.            El Programa de Derechos Humanos (PDH), dependiente del Ministerio de Interior, elaboró en el segundo semestre de 2014 --a solicitud del viceministro de Interior Mahmud Aleuy-- un informe en que se justifica la necesidad para que el Estado de Chile “revise y modifique las normas vigentes atingentes a la confidencialidad, la reserva y el secreto que restringen o impiden el acceso al material documental sobre las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívica-militar”, como se señala en la introducción de este escrito que fue entregado al Ministerio de Interior en diciembre de 2014.            El punto quinto de las conclusiones de este informe plantea como solución al asunto que hoy centra las preocupaciones en derechos humanos: que se den a conocer los antecedentes en cuestión “para promover la eficacia del derecho a la verdad y del derecho al acceso a la información pública”.             Sin embargo, acota que antes de que entre a regir tal publicidad, “sería pertinente establecer un periodo de tiempo razonable, en el cual las víctimas y sus familias podrían ejercer una oposición, fundada en la eficacia y protección de su derecho a la intimidad y de su derecho a la honra, o bien, por la protección de sus datos personales”.            Este informe lleva nueve meses en el citado ministerio --que actualmente es encabezado por el conservador abogado Jorge Burgos-- sin que sus conclusiones hayan trascendido a la opinión pública.             El hecho que este nuevo 11 de septiembre –aniversario del golpe militar contra el gobierno de Salvador Allende-- haya pasado sin ningún anuncio relevante en materia de derechos humanos, hace suponer que “el secreto” respecto de la identidad de los torturadores se mantendrá, al menos en el corto plazo.            En entrevista con Apro, el periodista e investigador en derechos humanos, Víctor Herrero, afirmó que “el secreto de los 50 años fue, en esencia, una condición que pusieron las Fuerzas Armadas para dar luz verde a la Comisión Valech”.             Estima que con ello “se aseguraban que los testimonios que apuntaban con nombre y apellido a oficiales involucrados en violaciones a los derechos humanos quedaran fuera del alcance de la justicia”.             Incluso sostiene incluso que con esta medida los militares “se aseguraron 50 años de impunidad”.            Ante la pregunta de ¿por qué el actual gobierno vacila en acabar con esta especie de enclave autoritario postdictatorial, en circunstancias que la presidenta Bachelet es una víctima de violaciones a los derechos humanos?, Herrero expresa que ella tiene ciertos “conflictos emocionales” con este tema: “Por un lado, ella y su madre fueron víctimas de prisión y exilio. Por otro, pertenecen a la llamada 'familia militar', ya que el padre de la presidenta, Alberto Bachelet, fue un connotado general de la Fuerza Área de Chile (Fach)”.             En este sentido agrega: “Me parece que esa tensión --ser víctima pero al mismo tiempo provenir del mundo militar-- lleva a que Bachelet se paralice hasta cierto punto: hay quienes dicen que no se quiere aprovechar de su condición de jefa de Estado y víctima para avanzar con mayor fuerza. Pero lo cierto es que la opinión personal de ella no importa: investigar y sancionar a los violadores de derechos humanos es esencial para comenzar a cerrar las heridas históricas”.

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