Uruguay: El tabaco, un conflicto estratégico

viernes, 18 de septiembre de 2015
Montevideo (apro).- Marisol Baresi apaga un cigarrillo contra la banqueta de una avenida céntrica en Montevideo. Charla con su compañera Estela durante la pausa del almuerzo. Las dos visten traje azul marino con el logo de la empresa para la que trabajan. Marisol tiene 39 años y empezó a fumar a los 23. “Socialmente –dice a Apro–, una pitada, y cuando me quise acordar fumaba diez cigarrillos por día”. Marisol dejó de fumar cuando quedó embarazada. Retomó cuando su hijo tenía un año. “Pienso que en algún momento voy a dejarlo –dice–. ¿Qué necesitaré? ¿Un susto?”. Estela asiente con una sonrisa. El tabaco ha coloreado sus dientes inferiores. Tiene 56 años y dejó el cigarrillo hace siete. Fumaba cuatro paquetes diarios cuando le diagnosticaron un cáncer de mama. Tuvo que elegir entre seguir fumando y seguir viviendo. “Hasta hoy, lo deseo: siento el humo y me enloquece –cuenta a Apro–. Yo fumé hasta en los embarazos. Tres cigarros por día. Mis hijos, divinos, ninguno tuvo problemas. Pero digo: ¡No pude cortar ni siquiera en ese momento!”. Uruguay es uno de los líderes mundiales en la lucha contra el consumo de tabaco. Su presidente, el oncólogo Tabaré Vázquez, convirtió este desafío en política de Estado entre 2005 y 2010, durante su primer mandato. Desde entonces la contaminación por humo de tabaco ha descendido de manera drástica. El número de infartos agudos al miocardio se redujo en 22% entre 2005 y 2012. La cantidad de fumadores de entre 12 y 17 años bajó de 31% a 12% en ese periodo. Las medidas han tenido mayor eco entre los hombres que entre las mujeres. El pasado 8 de marzo, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Tabaré Vázquez sostuvo que el consumo de tabaco es el principal enemigo que tienen hoy las uruguayas. “No las mata ni el sida, ni la tuberculosis, ni la violencia doméstica, ni el alcohol, ni los accidentes de tránsito, todos esos reunidos; no las mata como las mata el consumo de tabaco”, alertó. Uruguay fue el primer país sudamericano en firmar el Convenio Marco para el Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El tratado entró en vigor en febrero de 2005 y hasta hoy ha sido ratificado por 177 países. Uruguay aplica de manera consecuente sus disposiciones más importantes: aumento del precio del cigarrillo, ambientes libres de humo de tabaco, advertencia sanitaria en los paquetes, prohibición de la publicidad, ayuda para dejar de fumar, monitoreo de la epidemia. En 2010, Philip Morris demandó al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Alegó la violación de un convenio bilateral de inversiones firmado en 1988 entre Uruguay y Suiza, país donde la tabacalera estadunidense tiene su sede. El CIADI depende del Banco Mundial. Dirime los conflictos entre Estados y empresas multinacionales, favoreciendo en general a estas últimas. El fallo, de carácter inapelable, sentará jurisprudencia. La demanda de la tabacalera desafía nada menos que un convenio de la ONU. La decisión se conocerá a fines de 2015 o principios de 2016. “Es un conflicto estratégico, más que para incidir en Uruguay, para incidir en el mundo, fundamentalmente en los países no desarrollados –dice Eduardo Bianco a Apro--. Porque lo que potencialmente podrían haber perdido aquí en el Uruguay, con un mercado de 3 millones de habitantes, del que ellos tienen 20%, es mínimo”, sostiene. Bianco dirige el Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo (CIET), que se encarga de evaluar las políticas de control del tabaco en Uruguay. “Es un conflicto entre la salud pública y el beneficio económico. Pero en el arbitraje Uruguay juega de visitante, en una cancha donde se habla de derechos comerciales, de registros de marcas, de propiedad intelectual”, puntualiza. Añade: “El tratado bilateral de inversiones dice que los Estados tienen el derecho a limitar el uso de la marca por razones de salud o de seguridad. Ellos están tratando, por lo que uno sabe, de buscar la letra chica de las cosas”. “La expectativa frente al arbitraje es positiva”, señala a Apro Luis Gallo, médico y político del gobernante Frente Amplio. Diputado durante tres períodos, senador hasta marzo de este año, Gallo es uno de los principales redactores de la ley antitabaco, aprobada por amplia mayoría en 2008. Cree que un fallo adverso en el CIADI llevaría a que Uruguay revierta su apertura a firmar convenios en los que se cede soberanía. “Pero desde el punto de vista pragmático y de resultados, no significaría una cosa grave que vaya a hacer fracasar o detener estas políticas”, sostiene. Etiquetas “Deje de fumar en una sesión”´, reza el anuncio de la psiquiatra Inés López de Pereira en un sitio web de la ciudad de Montevideo. Detrás del enunciado radical hay una mujer de trato amable, que acompaña cada frase con un ademán expresivo. El método que ha desarrollado ataca menos la adicción química que provoca la nicotina que el sistema de creencias y automatismos que hacen que el fumador vincule el cigarrillo con determinados lugares, momentos y emociones. “Se trata de un cambio de actitud –dice a Apro–. Yo jamás hablo de por qué tienen que dejar de fumar. Porque eso ya se sabe. Hago hincapié en la sensación de libertad que la persona adquiere al terminar con esa esclavitud, porque es una esclavitud: el fumador está las 24 horas del día pendiente”, sostiene. La doctora López habla mucho acerca de las etiquetas: “Si uno tiene una etiqueta de fumador, uno fuma. Y si uno tiene una etiqueta de no fumador, uno no fuma –explica–. Entonces les hago muchísimo hincapié en que tienen que mirarse al espejo y verse con la etiqueta de no fumador”. El doctor Enrique Soto encara el problema desde una perspectiva que abarca a toda la sociedad uruguaya. El responsable de desarrollar el Programa de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública habla de “desnormalizar” conductas habituales en la población, a través de la implementación de una serie de políticas de forma simultánea. “Digo ‘desnormalizar’ porque era anormal que la gente fumara en las oficinas, en los hospitales, en los centros de enseñanza.” La política estatal antitabaco repercute en el trabajo de la doctora López. A sus talleres ya no sólo llegan los que arrastran tres décadas de consumo, sino también jóvenes menores de 30 años. La doctora realiza el seguimiento a través de redes sociales. Allí los miembros del taller comparten fotos con amigos y familia y festejan cada mes la nueva vida sin el lastre de la nicotina. La doctora lee de su celular un intercambio de mensajes que mantuvo con una paciente que llegó a fumar tres paquetes diarios: “Me dice: ‘Hola, ¿cómo estás? Yo, sin fumar. Me descompongo si alguien fuma al lado mío. Tengo pesadillas... Anoche soñé que le encargaba a mi sobrino cigarros, porque me había olvidado que no fumaba, y me mandó mentolados. Cuando lo puse en la boca me dije que una pitada no me iba a hacer nada. Pero decidida lo tiré. ¿Qué diría Freud de mi sueño?’ –lee la doctora López–. Entonces yo le pongo que diría que los surcos mentales son muy profundos... Entonces ella me dice: ‘Okey, pero algo me alegra: no fumo ni en sueños, ¿no es ideal?’.” La política oficial antitabaco ha sumado aportes impensados. Por ejemplo, Daniel Gómez pasó 28 de sus 54 años de vida en el sector de control de calidad de Abal Hermanos, la filial uruguaya de Philip Morris. Fue despedido en 2011, junto con otros 45 compañeros suyos, “debido a la excesiva regulación en el mercado de tabaco en Uruguay”, según les dijo la empresa. Ocho de los despedidos formaron la Cooperativa 21 de Octubre, que se encarga de fiscalizar y difundir la normativa antitabaco en todo el territorio uruguayo. “Por ejemplo, vamos a un lugar, nos presentamos: ‘Buenos días, buenas tardes, mi nombre es tal y tal, soy inspector, trabajo para el Ministerio de Salud Pública, para el programa de control de tabaco, estamos haciendo inspecciones, por los ambientes cien por ciento libres de humo, la prohibición de fumar en determinados lugares, la venta de cigarrillos en los locales en caso de que corresponda. Le vamos a pedir, si nos permite, hacer una inspección de determinadas áreas comunes como vestuarios, baños, comedores’, por ejemplo, en un centro de trabajo”, cuenta Gómez Sostiene que los inspectores son bienvenidos en 95% de los casos. La población apoya las políticas de control de tabaco que se llevan a cabo. En el resto de los casos se elabora un acta, presuponiendo que la ley se infringe. Darío González ha recibido la visita de los inspectores en su kiosco en la capital uruguaya. El local cumple con la normativa: no hay publicidad de tabaco y los paquetes de cigarrillos no están a la vista. “Las medidas de no fumar adentro están bien, porque antes la verdad es que sufría uno con el humo –dice–. Pero también está la otra cara: Yo recibía equis dinero por la publicidad que tenía tanto adentro como afuera del local y ya no la recibo más”, lamenta. Y sostiene que el aumento de precio del cigarrillo ha disparado el consumo del que ingresa a Uruguay de contrabando. En 2012, Abal Hermanos, subsidiaria de Philip Morris en Uruguay, trasladó su fábrica hacia Argentina. La empresa ha encargado la comunicación externa a la agencia de prensa Compás. Su responsable, Pablo Álvarez, indica por teléfono a Apro que el litigio internacional se maneja desde Suiza y que nadie en Uruguay hará declaraciones hasta que se conozca el fallo. Quien sí quiere hablar es el director de una agencia de publicidad de Montevideo, que supo tener a las tabacaleras entre sus clientes principales. Prefiere no dar el nombre, ya que también hace spots y campañas para entes oficiales. “Se prohíbe la publicidad de un producto que está en el mercado y que es malo para la salud. Pero, si es malo, ¿por qué no se prohíbe el producto?”, se pregunta. Considera que no se toma esa medida porque generaría desempleo y, además, porque gran parte del precio de venta al público del cigarrillo en Uruguay son impuestos. “Si pudiéramos prohibir el tabaco lo haríamos”, dijo el director del Programa de Control del Tabaco del Ministerio de Salud, Winston Abascal, a la radio uruguaya El Espectador el 14 de julio de 2014. A su juicio, la medida es en la actualidad impracticable, ya que un tercio de la población mundial es adicta a la nicotina. “Esas empresas tratan de captar un adolescente, transformarlo en adicto y luego tienen una persona que por 30 o 40 años consume el producto –dijo el funcionario–. Ese es un negocio enorme para las tabacaleras y nos deja a nosotros población enferma para que la cuidemos”, resumió.