MÉXICO, D.F. (apro).- La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala denegó hoy dos amparos interpuestos por la defensa del presidente Otto Pérez Molina contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la comisión investigadora del Congreso, que aprobó retirarle su inmunidad, para que enfrente la acusación que pesa en su contra de encabezar una banda de defraudación aduanera llamada “La Línea”. Los cinco magistrados de la CC declinaron otorgar el amparo provisional al mandatario, quien perdió la inmunidad el martes pasado en el Congreso guatemalteco con una votación unánime de 132 diputados. César Calderón, abogado del presidente interpuso una acción contra los magistrados de la CSJ por dar trámite al antejuicio en contra de Pérez Molina y otra contra el comité especial legislativo por sugerir levantar la inmunidad del gobernante. Hoy, el abogado del mandatario presentó un memorial ante el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del caso, en el que asegura que Pérez Molina se pone a la disposición de la justicia y acudirá a las citaciones que le hagan. “Nuestra disposición continúa, en el momento en el que el juez requiera su presencia en los tribunales, él se presentará”, afirmó el abogado. El expediente del antejuicio contra Pérez Molina fue trasladado al Juzgado B de Mayor Riesgo, que lleva el caso “La Línea”, el mismo en el que está implicada la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien hoy sería trasladada de una cárcel dentro un cuartel militar a un centro de detención con presas comunes. La defensa de Baldetti solicitó la suspensión del traslado al argumentar que su vida corre riesgo, pero el Ministerio de Gobernación a cargo de Eunice Mendizábal afirmó vía Twitter que “mantiene la postura de cumplir la orden de juez para trasladar hoy a la señora Baldetti” y “no existe otra notificación que cambie la instrucción judicial”. Baldetti, quien fue ligada a proceso la semana pasada por el juez Miguel Ángel Gálvez, es acusada de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo. Ella dimitió el pasado 8 de mayo después de que su secretario privado, Juan Carlos Monzón Rojas, fuera señalado el 16 de abril como el principal líder de la millonaria red de corrupción dentro del ente recaudador de impuestos. Desde ese 16 de abril, Monzón Rojas está prófugo de la justicia. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) –esta última dependiente de la ONU y única en su tipo en todo el mundo— Baldetti y el presidente eran las verdaderas cabezas de la estructura criminal. Hoy, la fiscal general Thelma Aldana afirmó que pedirá la cesación de Pérez Molina cuando éste llegue al juzgado. La jefa del Ministerio Público hizo esta afirmación durante un encuentro de trabajo con el representante de la Cicig, el jurista colombiano Iván Velásquez, en un hotel de la capital. “La lucha por la restauración moral de la república apenas empieza y requiere la participación de toda la ciudadanía”, expresó Velásquez. ONU confía en autoridades Sobre el caso, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que confía en que las autoridades guatemaltecas actuarán con transparencia y en que los sospechosos de corrupción rendirán cuentas al país. El vocero del secretario general, Stephan Dujarric, afirmó que Ki-moon está al tanto de las acusaciones de corrupción contra el presidente Otto Pérez Molina, y Roxana Baldetti. Y señaló que la ONU “confía en que las instituciones guatemaltecas actuarán con transparencia y responsabilidad para garantizar que se rindan cuentas y se ofrezcan garantías procesales a todas las partes involucradas en esas acusaciones”.